El caso comenzó a ser investigado en julio de este año. Bajo investigación hay, al menos, seis empresas investigadas por lo que se allanaron diferentes domicilios y locales. Según informaron las fiscales del MPA, María Laura Urquiza y Mariela Jiménez, las 31 personas no tienen todas relaciones entre sí pero pertenecen a diferentes organizaciones que se dedicaban al préstamo ilegal de dinero con altas tasas de intereses y su posterior cobro ejerciendo amenaza y presión sobre las víctimas.
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Uno de los procedimientos tuvo lugar en una casa del country Aires del Llano donde reside uno de los principales investigados por el Organismo de Investigación.
Aire de Santa Fe
"Por el momento corroboramos que lo que tienen en común las bandas es la modalidad para llevar a cabo el delito", informaron las fiscales y aclararon que algunas de ellas se denominaban Sipres, Créditos Santa Fe, Credit ya, Presta más, Presto Cash, Imperio Equipamiento y Belle Maison. Además, comunicaron que en uno de los domicilios se halló material estupefaciente y una balanza por lo que dieron intervención a la Justicia Federal.
En relación a la investigación, Urquiza y Jiménez contaron que en la fiscalía se registraron alrededor de 10 denuncias de las víctimas a raíz de las amenazas y 20 a partir de los allanamientos. Además, el legajo que reconstruye este modus operandi registra dos suicidios producidos a consecuencia de las amenazas y extorsiones padecidas por sus víctimas.
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Boneo y Europa del barrio San Martín fue otro de los lugares donde personal policial allanó.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
Audiencias imputativas
Las fiscales aclararon que la investigación continúa y que durante la semana entrante van a realizar las imputaciones. "Estamos evaluando solicitar un procedimiento extendido para tener un plazo prolongado para realizar las imputaciones", dijeron y agregaron que "la idea es desarrollar las imputaciones conforme a cada empresa de trabajo, grupo o banda que identificamos".
Fiscales Urquiza y Jiménez sobre allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé
Urquiza y Jiménez también aclararon que antes de realizar las imputaciones a cada uno de los 31 detenidos tienen que definir su rol en la investigación para identificar el grado de participación.
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