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El conflicto judicial se originó cuando la UBA solicitó que se suspendiera la auditoría sobre los fondos públicos asignados a la universidad, argumentando que el control era inapropiado y que la SIGEN carecía de competencia para auditarla.
Sin embargo, para la SIGEN, impedir la auditoría comprometería el interés público y la transparencia en el manejo de recursos públicos, en un contexto donde los fondos provenientes del Tesoro Nacional deben ser auditados para garantizar su correcta aplicación.
“El campo de la auditoría no es la intervención. Es simplemente verificar la gestión económica y financiera, con el objetivo de agregar valor y mejorar las operaciones, además de rendir cuentas de los recursos públicos utilizados”, defendió el titular de la SIGEN, Miguel Blanco.
En su contestación, la SIGEN destacó aclaró que se trata de "auditar en que y como son dispuestos los fondos que el Estado Nacional le ha otorgado. La auditoría excluye planes de estudio y otros ingresos que pueda tener la universidad por sus propias actividades ni genera costo alguno para la misma".
La situación judicial sigue su curso tras la recusación del juez Cormick, y el expediente será enviado a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para un nuevo sorteo de juzgado.
