La Constitución del 25 en Santa Fe sumó artículos vinculados a lo digital, pero la verdadera construcción de la ciberciudadanía va más allá de las leyes.
Ciudadanía digital no es solo un derecho. Es también un deber. Implica cuidarnos, respetar a los demás y ejercer la libertad de expresión con responsabilidad.
Por Rodrigo Álvarez (*)
Hace pocas semanas, en Santa Fe vivimos un hecho histórico: nos convertimos en la primera provincia de Argentina y una de las pocas en América Latina en actualizar nuestra Constitución con artículos vinculados a lo digital. Que un texto fundacional reconozca derechos como el acceso a Internet y la ciberseguridad es un avance social enorme.
No es un detalle menor: significa poner en valor que hoy nuestra vida cotidiana está atravesada por lo digital, tanto como lo estuvo en su momento por la imprenta, la rueda o la electricidad.
Ahora bien, este logro trae consigo un gran interrogante: ¿alcanza con que el Estado lo garantice? Mi respuesta es que no. El Estado debe generar políticas públicas acordes a esta nueva Constitución, pero no podemos dejarle toda la responsabilidad. Nosotros, como ciudadanos, también debemos hacernos cargo de la forma en que usamos Internet: de lo que escribimos, lo que compartimos, lo que comentamos y de cómo nos protegemos en este entorno.
En estos tiempos me preocupa especialmente cómo la violencia verbal se ha naturalizado en las redes. Y no hablo solo de usuarios anónimos escondidos detrás de una pantalla. Si desde lo más alto del poder político —incluido el presidente— se instala el insulto como forma de expresión, ¿qué podemos esperar de quienes tienen menos recursos para responder? Esa cascada legitima la agresión, como si fuera una forma válida de participar en el debate público.
LEER MÁS ► Videojuegos, teléfonos celulares y crianza digital: lo que toda familia necesita saber
No podemos aceptar que la pantalla funcione como escudo que habilita a decir lo que en la vida física no se diría jamás en la cara de alguien. Es lo mismo que ocurre en una cancha cuando alguien cree que pagar una entrada lo habilita a insultar a un jugador. ¿En qué parte está escrito que tenemos ese derecho? Trasladamos esa lógica a Internet y el resultado es devastador: un espacio tomado por la violencia, donde se confunde la libertad de expresión con el derecho a agredir.
Así como enseñamos a cruzar la calle, a esperar el semáforo o a levantar lo que ensucia el perro, también tenemos que enseñar a comportarnos en Internet. Los chicos y chicas necesitan referentes claros, no solo reglas. Y ahí los adultos tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad: lo que naturalizamos como padres, madres o docentes termina siendo replicado por las nuevas generaciones.
Hoy, plataformas como YouTube, Twitch o TikTok moldean conductas. La violencia verbal presentada como entretenimiento se convierte luego en bullying en la escuela, en hostigamiento digital o en discriminación en la vida real. Y los adultos, muchas veces, estamos lejos de ese mundo.
Recuerdo que en una conferencia reciente llevé un glosario con 20 términos que los adolescentes usan a diario en videojuegos y redes sociales. De todos los adultos presentes, apenas reconocieron dos. El resto les resultaba desconocido. Si no hablamos el mismo idioma que nuestros hijos, ¿cómo podemos acompañarlos? Esa brecha cultural es un problema tan serio como la falta de infraestructura tecnológica.
Pero el riesgo no termina ahí. Hoy las redes sociales y los videojuegos se han convertido en un verdadero semillero para grupos criminales y extremistas. Jóvenes enojados con su entorno –por su familia, por la política, por el país– son presa fácil para discursos radicales. “Yo pienso como vos, venite con nosotros”, les dicen. Y así comienza un proceso de captación que puede terminar en algo gravísimo.
LEER MÁS ► Juegos en línea y grooming, testimonio del drama que atravesó una familia de Santa Fe
Esto no es un escenario lejano ni exclusivo de otros continentes. En Argentina, en los últimos diez años, se realizaron allanamientos a personas con simbología nazi y materiales para fabricar explosivos, muchos de ellos captados por redes de terrorismo internacional. Y aunque suene crudo, es real: las redes sociales y los videojuegos son hoy los espacios donde estas organizaciones reclutan, entrenan y radicalizan.
Frente a esto, vuelvo al punto de partida: la Constitución del 25 en Santa Fe marca un rumbo, pero la verdadera construcción de la ciudadanía digital no está solo en las leyes. Es un proceso colectivo que involucra al Estado, sí, pero también a las familias, a las escuelas, a las empresas y a cada uno de nosotros como usuarios.
Ciudadanía digital no es solo un derecho. Es también un deber. Implica cuidarnos, respetar a los demás y ejercer la libertad de expresión con responsabilidad. Implica aprender un vocabulario nuevo, adaptarnos a un entorno que cambia todo el tiempo y, sobre todo, enseñar con el ejemplo.
La pregunta que me hago y que quiero dejar abierta es: ¿seremos capaces de transformar una Constitución moderna en prácticas reales que mejoren la vida de todos? Esa, creo, es la verdadera tarea que tenemos por delante.
(*) Especialista en Ciberseguridad
