Reclaman que el nuevo esquema de peajes en rutas nacionales "es un impuesto al tránsito y no vuelve en obras"
El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial cuestionó el nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que el sistema de peajes “es inconstitucional”. También denunció desvío de fondos viales, falta de obras y un “negocio” que atraviesa a todos los gobiernos.
El Conaduv critica el nuevo esquema de peajes y asegura que el pago de los usuarios no vuelve en obras.
El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, criticó con dureza el nuevo esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que el sistema de peajes vigente en las rutas argentinas “es un impuesto al tránsito ” que no se traduce en mejoras de infraestructura.
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En diálogo con el programa Una Tarde a la Vez, Lasca sostuvo que el modelo que se proyecta para las rutas nacionales “es volver a los años 90 y peor”, debido a la ampliación de estaciones de cobro y la falta de obras estructurales previstas.
"Hoy existen 39 estaciones de peaje en rutas nacionales y ahora se agregan 52 más. En la Ruta Nacional 11, entre Chaco y Santa Fe, se prevén cinco cabinas en unos 500 kilómetros de recorrido”, afirmó Lasca. Y agregó: “Por ejemplo, en la Ruta Nacional 3, entre Capital Federal y Bahía Blanca, habrá que pagar ocho peajes en 650 kilómetros".
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“Solo prevén cortar el pasto y hacer bacheo”
Según explicó Lasca, el problema central es que las nuevas concesiones no contemplan grandes obras viales: “Lo más grave es que solo se prevé cortar el pasto y hacer bacheo, un maquillaje. No se proyectan autopistas ni autovías para evitar choques frontales”, remarcó.
El dirigente cuestionó además el argumento oficial de que una mayor cantidad de peajes permitirá recaudar más fondos para infraestructura. “Como hay bajo caudal de tránsito, lo que se recauda se gasta en el costo operativo del cobro. No vuelve plata al camino”, sostuvo.
En ese sentido, afirmó que el peaje termina impactando sobre toda la economía. “Es mentira que lo paga solamente el que circula. Usted compra un kilo de yerba y está pagando el peaje. Toma un micro y el costo está incluido en el pasaje”, señaló.
Críticas al uso del impuesto a los combustibles
Durante la entrevista, Lasca también apuntó contra el manejo de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles: “Son 3.000 millones de dólares por año que deberían destinarse a infraestructura vial y se desvían a cualquier otra cosa”, denunció y agregó: “Con esos fondos se podrían haber hecho autopistas y autovías por todos lados. No es tan difícil”.
Para el representante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, el esquema actual beneficia a empresas concesionarias sin exigir inversiones reales. “Nos venden que habrá inversión privada y no es así. Los corredores tienen financiamiento estatal o fondos fiduciarios”, aseguró.
“La garita de peaje es una gran caja política”
Lasca afirmó además que el sistema de concesiones viales atraviesa a todos los espacios políticos desde la década del 90. “Esto siguió con todos los gobiernos. La garita de peaje es una gran caja política”, lanzó.
También cuestionó la falta de políticas integrales de transporte y seguridad vial: “No existe una política de Estado de transporte terrestre. La seguridad vial necesita control, educación e infraestructura, y no se está haciendo absolutamente nada”, expresó.
En otro tramo de la entrevista, advirtió sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional transfiera rutas a las provincias sin financiamiento. “Les pasan las rutas a gobernadores para que llenen las provincias de peajes”, afirmó.
Reclamos judiciales y proyectos “cajoneados”
El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial aseguró que desde la organización vienen impulsando proyectos en el Congreso y acciones judiciales, aunque denunció falta de respuestas institucionales.
“Hemos presentado proyectos para controlar el destino del impuesto a los combustibles y los cajonean. También hicimos acciones judiciales por inconstitucionalidad, pero quedan paralizadas”, explicó.
Sobre el final, Lasca insistió en que los usuarios deben participar de las decisiones sobre la infraestructura vial: “Los caminos son de dominio público, no son propiedad de un presidente o un gobernador. Tenemos derecho a discutir qué se hace”, concluyó.