En conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós afirmó que el Gobierno del distrito está dispuesto a "mostrar y explicar" ante la Justicia el plan de vacunación que se implementa en Caba.
Quirós explicó lo que sucedió con las vacunas que fueron a las prepagas y obras sociales, tras la denuncia del oficialismo.
"Una de las exigencias que pedimos es que seamos capaces de mantener la equidad en la oferta de la vacuna. Cada obra social y prepaga nos entregaron la lista de personas asociadas con más de 80 años. Se tienen que hacer cargo de vacunar a todos ellos y nosotros le daremos la proporción de vacunas de acuerdo a la cantidad de vacunas que recibimos", explicó Quirós.
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Y agregó: "Si una obra social determinada tiene el 1% de los mayores de 80 años en su nómina, es responsable de vacunar ese 1% y recibe el 1% de las vacunas que nosotros recibimos. El resto queda para nuestros vacunatorios".
"No tenemos ningún problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar los datos. Lo más importante es explicarle a la gente", completó el funcionario porteño.
La imputación
El fiscal Carlos Stornelli imputó este miércoles al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós. Ocurre tras las denuncias por presunta privatización de la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires.
El fiscal dio impulso así a dos denuncias recibidas el martes que apuntan contra Rodríguez Larreta y Quirós y los acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público y por el mismo delito más cohecho, malversación de caudales públicos, y propagación de enfermedad, en el segundo.
Según surge del dictamen al que accedió Télam, el fiscal habla de "las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Quién impulsó una de las denuncias
Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo. La denunciante señaló una supuesta firma de convenios entre el gobierno porteño e instituciones privadas, "otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población".
Salvo fue la defensora del sinuoso empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien denunciara al falso abogado Marcelo D'Alessio por extorsión e iniciara la causa por espionaje que agitó el kirchnerismo en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, en Dolores. También es colaboradora eventual del sitio web El Cohete a la Luna, que dirige el periodista Horacio Verbitsky, cuestionado por su vacunación privilegiada.
Más temprano, en una conferencia de prensa, Fernán Quirós negó que hayan existido irregularidades y dijo que se trata de una cuestión operativa.
Así las cosas, al solicitar las primeras medidas de prueba, el fiscal Stornelli reprodujo la parte de la denuncia en la que la abogada Salvo aseveraba que "Horacio Rodriguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general".
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Stornelli presentó el requerimiento ante el juez federal Ariel Lijo, a quien le solicitó que disponga una serie de medidas de prueba para, en principio, poder reconstruir los convenios suscriptos por el Gobierno porteño con establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejecutar el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19.
El fiscal también buscará establecer la totalidad de los lotes de vacunas recibidos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál fue el destino que le dio el gobierno porteño.
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