A cinco años del caso Ayotzinapa, México sigue sin saber qué sucedió con los 43 estudiantes

La versión oficial, conocida como “verdad histórica” e impulsada desde la administración del expresidente mexicano Enrique Peña Nieta, dice que los 43 estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala fueron asesinados por miembros del cártel Guerreros Unidos, que los quemaron en un basurero del municipio de Cocula y después arrojaron sus restos al río San Juan.

Sin embargo, hoy se cumplen cinco años de aquella noche, el 26 de septiembre de 2014, y México todavía no sabe qué ocurrió realmente con ellos. Desesperados, las familias de los estudiantes continúan organizándose y planean diversas acciones cuyo culmen será una marcha multitudinaria en la Ciudad de México. El objetivo es continuar presionando hasta que se sepa qué pasó con los jóvenes y se encuentren sus cuerpos.

 

En medio del desconocimiento, lo que sí acompaña su rastro es la certeza de corrupción por parte de las autoridades, cuyas huellas se encuentran tanto en el momento de los hechos como en la posterior investigación.

Los estudiantes se dirigían a un homenaje a las víctimas de la masacre de Tlatelolco, donde centenares de estudiantes y civiles murieron en 1968 a manos de la policía militar, cuando su ómnibus fue interceptado por agentes del municipio de Iguala, que lo atacó a balazos. Allí murieron seis pasajeros y 43 fueron desaparecidos.

Posteriormente, habrían sido entregados al cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado, pero en el entramado del caso hay acusaciones contra oficiales estatales y federales, y hasta el intendente de Iguala y su esposa se vieron implicados como sospechosos de corrupción. 

Miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) participaron de la investigación a instancias de los familiares de los estudiantes, y concluyeron que “no se pudo establecer con certeza que alguno de los miles de restos encontrados en el basurero de Cocula correspondiera a los estudiantes normalistas”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) llegó a una conclusión similar.

Judicialmente, el caso tampoco ha prosperado. En el caso hubo 142 acusados, pero el foco por la desaparición está puesto sólo sobre una treintena de ellos. La fiscalía no admitió buena parte de las pruebas recopiladas porque se detectaron torturas, violaciones de derechos humanos e irregularidades en los interrogatorios, y 77 de los detenidos fueron liberados.

Entre los que salieron de la cárcel más recientemente se encuentra Gildardo López Astudillo, líder del cártel de los Guerreros Unidos, cuya liberación causó una oleada de indignación porque él mismo confesó el crimen y existen grabaciones de llamadas telefónicas donde él mismo pregunta a sus interlocutores qué debe hacer con los cuerpos. Una de las claves del fracaso fue que no se pudo acreditar en los tribunales que Guerreros Unidos fuera una organización criminal.

 

Nos reunimos con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Reafirmamos nuestro compromiso de encontrarlos lo más pronto posible. Estamos aplicándonos a fondo. Es un asunto entrañable, de justicia y humanismo. pic.twitter.com/ChFJDnkLuG

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 11, 2019

 

Consciente que el ‘caso Ayotzinapa’ es una de las cuestiones más opacas y polémicas de la gestión de su antecesor, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abrazó y prometió esclarecer la causa desde su asunción en el mes de enero.

En este sentido, el Gobierno y la Fiscalía General de la República (FGR) anunciaron la semana pasada que se impulsará una nueva investigación “desde cero” y que los responsables de la indagatoria anterior serían perseguidos penalmente. “Vamos a empezar de nuevo, una nueva investigación: independiente, objetiva y clara”, aseguró Omar Gómez Trejo, el nuevo fiscal especial para el caso.

Se presume complicada la tarea de un inicio limpio en un contexto en que muchas de las pruebas fueron ocultadas o desviadas intencionadamente, algo que a estas alturas posiblemente las haga irrecuperables. Las familias, sin embargo, declararon públicamente su confianza en la nueva administración y en su forma de llevar el caso, y se mostraron esperanzados ante las nuevas perspectivas.