El Juzgado Federal de Mar del Plata N.º 3 está a cargo del caso, representando un avance significativo en la lucha contra las actividades delictivas que utilizan activos digitales para ocultar sus ganancias ilícitas.
Criptomonedas decomisadas por la Justicia
Entre los principales acusados se encuentra Fabián Di Julio, señalado como el líder de una organización delictiva en Mar del Plata. Di Julio y uno de sus hijos se encuentran prófugos desde el 3 de mayo, cuando la Justicia Federal ordenó su detención. Mientras tanto, su otro hijo, Franco, permanece detenido, y su esposa, Verónica Scrosoppi, fue citada a indagatoria debido a su posible implicación en las operaciones ilícitas.
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Según Segundo Carranza, especialista en ciberdelitos y prevención de lavado de activos, “esta banda se dedicaba al contrabando de teléfonos de alta gama con la complicidad de un funcionario de Aduanas. También operaba casinos en línea ilegales y lavaba grandes sumas de dinero mediante transacciones con criptomonedas”.
La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que la investigación permitió identificar y recuperar activos virtuales por un valor de 28,589.26 USDT a favor del Estado Nacional. La banda movía sumas millonarias, lavando las ganancias del contrabando y los juegos ilegales a través de operaciones con criptomonedas. Se detectaron depósitos por más de 10 millones de dólares en cuentas de Binance, el principal exchange de criptomonedas del mundo.
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La Justicia argentina decomisó importantes cantidades de criptomonedas.
Importancia de la recuperación de bienes
El abogado Roberto Nayi destacó la importancia de privar a las organizaciones criminales de sus ganancias ilícitas. “La recuperación de bienes y activos, incluyendo criptomonedas, es fundamental en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros”, señaló Nayi. Sin embargo, reconoció que, considerando los movimientos de esta banda, lo retenido podría parecer irrisorio.
La investigación, iniciada en septiembre de 2023 a partir de una denuncia anónima, permitió identificar a once personas involucradas en la red criminal. Entre ellos, Gabriel Beain, funcionario de la Dirección General de Aduanas, presuntamente facilitaba el ingreso ilegal de mercadería. Otros miembros de la banda se encargaban del montaje y comercialización de teléfonos de alta gama, así como de la venta de estos dispositivos en tiendas físicas y virtuales.
El caso marca un precedente importante en la jurisprudencia argentina y demuestra el compromiso de las autoridades por combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros que se adaptan a las nuevas tecnologías como las criptomonedas. “Este hito alienta a la investigación y persecución de este tipo de actividades ilícitas en el futuro”, comentó Carranza.
Las características de las criptomonedas, como su naturaleza descentralizada, pseudonimato y facilidad para realizar transacciones transfronterizas, las convierten en un instrumento atractivo para los delincuentes. Los métodos utilizados para lavar dinero con criptomonedas incluyen transferencias entre múltiples direcciones, servicios de mezcla, uso de plataformas P2P y la inversión en activos digitales como NFT.