Rafaela y la inversión en bastones de lectura: ¿Cómo afecta el cambio de planes del gobierno nacional?
La firma rafaelina Carreteles Rafaela adquirió 800 bastones, por un valor de u$s 400.000, que la administración nacional tenía planeado distribuir en todo el país para que fundaciones u oficinas de Senasa presten el servicio de lectura para que los establecimientos de baja escala puedan confeccionar sus guías de tránsito.
Vale decir que la administración nacional, en respuesta a las críticas de los productores por el costo extra que les significaría el cambio de sistema, decidió que la primera tanda de caravanas, que comenzarían a utilizarse sólo en terneros, serían bonificadas. Por ello licitó la compra de 23 millones dispositivos electrónicos y 800 bastones de lectura.
LEÉ MÁS►Exportación de cueros crudos: la Sociedad Rural de Santa Fe celebra una medida clave para la ganadería
CaravanaElectrónica2.jpg
Una demora del proveedor que ganó la licitación oficial sería la causa de la postergación.
Todo marchaba según lo planeado, hasta que esta semana el gobierno adelantó a la Mesa de Enlace que Datamars, la empresa extranjera que ganó la licitación de las caravanas, no llegaba a cumplir con la entrega. Frente a ello, la decisión del gobierno fue aplazabar para el año próximo el caravaneo electrónico obligatorio.
Caravanas electrónicas en pausa: incertidumbre para la ganadería
“Es muchísimo dinero, son algo de u$s 400.000. Es un problema para nosotros, que somos una empresa Pyme y no tenemos la espalda financiera de una multinacional, no sabemos cómo vamos a hacer para bancar esto”, dijo a AIRE el propietario de la empresa rafaelina Guillermo Guntern.
La preocupación del empresario se funda, además, en que desde el gobierno no dan respuestas. “La Secretaría de Agricultura de un día para el otro no nos contestó más, no tenemos ninguna respuesta por parte de ellos”.
El rafaelino explicó que una vez que ganaron la licitación tomaron un préstamo para comprar los bastones. “Ahora tenemos este gasto financiero del crédito; se suponía que en 30 días los entregábamos y lo cobrábamos”, lamentó. Para colmo, los pliegos no obligarían al gobierno a pagarlos. “Es un poco loco, pero funciona así y estamos en problemas”.
La incertidumbre se plantea, también, porque no hay “ninguna garantía” que dentro de un año se implemente la identificación electrónica. “Yo no sé qué va a hacer el gobierno, si va a seguir con esta idea de la licitación o cómo se va a manejar”, sostuvo Guntern.
Mientras tanto, como parte de las empresas que también proveen caravanas, adelantó que “en el país hay stock de dispositivos electrónicos como para comenzar en marzo”. Lo que cambiaría, en tal caso, es que no estarán bonificadas y deberá pagarlas el productor. “Por supuesto que en este caso no sería de regalo, como es lo que hacía el Estado”, aclaró.
En el mercado, las caravanas electrónicas valen entre u$s 1.30 y u$s 1.50 y los bastones entre u$s 1.000 y u$s 1.400.