El próximo 6 de febrero se dará a conocer la sentencia contra los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa.
“Si no es perpetua, no es Justicia”, dicen los carteles, se repite en las redes sociales, se escucha en distintos programas que dedican horas de aire al homicidio de Fernando Báez Sosa. Desde las fotos, el chico de 18 años sonríe, mientras las pantallas muestran videos de sus segundos finales, arrodillado, pidiendo que no le peguen, indefenso ante una andanada de golpes, un ataque salvaje que duró menos de un minuto.
Los ocho acusados son señalados como monstruos, inhumanos, incapaces de arrepentirse. El juicio que comenzó el 2 de enero tiene una repercusión tal que podría ser la ocasión de un debate social sobre las violencias grupales, las patotas de varones que (se) demuestran virilidad a los golpes. Sin embargo, queda encapsulado en un pedido de cárcel para siempre a jóvenes que tenían 18 años cuando mataron a un par.
Lo hicieron en patota, como otras veces grupos de varones violan a una chica que tomó alcohol, drogas, o está dormida. En patota, espacio privilegiado de construcción de la jerarquía masculina. Esos grupos de varones aguerridos no son excepcionales, se las puede ver todos los días en boliches, canchas de fútbol, la calle.
“La cobertura mediática plantea una mirada moral sobre la violencia, como si siempre fuera responsabilidad de un ‘otro’. No quiero parafrasear a Nietzsche, pero que siempre el malo sea un otrx y nosotrxs seamos lxs buenxs es casi, me atrevería a decir, un universal”, plantea Esteban Vacher, licenciado en Trabajo Social, periodista, magister en Derechos Humanos y Democracia (CIEP- UNSAM) y Coordinador Operativo de Intervención y Contención en Situaciones Críticas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El investigador apunta: “La bondad siempre está de mi lado y la maldad del otro (‘los rugbiers’). Reducir el proceso judicial a buenxs y malxs en lugar de pensar al punitivismo como única solución y esperar que se haga justicia siempre es más sencillo que reflexionar sobre cómo el capitalismo destroza los lazos solidarios o pensar esta situación como un problema social en la cual no hay ni irracionalidad ni se trata de ‘un grupito de animales’. El rugby no es espejo de la ‘sociedad’, es una parte. ‘Los rugbiers’ también son responsabilidad nuestra. La violencia forma parte de relaciones sociales contemporáneas”. Vacher está a cargo del Espacio de Psicoeducación en Conductas Violentas (EPECOVI) dirigido a varones que ejercen y/o ejercieron violencias por razones de género.
Estas reflexiones no excluyen la sanción penal, de forma proporcional, cuando corresponde. “Realizar estrategias no punitivistas de alojar, para que de esta manera se pueda cuestionar la hombría y en esto cuestionar los significados profundamente arraigados a mandatos y estereotipos para que el crimen de Fernando Baez Sosa, por ejemplo, no quede impune sino también para que no vuelva a suceder. Es necesario dirigir los discursos de prevención de la violencia de género a los varones y no solamente a los destinatarios de la violencia, que son generalmente las mujeres y disidencias”, sigue Vacher.
El crimen de Fernando tiene aristas insoportables: un grupo de “chicos bien” -aunque en el juicio se vería que no todos forman parte de familias adineradas- le pegan a un pibe humilde, que soñaba con estudiar Derecho y hacía tareas solidarias. Fernando, hijo de trabajadores migrantes, es insultado también, le gritan “negro de mierda”. El racismo forma parte de la sociedad argentina, pero es mejor hacer de cuenta que sólo lo ejercen los “rugbiers” de Zárate.
Que la cultura violenta del rugby tiene algo que ver es tan cierto como que los hombres, todavía, en esta sociedad, deben demostrar su fuerza, su dominio sobre otros, para ser aceptados por sus pares. Es una cuestión de jerarquías. No se puede ser “blando” o “maricón” cuando se trata de ocupar el espacio público. Y eso sigue ocurriendo, porque la lista de jóvenes agredidos en patota no terminó con Fernando Báez Sosa.
Un aspecto de la bola de nieve que armó la constante construcción mediática de esos jóvenes como monstruos irredimibles es la confianza en la “prisión perpetua” como una solución. En la época de las redes sociales, las complejidades parecen escurrirse como agua en las manos. Decir que una prisión perpetua a ocho jóvenes no repara el sufrimiento de la familia de Fernando Báez Sosa se asimila rápidamente con defender la impunidad.
Pero es necesario hacer el esfuerzo de escuchar los matices. Si hay pruebas, debe haber condenas. ¿Qué se gana situando a estos jóvenes rugbiers, conocidos en Zárate por sus costumbres violentas, como personas excepcionalmente malas que se deben excluir para siempre de la sociedad? ¿Será que es una manera de evitar una pregunta más profunda sobre las violencias cotidianas? ¿Decidir que ocho jóvenes de 20 años no saldrán de la cárcel durante medio siglo eliminará la violencia callejera, los asesinatos en patota?
Nadie quiere escuchar estas preguntas, pero es imperativo hacerlas. “Por encima de la ley penal y el código penal están la Constitución Nacional y tratados internacionales que te dicen que las penas deben resocializar a las personas. ¿Cómo vas a resocializar a una persona cuando tiene 20 años, si le das perpetua?”, plantea Bernardette Blua, vicepresidenta de la Asociación de Pensamiento Penal e integrante de la Casa Cristina Vázquez, que trabaja para resocializar a detenidas en Rosario.
Puede ser un boomerang: en las cárceles de Argentina -y del mundo- sólo hay personas pobres. La enorme mayoría de los y las detenidas lo son. Los ricos pagan fianza, consiguen medidas alternativas, tienen los mejores abogados defensores. “Este caso tiene una cuestión de clase. Los enjuiciados no son del tipo de personas que habitualmente transitan por la cárcel. Pero los discursos punitivistas terminan repercutiendo negativamente en los mismos débiles de siempre. Las reformas que cierran alternativas a la cárcel perjudican a los pobres, que son los que están presos. Y con esas políticas tampoco se reducen los índices de violencia, ni se termina el delito. Al contrario, hay cárceles cada vez más llenas de gente pobre, con índices de violencia en ascenso”, sigue Blua.
Plantear estas aristas no implica justificar la acción violenta de ocho jóvenes. El pedido de justicia por Fernando Báez Sosa se sostiene también desde las críticas a las formas que esa demanda tomó en este enero de 2023, cuando su inaceptable homicidio se convirtió en un show para ver una vez, y otra vez, y otra vez.
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