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Sociedad feminismo |

El ocaso de los concursos de reinas y princesas en los que sólo importa la belleza

La decisión de Guaymallén de eliminar los concursos de belleza, derivó en un reclamo de quienes aspiran a la corona que se otorga en la provincia de Mendoza. Desde 2013, 74 ciudades decidieron eliminar esos certámenes porque implican violencia simbólica, y seis son de Santa Fe.

Podría ser el argumento de una película: la reina “rebelde” Julieta Lonigro quiere que le permitan concursar en la Fiesta de la Vendimia. El reclamo lo lleva adelante la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay) y confronta con el intendente radical de esa ciudad, Marcelino Iglesias, quien derogó el concurso de belleza porque constituye violencia simbólica. Esta decisión recorre el país: en diciembre de 2014, el Concejo de Chivilcoy prohibió realizar concursos de belleza porque “refuerzan la idea de que las mujeres deben ser valoradas y premiadas exclusivamente por su apariencia física”. Fue la primera ciudad, a la que se sumaron otras 73. En la provincia de Santa Fe, entre 2016 y 2017, seis localidades dejaron atrás la elección que implicaba una pasada en malla frente a un jurado que definía, claro, quién era la más bonita para reinar durante un año.

El impulso inicial lo dio el colectivo Acciones Feministas, de Bahía Blanca, cuya cara visible es Verónica Bajo, quien venía investigando las normativas de las fiestas de todo el país. En 2013 le envió una carta al Instituto Cultural de su ciudad para que se dejara de elegir la Reina del Camarón y el Langostino. La polémica arreció: eran las malas feministas que querían impedir el goce de la belleza, ¿para quién?

El pedido de Acciones Feministas era osado para la época, pero nada novedoso. En 1970, el Movimiento de Liberación de Mujeres de Gran Bretaña boicoteó la entrega del premio de Miss Universo en el Royal Albert Hall de Londres. Bombas fétidas, verduras podridas y bolsas de harina fueron las armas de aquellas feministas de la segunda ola, al grito de “No somos lindas, no somos feas, estamos enojadas”. La historia puede verse, ficcionada, en la película Miss Revolution, de Philippa Lowthorpe.

MISS REVOLUCIÓN | Trailer oficial subtitulado

En 2013, los feminismos estaban latentes en la Argentina, eran ríos subterráneos que todavía no habían encontrado su cauce para salir. Lo hizo con el grito de Ni Una Menos, que llevó a millones de identidades feminizadas y mujeres de todo el país a las calles el 3 de junio de 2015, para exigir el fin de la violencia machista.

En ese momento estaba vigente–desde 2009- la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Para velar por la aplicación de esa ley existe la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), coordinada por Perla Prigoshin, que tomó la posta con el proyecto Ciudades sin reinas. Envió textos a todos los municipios y comunas para explicar por qué el estado no puede avalar, de ninguna manera, este tipo de certámenes.

La violencia simbólica está descripta en la ley como aquella que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”, según dice en el artículo 5 inciso 5.

Con la firma de Prigoshin, el texto enviado a cada localidad indica que “cualquier evento de esta índole (elección de reina, concurso de belleza, elección de la mejor cola del verano, etc.) pese a sus diferencias tienen algo en común: el cuerpo de las mujeres (con más o menos ropa) es exhibido como un objeto ante un jurado y el público. En segundo lugar, se utiliza para seleccionar un estereotipo de belleza impuesto por la cultura hegemónica que está en función de los intereses de la industria cosmética y de la moda. Esto último implica una fuerte discriminación hacia aquellas mujeres que no poseen la estatura, silueta, color de ojos, color de piel, etc. que se consideran apropiados para ser ‘bella’”.

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En 2016, la Subsecretaría de Políticas de Género de Santa Fe, en ese momento a cargo de Gabriela Sosa, envió una “recomendación” a todas las localidades de la provincia. “Redactamos una carta que tenía dos partes, una era la argumentación de la violencia simbólica presente en esas elecciones y la otra parte no era que se eliminaran los festejos y la celebración, sino que se mantuvieran, pero rescatando otros aspectos de las mujeres que se presentaran o que se pudieran presentar a esos certámenes, como su rol en la vida social, política y cultural de esas comunidades”, rememora Sosa, que hoy es referente nacional de Mumalá. “Se generó mucho debate, tuvo impacto y también generó tensiones. Nos llamaban enojados desde algunas localidades, pero al ser una recomendación también estaba la discusión local”, consideró, y cree que aquella iniciativa todavía tiene efectos.

En Recreo, que tomó la decisión en 2017, la iniciativa la impulsó el colectivo Ni Una Menos. En distintas localidades del país, el tema fue tomado por organizaciones feministas que –incluso– se nuclean alrededor del reclamo.

El debate reverdeció con la decisión de Guaymallén. Claro que hay mujeres que eligen presentarse, y desean ser coronadas. ¿Por qué constituye violencia simbólica un concurso de belleza? ¿Por qué impedir algo que miles de chicas en todo el país hacen voluntariamente? La respuesta está justamente en la formulación –también añeja– del sociólogo francés Pierre Bordieu: la eficacia de la violencia simbólica es que no se percibe como tal. Naturaliza la desigualdad y la presenta como elección. No se trata sólo de lo que deseen las participantes, sino de cómo esos concursos construyen cultura.

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En la página oficial Fiestas Argentinas se registran 90 fiestas populares en la provincia de Santa Fe. Y si bien muchas han dejado atrás la costumbre monárquica, sólo seis ciudades tomaron una decisión oficial. El secretario de Turismo Alejandro Grandinetti subraya que para el gobierno provincial la política de género es “central en todos sus aspectos, con líneas de estímulos y con la clara decisión de crear seminarios de la ley Micaela para toda la provincia”. La situación sanitaria obligó a suspender muchas fiestas populares, que son desaconsejadas por el decreto provincial vigente hasta el 28 de febrero. La remisión de la tercera ola permite augurar que volverán.

“Nosotros no organizamos las fiestas, acompañamos los emprendimientos de ciudades, municipios, comunas, organizaciones y tenemos una intervención limitada”, aclara el funcionario quien plantea: “En lo personal, y creo entender el pensamiento del gobernador Omar Perotti, somos proclives a tener mucho cuidado con este tipo de certámenes”. Como ejemplo virtuoso, cuenta su experiencia de comienzo de gestión, prepandemia, cuando pudo participar en la Fiesta del Sol de San Juan, donde eligieron una representante que ahora se denomina "embajadora" en vez de "reina". "No había límite de edad para postularse y se valoraban los atributos vinculados a la actividad y el impacto positivo que tenía en la comunidad, como por ejemplo, con militancia social en barrios carenciados o chicos con capacidades diferentes. Eran historias muy lindas y una muy buena oportunidad de mostrar el trabajo que hacen diferentes colectivos. La gente terminaba eligiendo a cada una de las representantes de mejor impacto, no vinculado a lo físico o a lo genético sino a una acción concreta en la comunidad", agregó.

El Ministerio de Igualdad y Género de la provincia apunta también al impacto de la ley Micaela, y la posibilidad de un cambio cultural. “Tenemos que ir de a poco dejando esos certámenes, que tienen su explicación, muchas veces tiene su tradición y demás, pero me parece que es bueno ir dejándolo de lado”, apuntó Grandinetti.

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