Según la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe, en 2025 casi la mitad de las muertes violentas fueron por suicidios

El último informe de la Fiscalía Regional indica que el 48% de las muertes violentas en 2025 corresponden a suicidios, una tendencia que se repite en toda la provincia.

El lazo amarillo se utiliza en todo el mundo con el objetivo de crear conciencia acerca de la prevención del suicidio, un tema que genera cada vez más preocupación en Santa Fe.

El lazo amarillo se utiliza en todo el mundo con el objetivo de crear conciencia acerca de la prevención del suicidio, un tema que genera cada vez más preocupación en Santa Fe.

Los suicidios representaron, en 2025, casi la mitad de las muertes violentas en el ámbito de la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe, que tiene su sede en la capital provincial y abarca los departamentos La Capital, San Jerónimo, San Justo, Garay, San Javier, Las Colonias y San Martín.

Según datos oficiales, durante 2025 se registraron 264 muertes violentas en el ámbito de la Fiscalía Regional 1. Si se desagrega el dato de acuerdo a la clasificación que realiza el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se puede observar que los suicidios (muertes autoinfligidas) son la principal causa de muertes violentas en nuestra región:

  • 126 suicidios (47,7%)
  • 77 homicidios culposos en accidentes de tránsito (29,1%)
  • 61 homicidios (23,1%)

Estos datos están incluidos en el Informe de Gestión 2025 de la Fiscalía Regional 1 del MPA que fueron presentados este miércoles por el fiscal regional Jorge Nessier en una conferencia de prensa realizada en Coronda.

El suicidio: un problema que atraviesa a toda la provincia

Los datos expuestos por Nessier están en línea con lo que ocurre a nivel provincial. Según el Informe de Gestión del MPA, presentado el 10 de abril por la titular del organismo, María Cecilia Vranicich, durante 2025 se registraron 964 muertes violentas en la provincia, de las cuales 448 corresponden a suicidios: el 46,5% del total. La cifra supera ampliamente la cantidad de homicidios registrados en el mismo período (210, el 21,8% del total) y las muertes en accidentes de tránsito (306, el 31,7% del total).

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Jorge Nessier, fiscal regional de Santa Fe.

Jorge Nessier, fiscal regional de Santa Fe.

“En sintonía con lo expuesto por la fiscal general en su reciente informe, cabe remarcar que más allá de la ‘centralidad social’ que indudablemente posee el homicidio doloso y su significado como ‘termómetro’ de la violencia letal intencional, la carga de mortalidad violenta va más allá de dicha categoría”, sostiene el informe del fiscal Nessier.

“Estos datos –continúa el informe– contribuyen a transparentar el sistema penal, demostrando que el mismo se activa ante este tipo de sucesos, lo que implica una carga de trabajo para la institución, muchas veces desconocida por otros actores institucionales. En muchas ocasiones, el desempeño fiscal en tales casos se encuentra invisibilizado; lo cual también ocurre en otros casos, por ejemplo, paraderos de personas ausentes”.

Un monitor con información estadística sobre suicidios

Cuando la fiscal general presentó su informe ante senadores y diputados provinciales, un mes atrás, explicó que es la primera vez que la provincia de Santa Fe hace públicas las estadísticas oficiales sobre suicidios, un tema que hasta no hace mucho tiempo era tabú en los medios de comunicación y en los organismos públicos vinculados a la salud y la seguridad.

Del informe del MPA se desprende que la tasa de suicidios es particularmente alta en la provincia de Santa Fe: 12,7 cada 100 mil habitantes. A nivel país, la tasa de suicidios de 2024 (último dato disponible) fue de 9,8 cada 100 mil habitantes y, según un informe del Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad de la Nación, el 45% de los casos corresponden a personas jóvenes (entre 15 y 34 años) y 8 de cada 10 hechos son protagonizados por varones.

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Ante la gravedad de la situación, que se registra por igual en los grandes centros urbanos y en las localidades más pequeñas, el MPA anunció que impulsará la creación de un Mecanismo Interinstitucional de Información Estadística sobre Suicidios en el ámbito del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, que ordena y sistematiza información del sistema de salud, del Ministerio de Justicia y Seguridad y de las fiscalías que integran el MPA.

Por qué hay que hablar sobre el tema

Por años, la problemática de los suicidios permaneció desconectada de la esfera pública. Un viejo paradigma –ya superado– sostenía que la circulación de información, noticias o datos referidos a la temática podría operar de forma negativa en la percepción social o incluso inducir a otras personas a tomar una decisión análoga (el llamado “efecto contagio”).

En la actualidad, los organismos internacionales aconsejan todo lo contrario: hay que hablar del tema y, para ello, lo primero es conocer los datos, ponerle números al problema.

La Guía para la Prevención del Suicidio, elaborada en conjunto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), destaca la importancia de la obtención de datos e información estadística como uno de los ejes clave que posibilita la toma de acciones preventivas y paliativas y agrega que “los resultados clave, entre ellos las tasas y tendencias de los suicidios y las autolesiones, pueden ayudar a orientar las actividades de prevención. Por tanto, es importante publicar informes con regularidad para que sirvan de base a la acción”.

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El informe de la OMS y la OPS que da sustento a la decisión de la Fiscalía sostiene que “el suicidio es un problema de salud pública de dimensiones globales con profundas consecuencias sociales, emocionales y económicas. Su abordaje, complejo y multifacético, exige una respuesta que trascienda la visión puramente biomédica para integrar una cadena de actores donde los gobiernos, legisladores e instituciones encargadas de hacer cumplir la ley desempeñan un papel fundamental”.

“En este marco –sigue el informe de la OMS y la OPS–, la difusión de información responsable, el análisis de las particularidades locales y la coordinación entre agencias sociales y el sistema de justicia resultan componentes críticos para el éxito de cualquier estrategia de prevención y gestión integral”.

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