“Documento, por favor”. La presentación del DNI como parte del programa Tribuna Segura para ingresar en la cancha podrá tener un nuevo requisito en la ciudad de Rosario: excluir de las canchas a quienes estén en el registro de deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe. La iniciativa de la concejala rosarina Norma López pone en el debate público un tema soterrado: la cantidad de varones que incumplen con la obligación de sostener a sus hijos. “Si esta medida construye una conciencia de cumplir con la cuota para entrar a la cancha, es bienvenida”, consideró Marianela Pierobon, coordinadora del programa de Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho, especialista en Derecho de Familia.
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos es una ley provincial de 2001. Ante el incumplimiento de tres cuotas consecutivas, o de cinco en el transcurso de dos años, y mediante orden judicial, la persona es inscripta en esa nómina y no puede participar de licitaciones públicas, ni concursar como funcionaria del poder judicial, ni obtener el carné para conducir vehículos del transporte público, entre otras restricciones.
“Pusimos la mirada en la gravedad de los progenitores que son irresponsables. No puede ser nunca más importante, no puede tener nunca más peso el derecho al ocio de un hombre, que el que tienen niñas y niños a ser educados y alimentados”, expresó la autora de la iniciativa, que se suma a otra propuesta de la concejala Jessica Pellegrini -presentada en marzo pasado- para negar el carné de conducir -o su renovación- a quienes figuran en el registro.
Justamente, la inscripción en el registro implica una serie de trámites previos e incumplimientos reiterados. “Cuando llegamos a esas instancias, que ya son de tipo sancionatorias, se dieron incumplimientos sostenidos en el tiempo. El tema del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, podría funcionar mucho mejor, pero tengo experiencias de casos que sirven porque, si alguien trabaja como chofer de taxi, y necesita renovar su licencia anualmente, le piden un certificado de que no está en ese registro. Hemos tenido experiencias de empresarios que licitan en el Estado y para eso no pueden estar inscriptos”, enumeró la especialista.
Desde su experiencia concreta con mujeres que hacen el reclamo, Pierobon asegura: “Todas estas medidas son buenas, porque a mediano y largo plazo pueden generar cambios, pero no son medidas que garanticen el cumplimiento efectivo en lo inmediato. Pensemos que las cuotas tienen una urgencia, porque las mujeres (más del 90 por ciento de quienes perciben las cuotas lo son) tienen que pagar el alquiler mañana, ir al supermercado pasado mañana, pagar la ropa y las zapatillas hoy”. En la práctica existe una contradicción. “Las cuotas que se cobran fácilmente son aquellas cuotas que se pueden retener de los haberes de los trabajadores registrados. Es mucho más fácil cobrarle una cuota alimentaria a un empleado de comercio o a un trabajador de la construcción que cobrarle a un profesional, a un cuentapropista, a un empresario”.
En ese marco, Pierobon considera valioso “todo lo que sea para generar conciencia y cambiar hábitos. Este proyecto puede servir para que se entienda lo grave que es, porque muchas veces vamos a un bar, comemos un asado o estamos en un grupo con gente que es no alimentante o alimenta muy por debajo de sus posibilidades y no decimos nada. Es como que no señalamos a ese tipo de personas”.
Tal como lo cuenta la profesional, no son situaciones aisladas. Una encuesta realizada por el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires reveló, en junio pasado, que el 66,5 de las mujeres separadas a cargo de hijos no percibe la cuota o lo hace eventualmente. "Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género", es el informe oficial que se hizo en base a una encuesta que respondieron 6.442 personas de los 125 municipios y más de 50 entrevistas. Según ese relevamiento, más de la mitad de las encuestadas (51,2%) no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas o hijos. De las que sí lo reciben (41,2%), un 24,9% menciona que se realiza de manera regular y un 15,3% de manera irregular. En la provincia de Santa Fe no existe una estadística similar.
Deudores alimentarios morosos no podrán entrar a la cancha
El proyecto de López dice textualmente que “la prohibición del ingreso a espectáculos públicos sería un avance” y retoma un antecedente del 21 de junio pasado, en la ciudad de Córdoba, donde la jueza Marcel Alejandra Menta impidió el ingreso a la cancha a un hincha de Belgrano de Córdoba. Entonces, la magistrada aseguró que la medida apuntaba a “corregir al alimentante incumplidor para garantía del deber de asistencia económica y subsistencia material del beneficiario afectado”.
Por eso, López -que también es vicepresidenta del Partido Justicialista de la provincia- propone que “en el ingreso a los estadios de fútbol de la ciudad de Rosario, cuando se disputan partidos de la Liga Profesional de Fútbol, los hinchas y simpatizantes deben presentar su DNI en el marco del programa Tribuna Segura, cuyo objetivo es detectar a aquellas personas que tengan pedido de captura o sobre las cuales pese el derecho de admisión”.
Según la iniciativa de López, “la Secretaría de Control y Convivencia, en el marco de la Mesa de Seguridad de Rosario que integra junto al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y las fuerzas de seguridad federales, provinciales y locales, en conjunto con los clubes de la ciudad elaborará los protocolos correspondientes”.
La concejala rosarina tuvo en cuenta -entre otros antecedentes jurídicos-, la decisión del juez de Córdoba Eduardo Pedro Bruera, que en noviembre de 2020 ordenó el corte de líneas telefónicas y la prohibición de otorgar nuevas líneas a un hombre mientras mantuviera el incumplimiento de la cuota, como así también el retiro de la licencia de conducir ciclomotores y la prohibición de renovarla.
El otro antecedente analizado fue de la provincia de Buenos Aires, donde la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó en abril de este año una medida de 2017, para suspender la licencia de timonel de yate y prohibir el ingreso al Club de Veleros de San Isidro a un hombre que debía 800 mil pesos en concepto de cuota alimentaria por sus tres hijos.
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