A dos años de la sanción de la ley 27610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la provincia de Santa Fe trabaja para garantizar la práctica en su sistema de salud pública, mientras la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto reclama mayor difusión de este derecho conquistado. La falta de conocimiento se convierte en una barrera. “La situación evidente en todos los niveles del Estado es la falta de difusión de la ley, no hay ninguna campaña masiva sobre cómo acceder, cómo enfrentar los obstáculos, cómo actuar si tu obra social no te atiende o te quiere cobrar un plus o qué hacés si no hay ningún médico que lo haga en tu sanatorio o tu obra social”, planteó Lucrecia Aranda, que integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Rosario.
Es que todavía existe en el imaginario social la idea de los abortos quirúrgicos, que en realidad son la excepción. “En todas las regiones provinciales, la ampliación de la red de atención ha sido muy importante, en cada uno de los niveles. Sabemos que alrededor de un 90 por ciento de las prácticas se realizan en el primer nivel de atención, de manera ambulatoria, pero hay situaciones que requieren de un segundo o tercer nivel y en este sentido, a los equipos se le ofrecen espacios de articulación, de reflexión y de capacitación y actualización profesional”, expresó Paola Gross, directora provincial Programas de Salud Sexual, Reproductiva y de Diversidad.
Ese 90 por ciento de abortos que se realizan en los centros de salud del barrio se hacen con medicamentos, con la información y seguimiento de los equipos de salud. La droga utilizada es el misoprostol, producida por el laboratorio público provincial, el LIF. Además de proveer al sistema público de Santa Fe, también se vende a otras jurisdicciones a un precio sensiblemente menor al del mercado.
“Este año, el Ministerio de Salud de la Nación puso a disposición un insumo que era fundamental y que no estaba disponible en nuestro país, que es la mifepristona”, subrayó Gross. Se trata de una droga que, combinada con el misoprostol, mejora la eficacia, superando el 95% de efectividad para la interrupción de embarazos.
“A partir del mes de julio, se empezó a distribuir a nivel federal en un combipack, que trae un comprimido de mifepristona y cuatro comprimidos de misoprostol, y que garantiza una práctica de calidad con mayor efectividad”, subrayó Gross. Justamente, el LIF tiene en marcha el proceso de fabricación de mifepristona y eso la vuelve a poner a la vanguardia. “El trabajo que viene haciendo nuestro laboratorio con la fabricación del misoprostol desde hace algunos años y con el proyecto que viene realizando también para la fabricación de la mifepristona es fundamental, no sólo para nuestra provincia, sino también para todo el país”, dice Gross.
Santa Fe fue pionera en la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo, en los abortos por causales vigentes hasta el 30 de diciembre de 2020. “A nivel federal nuestra provincia ha sido y es reconocida por todo lo que se viene trabajando en torno al acceso a los derechos sexuales, reproductivos, y no reproductivos. Hay una historia, había muchos equipos formados y se daba respuesta en el marco anterior que era la ILE, y lo que podemos destacar con la incorporación de la figura de la IVE es que, para los equipos, fue simplificar de alguna manera todos los procedimientos administrativos y por ende brindar una atención mucho más fluida hasta la semana 14 inclusive”, expresó Gross.
Un monitoreo social realizado en el centro norte de la provincia por una alianza de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y la Asociación Civil Palabras, publicado a principios de noviembre, demostró que la principal barrera para el acceso al derecho es el desconocimiento. La encuesta a 712 usuarias de centros de salud de once departamentos del centro norte provincial mostró que el 81 por ciento de las consultadas no sabía si en ese lugar se efectuaban interrupciones del embarazo, un 11% respondió que no y sólo el 8% dijo que sí. En tanto, cuando la pregunta era si conocía de la realización de IVE/ILE en otros centros de salud, el 74% no sabía, el 12 respondía que sí y el 14 que no.
Es por eso que desde la Campaña apuntan a la falta de difusión. Lo que se ha hecho, considera Aranda, es insuficiente. “El Estado hizo algunos afiches como lo hace la campaña, pero, si quiere promover un derecho, tiene que usar todas las plataformas comunicacionales, todos los lenguajes y todas las formas para llegar a todos los sectores de la población”, planteó. La activista considera que esa “es la gran materia pendiente junto con la Educación Sexual Integral, que en la provincia ni siquiera ha podido ser establecida por una ley”.
Allí también apunta la crítica de Paula Botta, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en el sur de la provincia. “Falta que la ley llegue a los territorios, que las personas conozcan sus derechos”, dice la profesional, que desde hace años trabaja en la provisión de abortos por el método de Aspiración Manual Endouterina (AMEU), una opción que se ofrece a las usuarias, y que requiere la asistencia a un centro de salud aunque sin internación. “En las grandes ciudades, al tener más centros de salud, las personas pueden tener acceso. El tema es en las localidades más pequeñas”, plantea Botta.
En el mismo sentido, Gross asume que “en localidades pequeñas -y esto también ha sido y es objeto de permanentes diálogos y reflexiones con los equipos de salud-, hay que ver cómo se sienten los equipos cuando no hay acuerdo en garantizar estas prácticas. Entonces, eso se ve reflejado para las personas usuarias que muchas veces en tener que recorrer distancias que nosotros hoy estimamos que son mucho menores”. Asegura que “se ha reducido la cantidad de kilómetros que las personas tienen que transitar para llegar hasta un centro de salud que brinde la atención correspondiente, pero sin duda hay que seguir trabajando. Hoy podemos decir que todas las regiones de salud tienen cobertura en los tres niveles”.
Según los datos de 2021, actualizados a junio de 2022, en Santa Fe se informaron 4383 abortos realizados en el sistema público de salud. A eso hay que sumar las prácticas en obras sociales y prepagas.
Para Botta, “la sanción de la ley generó un cambio, incluso que va de la mano de la ya no tan fácil objeción de conciencia”. Es decir que “de a poco” cada vez menos profesionales se niegan a brindar la práctica. Por ley, deben garantizar el acceso de todos modos, y el Estado debe contar con profesionales que lo hagan en todos sus servicios.
También Gross considera que la difusión es un punto sensible. “Lo que necesitamos cada vez que se amplían derechos es que sean conocidos por la población. Entonces, aprovechamos todas las instancias para brindar información clara y accesible a la población sobre cuáles son sus derechos, sobre cómo acceder a estos derechos y siempre solicitamos la difusión de la línea nacional de salud sexual, que es el 0 800 222 3444, que es una gran ayuda para las personas que no se animan o no conocen si pueden ir o no al efector más cercano de su barrio o de su localidad a solicitar la práctica o, de repente, tienen miedo porque, sobre todo en las localidades pequeñas, muchas veces, uno tiene o una persona conocida o un familiar que está en el sector”.
Lo que cambió con la ley, considera Gross, es que “hay un empoderamiento de las personas, cuando van a solicitar la práctica. Antes de la sanción de la ley había muchísimo miedo, muchísimas dudas de las personas que iban a consultar porque no sabían hasta qué momento, cómo, en qué situación podían acceder a la interrupción y hoy nos estamos encontrando con una sociedad mucho más empoderada, que cuando solicita la práctica tienen claro que la ecografía tiene que ser con determinados cuidados o que hay 10 días para poder garantizar el acceso”.
Desde la Campaña Nacional buscan reactivar la demanda ciudadana. “Estamos convocando a volver a ponerse el pañuelo verde para el 30 de diciembre y a sumarse a monitorear, que se le acerque a la campaña la información cuando no se cumple lo que corresponde, o te tratan mal, porque depende de las que conquistamos este derecho hacer que se cumpla”, invitó Aranda.





