También refutaron algunos de los conceptos que vertió en redes sociales el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Qué significa la eliminación del RUTA para el transporte
“El RUTA obligaba a todos los transportistas a inscribirse para poder desarrollar su actividad. Ahora cualquiera podrá hacerlo. Además, no hay fiscalización del transporte en el país”, dijo a AIRE un directivo de una de las cámaras de transportistas de la provincia que pidió mantener en reserva su identidad.
A su criterio, ahora la desregulación sin fiscalización derivaría en “unidades no aptas, choferes no inscriptos”. Igual, se permitió una cuota de optimismo: “Ojalá el gobierno nos sorprenda y de alguna manera fiscalice”.
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La medida del Ejecutivo Nacional se conoció el jueves 19 de diciembre, con la publicación del Decreto 1109/2024 que modifica los artículos 6° y 11 de la Ley N° 24.653, eliminando el requisito de inscripción en este registro para los transportistas de carga. A partir de ahora, se aclaró, solo queda regulado el transporte de cargas peligrosas.
Los argumentos del Gobierno Nacional para eliminar el RUTA
Con esta decisión, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, “se acaba un registro inútil e innecesario, que impuso costos económicos que entorpecían el libre desarrollo del sector”, dijeron oficialmente desde el gobierno.
Según publicó Sturzenegger en X, el RUTA era una certificación “adicional” para los transportistas, aun cuando tuvieran al día la revisión técnica, los seguros y cumplieran con la normativa del código de tránsito. “En 2023 fueron 150.000 inútiles trámites, que costaron 500 millones de pesos y que podía demorar un vehículo hasta 70 días”, afirmó.
Críticas desde Santa Fe: efectos de la desregulación sin control
La fuente consultada en la provincia indicó que al sector no le representaba un gran costo, ya que el trámite tenía un costo anual de $ 3.200. Sobre los 500 millones que mencionó el ministro, aclaró que “fueron pagados por transportistas (privados) a las Cámaras (privados)”, situación que no debiera justificar una intervención si primaran los principios del gobierno. “Para el Presidente, los negocios que hagan los privados están bien y el gobierno no debe meterse. Se metieron”, acusó.
También consideró “otra mentira” la demora de 70 días en la habilitación de un vehículo. “Cuando se daba de alta un camión, se le otorgaba una constancia provisoria, con la cual podía trabajar, hasta que le llegara la definitiva. Cuando hacía la reválida, se le otorgaba la constancia definitiva en el acto”, refutó.
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Los empresarios del transporte de Santa Fe se quejaron de que "ahora cualquiera podrá prestar los servicios".
El directivo santafesino explicó que el RUTA proveía al gobierno de datos procesados sobre antigüedad de los camiones y semirremolques, cantidad de unidades por empresa y en qué provincia se radica cada una. Si bien puede ser información que consta en otras áreas de gobierno, aseguró que, en esta o en gestiones previas, “jamás utilizaron la tecnología para hacer el cruzamiento de las bases de datos para obtenerla”.
La pérdida de datos clave y su impacto en las políticas de transporte
Recordó que durante la gestión de Alberto Fernández, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) colaboró para la digitalización del RUTA, pero “el gobierno no lo sacó”. Ahora, se quejó, “como no saben ni quieren trabajar en el tema, lo dieron de baja”.
Finalmente, remarcó que la administración nacional tenía “sin poner un peso” una base de datos de todas las empresas y unidades del transporte de cargas del país, insumo clave para el diseño de políticas de Estado. “No se entiende perder información de ese calibre, por algunas empresas grandes que se quejaron”, dijo, y advirtió: “Además la ilegalidad volverá”.
