La audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) para discutir el nuevo cuadro tarifario de Aguas Santafesinas SA tuvo lugar este jueves en el auditorio que la entidad tiene en la ciudad de Santa Fe. Participaron de la instancia representantes del organismo de control, integrantes de la Multisectorial contra los Tarifazos, el defensor del Pueblo de la Provincia y el presidente de ASSA, Sebastián Bonnet.
Bonnet defendió el pedido presentado por la empresa, que solicitó al Enress la autorización para aplicar en 2019 un incremento en la tarifa que, acumulado, será superior al 60%. En diálogo con el móvil de Aire de Santa Fe, manifestó que la firma “ha sido afectada por la inflación, por la devaluación del peso y por la puesta en marcha de diferentes plantas que debemos ser operadas”. Con estos argumentos, ASSA pretende aplicar un aumento del 30% a partir del 1 de enero y otro del 30% a partir del 1 de julio.
“Es un número significativo, pero comparado con otros servicios y otros bienes que consumimos permanentemente es razonable“, sostuvo y agregó que las tarifas de ASSA están “por debajo de las tarifas de AYSA, que es la empresa más grande del país”. “AYSA tendrá en mayo de 2019 un consumo mensual promedio de $700 y nosotros, si nos autorizan, estaríamos en mayo con un consumo mensual promedio de $550″, agregó.
Sebastián Bonnet, presidente de ASSA, tras participar de la audiencia pública
Por su parte, el defensor del Pueblo, Raúl Lamberto indicó que el pedido de la empresa “aparece como excesivo si se toma como parámetro comparativo las previsiones de subas de los ingresos de trabajadores y jubilados estimados para similar período”. “En época de crisis como la actual debería valorarse reducir el impacto de los costos de numerosos servicios tercerizados, teniendo en cuenta que ASSA es una empresa pública, debiendo compartirse los esfuerzos”, propuso al respecto.
Raúl Lamberto expuso en la audiencia pública
Lamberto consideró que la actualización de tarifas debe ser acorde a los incrementos salariales que tienen los trabajadores y los jubilados y pensionados. Además, insistió con la necesidad de establecer una tarifa social y de colocar medidores en todos los domicilios para que los usuarios paguen lo que efectivamente consumen.
Más duros en sus expresiones fueron los integrantes de la Multisectorial contra los Tarifazos, que calificaron al pedido de ASSA como “una irracionalidad absoluta”. Afirmaron que “el agua es un derecho humano, un bien común y un servicio público”: “No es una mercancía”, insistieron.
Además, solicitaron la conformación de solicitando “una mesa de diálogo conformada por distintos sectores, para democratizar los servicios públicos”. Propusieron “primero debatir en la Mesa los costos de las tarifas, para su posterior tratamiento en las audiencias públicas”.
Además, exigieron “que se avance en el proyecto de ley presentado en la Cámara Diputados para declarar la emergencia tarifaria, iniciativa acompañada por quince diputados de la oposición”.
Este viernes se realizará la audiencia pública para determinar el cuadro tarifario 2019 de la Empresa Provincial de la Energía. La misma tendrá lugar en el CEMAFE, y para asistir había que efectuar una inscripción previa. El plazo para la misma venció este jueves por la mañana.
La EPE solicitó para el año próximo un incremento del 26,7%, desdoblado en dos etapas: un 21,3% en enero y 5,4%.






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