Mientras las denuncias se acumulan, las respuestas del Estado siguen sin aparecer. El sector productivo siente que solo es útil para recaudar, pero no merece protección ni justicia.
Los ataques a los productores se intensificaron esta semana en el centro-oeste provincial.
La inseguridad rural en Santa Fe volvió a ocupar un lugar central en la agenda del agro tras una seguidilla de ataques a productores del centro-oeste provincial.
El caso de Félix Beltramino, un productor de 82 años de la zona rural de Rafaela, expone con crudeza una realidad que se ha naturalizado: vivir y trabajar en el campo implica convivir con el delito, sin respuestas ni protección del Estado.
Félix Beltramino sigue trabajando su campo con el mismo compromiso con el que lo hizo su bisabuelo, quien compró las tierras a Guillermo Lehmann durante la fundación de Rafaela. Pero hoy, esas 120 hectáreas productivas ubicadas en el límite sudeste de la ciudad —una zona señalada como crítica por la inseguridad—, son blanco constante de los delincuentes.
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Hace pocos días, malvivientes ingresaron al establecimiento durante un breve momento en que no había nadie en el lugar. Rompieron candados, ventanas, puertas, robaron cables, herramientas y destrozaron los galpones, incluso cuando ya había sistemas de alarma por robos anteriores. “Con una sola vez que entraron hicieron un desastre”, relató Félix a AIRE Agro.
La Policía y la Guardia Rural Los Pumas actuaron tras el hecho, pero como reconocen los productores, las recorridas son esporádicas y los recursos escasos. La patrulla rural suele ser retirada para atender urgencias en Rosario u otras zonas urbanas más mediáticas, dejando desprotegidas las áreas productivas.
“Me siento desprotegido. Estamos cerca de las vías del Belgrano, que son una selva. Sabemos que nos están vigilando”, dijo Beltramino, quien ya cotizó nuevas medidas de seguridad en empresas privadas.
Mientras tanto, continúa realizando denuncias y reclamando junto a otros productores del periurbano, donde las autoridades sí son eficientes y diligentes para el cobro de impuestos o el control de pulverizaciones, pero no para brindar seguridad a los productores. “Parece que sólo servimos para pagar impuestos”, lamentó.
El caso de Beltramino no es aislado. En la última semana también se reportaron hechos similares en San Carlos Centro, Lehmann y Angélica, donde ocurrieron hechos de abigeato y robos de herramientas y combustible.
Frente a esta situación, la Sociedad Rural de Rafaela volvió a elevar su voz. “Las unidades productivas ya incorporan las pérdidas por robos como una variable más”, denunciaron. La entidad exige respuestas concretas ante una realidad que se repite a diario y que ni la Nación, ni la Provincia, ni los municipios logran frenar.
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Desde la Sociedad Rural advirtieron que los caminos rurales están en mal estado, lo que facilita el accionar de los delincuentes y complica el patrullaje policial (no cuentan con vehículos aptos) a pesar de los aportes económicos del sector para el mantenimiento vial.
El pasado 15 de abril, la Mesa de Enlace se reunió con Martín Culatto, director del Programa de Seguridad Productiva del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de la Mesa Nacional de Delitos Rurales. Si bien se habló de retomar una agenda de trabajo conjunta con las provincias, desde el sector rural afirman que los anuncios no se traducen en acciones concretas.
“La inseguridad en el campo no está en la agenda política, ni siquiera en un año electoral como este”, advirtieron desde Rafaela. “No queremos lamentar pérdidas irreparables”.
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El campo no es solo una fuente de ingresos para el país: es un lugar donde vive gente, familias que trabajan y producen todos los días. La creciente inseguridad rural no solo genera pérdidas económicas, sino también miedo, resignación y hartazgo.
“Estamos en una situación de desprotección total”, sentenció Beltramino. Y aunque valora el accionar de algunos efectivos, sabe que nadie va preso por estos hechos, y que las leyes y condenas brillan por su ausencia.
La inseguridad en las zonas rurales de Santa Fe es una consecuencia directa de la falta de decisión política y de acción judicial. Productores como Félix Beltramino exigen lo mínimo: poder vivir y trabajar en paz. El campo no puede seguir siendo una caja sin custodia.
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