Postal de la manifestación que se realizó el 22 de marzo en Buenos Aires, bajo la consigna “el agua no debe ser un privilegio".
Como ocurre con casi todo, el agua no se valora hasta que falta. En Santa Fe, provincia generosamente bañada por el río Paraná, uno de los ríos más importantes del mundo, la bajante extrema del último año y medio hizo recordar la importancia del acceso al agua dulce, sea para consumo humano, para fines productivos o para su disfrute en modo recreación o contemplación.
Esta semana, el 22 de marzo, se celebró el Día Mundial del Agua, una fecha instaurada a partir de una iniciativa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que tuvo lugar en 1992 en Río de Janeiro. Más tarde, en 2010, se declaró el derecho humano al agua y al saneamiento.
Con la defensa de este bien en la mira, numerosas organizaciones socioambientales marcharon en muchas ciudades argentinas para alertar sobre su uso y abuso en explotaciones mineras, petroleras o agroindustriales, y renovar el pedido para que el Congreso nacional sancione una Ley de Humedales que sería clave para proteger esos ecosistemas, que cubren alrededor del 22% del territorio nacional y que son los grandes proveedores de agua de calidad.
Según datos de la ONU al día de hoy existen alrededor de 4.200 millones de personas en el mundo que no tienen acceso integral a servicios de saneamiento, mientras que 3.000 millones de seres humanos no gozan del derecho a tener instalaciones de agua potable, el 40% de la población mundial.
Esta falta de acceso al agua es una violación a un derecho humano, el derecho al acceso a agua segura.
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¿Por qué existe el derecho humano al agua? Según la definición de Naciones Unidas, es un elemento esencial del desarrollo sostenible. “Los recursos hídricos son clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental”. El acceso al agua significa bienestar y crecimiento inclusivo ya que incide en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente.
En la actualidad el agua es un recurso amenazado por el crecimiento demográfico, la demanda en constante aumento de los sectores agrícola e industrial y los efectos cada vez más graves del cambio climático.
3.000 millones de personas, el 40% de la población mundial, no tienen acceso al agua potable
De la mano de una creciente conciencia ecológica y motorizado sobre todo por las franjas más jóvenes de la población, en diferentes puntos de Argentina hubo movilizaciones el pasado día 22 de marzo bajo la consigna “el agua no debe ser un privilegio". Si bien el epicentro estuvo en Buenos Aires (se estima que hubo unas 15.000 personas) también hubo acción en Rosario, donde varias organizaciones socioambientales convocaron a marchar.
En general las protestas se focalizaron en dos grandes temas: la utilización de agua para la industria del fracking, y la necesidad de avanzar con una Ley de Humedales que sume protección jurídica y ordenamiento territorial a estos ecosistemas, que cubren más del 20% de Argentina y que son los grandes proveedores de agua dulce.
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El año pasado, en paralelo a una temporada de quemas pocas veces vista en la zona del Litoral, fueron muchas las organizaciones que recordaron la necesidad de contar con una ley que proteja a estas zonas, que alternan inundación y sequía y brindan innumerables beneficios ecosistémicos. Una vez más, y como resultado de las fuertes presiones de sectores agropecuarios, mineros e inmobiliarios entre otros, el proyecto quedó estancado en el Congreso nacional.
En el año 2011 la provincia de Santa Fe sancionó una Ley de Aguas con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental y promover el uso sustentable del agua en el marco de la política hídrica provincial.
Esa ley establece que se trata de un elemento “esencial para la vida humana y la de los ecosistemas”. “Es un recurso natural escaso con alto valor social, sanitario, ambiental y económico, que integra el proceso productivo y que el Estado Provincial concede para su uso una vez cubierta la función social y ambiental. Las actividades productivas están subordinadas a la gestión integrada del recurso”, se destaca.
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