miércoles 20 de noviembre de 2019

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La oposición venezolana pedirá que se declare ilegal la deuda que tiene a Citgo como garante

La junta administrativa ad hoc de PDVSA se ampara en una licencia emitida por el Departamento del Tesoro del Gobierno de EE.UU.

Redacción Aire Digital

El equipo del líder opositor venezolano Juan Guaidó anunció este lunes en un comunicado que emprenderá acciones legales para que se declare inválido un bono de deuda de Venezuela que tiene como garantía la mitad de las acciones de Citgo, filial de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos.

Este lunes, la junta administrativa de PDVSA, designada por Guaidó, explicó en el documento que no alcanzó “un arreglo razonable con los tenedores de los Bonos 2020” pese a “todos los esfuerzos realizados hasta la fecha”, que incluyen negociaciones que se llevaron a cabo desde el pasado jueves.

Venezuela deuda

Por ello, los directivos explicaron que se procederá a ejercer “acciones legales” orientadas a proteger sus derechos basados en “la invalidez de los Bonos 2020”. Para ello, se amparan en la licencia 5A emitida por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos.

Dicho organismo emitió el jueves pasado la licencia 5A que prohíbe por 90 días a los tenedores del bono PDVSA 2020 ejecutar la garantía que les otorga la mayoría accionarial de Citgo, una medida que ha sido considerada una victoria diplomática temporal para Guaidó.

 

Este lunes vencía el pago de intereses del Bono 2020 por 913 millones, si el Gobierno venezolano no cumplía con el pago, los tenedores tenían el derecho de reclamar el 51,1 % de las acciones de la refinadora Citgo, que son la garantía de la emisión.

Hace dos semanas, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana aprobó una moción que declaró ilegal la emisión de los Bonos 2020 ya que, a juicio de la mayoría de diputados, “violó la Constitución”.

El control de Citgo está en el medio de la pugna entre el oficialismo y la oposición, mientras las autoridades de EE.UU. reconocen a la junta directiva ad hoc nombrada por la Asamblea Nacional, el Gobierno de Maduro acusa a los opositores de apropiarse de un activo estatal.

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