El Gobierno nacional reglamentó la Emergencia Nacional en Discapacidad, avanzó con el nuevo régimen de pensiones y fijó plazos de auditoría tras un fallo judicial.
La reglamentación de la ley establece el nuevo régimen de pensiones no contributivas, criterios de evaluación socioeconómica y mecanismos de auditoría y control.
El Poder Ejecutivo Nacional aprobó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793, mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La medida establece el marco operativo para la aplicación de la norma, incluyendo el nuevo régimen de pensiones no contributivas, criterios de evaluación socioeconómica y mecanismos de auditoría y control.
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El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger.
La reglamentación llega tras un fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 ordenó la aplicación inmediata de la ley, pese a que el Gobierno había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.
Si bien el Estado nacional apeló esa sentencia, la Justicia intimó al Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo de 30 días, lo que derivó en el dictado del decreto.
El Gobierno aclaró que reglamenta la ley sin reconocer derechos ni consentir el fallo judicial.
Uno de los ejes centrales del decreto es la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, que contará ahora con normas específicas.
La reglamentación define:
Además, se establece la conversión automática de las pensiones no contributivas vigentes al nuevo régimen.
La norma ratifica que la Secretaría Nacional de Discapacidad funcionará dentro del Ministerio de Salud de la Nación, centralizando la política pública en la materia.
Desde allí se deberá articular con el Consejo Federal de Discapacidad, que tendrá un rol clave en la definición de criterios socioeconómicos y en el seguimiento de la emergencia.
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El decreto instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a presentar, en un plazo de 30 días, un plan de auditorías periódicas ante el Consejo Federal de Discapacidad.
El objetivo es:
Las auditorías buscarán compatibilizar la función social de la pensión con la inclusión laboral.
Si bien la ley había sido objetada inicialmente por el Ejecutivo por no contar con fuentes de financiamiento explícitas, el decreto avanza en su implementación administrativa mientras continúan las discusiones judiciales y presupuestarias.
Las medidas adicionales que se acuerden con las provincias se instrumentarán mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento, según las disponibilidades de cada jurisdicción.
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