¿Dejan libres a violadores y el problema somos los periodistas?

El Comunicado, que no lleva la firma de ninguno de los MAGISTRADOS que lo presiden, y que circuló a través de los grupos oficiales de Whatshapp del propio Colegio, advierte sobre la “intromisiones a la intimidad que intentan desprestigiar o generar situaciones de violencia, disgusto o fastidio en los destinatarios de las noticias”

Y advierte, refiriéndose puntualmente al Caso Baraldo, en una clara confusión sobre una presunta “Exposición pública permanente a que se está sometiendo a un menor de edad que resultara víctima de un hecho que ha acaecido en la órbita intrafamiliar, por el cual se ha dictado una sentencia condenatorio, la cual todavía no está firme”

Finalmente, se expresan “Solidarios con los MAGISTRADOS que han sido objetos de las mentadas manifestaciones”

A cada una de esas expresiones cabe responderles, desde el sentido común y con el conocimiento elemental del derecho vigente, y especialmente desde los principios de la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución.

La independencia del Poder Judicial es en referencia a los otros dos poderes del Estado. No sobre la población, que es sujeto de sus decisiones – para bien y para mal-  y las opiniones de los formadores de opinión, se dan en el ejercicio pleno de la libertad de expresión, que los propios jueces deben garantizar.

Resulta llamativo, que en las proximidades de esta causa, hayan ocurrido hechos de enorme gravedad que atentan contra la vida y la seguridad de las personas, los ejemplos claros son las amenazas contra el Periodista Luis Mino y su familia; o contra la abogada querellante de la víctima del proceso,  y que sobre ello, el Colegio de Magistrados- en tanto representación  colegiada de los jueces- no haya manifestado nada al respecto.

Más grave aún, es la detención de la persona imputada por las amenazas a Mino, quien resultara un sujeto con graves antecedentes penales, que portaba un arsenal de armas al momento de su detención, y que no tiene ningún vínculo familiar o personal con el proceso.

¿Acaso los Magistrados se preguntaron, al momento de poner en libertad a los Baraldo, por cuestiones formales discutibles- tan discutibles que hasta el propio integrante de la Cámara Bruno Netri, las consideró inadecuadas para ordenar la libertad- no se hayan preguntado qué clase de intereses económicos o de otro tipo rondan la causa, para que hayan contratado “sicarios” para amenazar al periodista?

Por otra parte, y sin dejar de respetar de manera formal, el derecho de los Camaristas para tomar la decisión de otorgar la libertad condicional de los condenados, tenemos derecho todos los ciudadanos a preguntarnos si al momento de hacerlo, al menos ¿ se tomaron el trabajo de leer las consideraciones de la sentencia de primera instancia, y de indagar sobre las pruebas- algunas de ellas trágicas, como los testimonios del menor en las Cámaras Gessel- para comprender la gravedad que implica poner en libertad a sus abuelos y su tío?

Por el apuro en tomar la decisión, violando hacia adelante todos los plazos estipulados, pareciera que no. Y del mismo modo, resultó sorprendente que tomaran la decisión sin aceptar al menos el debate de recusación que propuso, a derecho, tanto la Fiscalía como la querellante, antes de proceder a la liberación.

Respecto al menor, cabe recordarles a sus señorías, que la extensión del proceso, las irregularidades que concluyeron en la composición de un tribunal especial y sobre todo, las dilaciones generadas por el abogado defensor de los condenados, y que fueron siempre estimadas favorablemente por los jueces, ayudaron sustancialmente a exponer frente a la opinión pública, de manera constante. Y cabe recordarles que ese menor, sigue bajo el programa de protección de testigos, y junto a su madre, viviendo casi como prófugos, mientras los condenados disfrutan de su habitual vida cotidiana en sus domicilios de Esperanza.

Finalmente. Si la nominación explícita del Camarista Sebastián Creus, se entiende como un hecho que agravia su intimidad, les recordamos que CREUS, como ANDRÉS, DEBEN RESPONDER POR LOS EFECTOS DE SUS SENTENCIAS. Y además, como funcionarios públicos que son, tienen que soportar el hecho de ser sujetos de opinión, por las funciones que cumplen.

En el caso de Creus, a quien suponemos afectado por lo que dice el comunicado, le recordamos, sin ánimo de volver a afectar su honor, que en al menos tres causas, y con argumentos débiles y casi comprensivos, eligió poner en libertad a violadores. ¿Acaso, el Dr. Creus, se  siente con derecho a que los ciudadanos no conozcan sus resoluciones, y sus argumentos? Uno de ellos, quizás el más grave que, amerita al menos un examen sobre sus condiciones para poder continuar ocupando un lugar en Tribunales, es la causa en la se que atreve a distinguir entre “violaciones perversas y no perversas”, un concepto casi justificatorio del abuso que sufrió una menor discapacitada, y cuyo violador quedó en libertad con la firma del Juez con quien se solidarizan sus camaradas.

¿El comunicado pretende silenciarnos? ¿El comunicado es solidario o funciona como advertencia temeraria para con los periodistas que pretendemos defender a las víctimas abusadas?

Señores miembros del Honorable Colegio de Magistrados… ¿a quiénes están defendiendo?

¿En qué parte de la comunicación aparece la preocupación por los efectos irreversibles que pueden ocasionar estas libertades? ¿En qué fragmento se ocupan de pensar en el menor que ve como sus violadores, quedan en libertad?

No nos callaremos, ni aceptaremos presiones de esta índole.

Y agregamos: los hacemos responsables de los que nos pudiera ocurrir, si en la oscura trama de esta causa en la que, ya no quedan dudas, hay muchos metros de profundidad sin excavar ni investigar, algún periodista sufre consecuencias colaterales.

Preocúpense por hacer justicia, no por proteger a sus colegas. QUE ELLOS SE DEBERÍAN PROTEGER SOLOS, CUMPLIENDO CON SU ÚNICA MISIÓN: HACER JUSTICIA, CON LOS PRINCIPIOS ELEMENTALES DEL DERECHO, Y NO CON LAS CHICANAS Y LAS FORMALIDADES DEL VIEJO PROCESO DE IMPUNIDAD, QUE CARACTERIZÓ A LA JUSTICIA PENAL SANTAFESINA, DURANTE LA DICTADURA Y HASTA NO HACE MUCHO TIEMPO ATRÁS.

 

Comunicado del Colegio de Magistrados