Pese al efecto letal que la pandemia de coronavirus ejerce en términos de vidas humanas y de actividad económica en países de Europa y Estados Unidos, los poderes legislativos de esas naciones se las ingeniaron para mantener sus puertas abiertas y sesionar en medio de la cuarentena, sea para recibir informes de sus jefes de Estado o para aprobar planes de asistencia a los afectados. Los legisladores entendieron que estos tiempos de emergencia no son excusa para paralizar su actividad sino que, justamente por el contrario, el Congreso debe erigirse como un faro plural de voces que neutralice las eventuales veleidades autoritarias de un poder del Estado sobre los otros.
Desde que se inició la cuarentena obligatoria el Congreso cumple cuanto mucho con sólo una de sus funciones, la de controlar la gestión del Gobierno.
En la Argentina, sin embargo, el Congreso está rengo. Su actividad actual se limita, en la Cámara de Diputados, a convocar por medio de videoconferencias a ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo para que rindan cuentas de sus respectivas gestiones ante las comisiones legislativas. En el Senado de la Nación, en tanto, apenas si hubo un par de videoconferencias en lo que va del período de emergencia. En resumidas cuentas, desde que se inició la cuarentena obligatoria el Congreso cumple cuanto mucho con sólo una de sus funciones, la de controlar la gestión del Gobierno, pero no ejerce su tarea esencial de sancionar leyes. Desde que se inició el período de cuarentena obligatoria, más de doscientos proyectos de ley se presentaron en ambas cámaras con las más diversas propuestas para atender la emergencia; sin embargo, ninguno de ellos pudo tener cauce parlamentario y se acumulan en las comisiones.
¿A qué se debe esta parálisis? La pandemia no podría ser la excusa, si se considera que en provincias como Santa Fe y Córdoba, dos de los distritos con más contagios, las legislaturas han celebrado sesiones durante la cuarentena. En el Congreso, sin embargo, los cortocircuitos entre el oficialismo y la oposición han impedido, hasta ahora, reactivar las sesiones. Los oficialistas pretenden innovar el funcionamiento del recinto con la modalidad virtual, mientras que en Juntos por el Cambio, que desconfían de las eventuales trampas que les pueda tender el oficialismo, insisten en mantener las sesiones presenciales. De hecho, los legisladores del principal bloque opositor anunciaron que viajarán este martes a la Capital para reclamar, in situ, que se reactive la actividad parlamentaria. Exigirán que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cumpla con el mandato constitucional de brindar su informe de gestión ante el Congreso y que se reúna, de una vez, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde se acumulan los más de 30 decretos de necesidad y urgencia que emitió el Poder Ejecutivo en apenas un mes de cuarentena.
Para enturbiar aún más la situación, Cristina Kirchner, en su rol de presidenta del Senado, le pidió a la Corte Suprema que le otorgue un aval constitucional a las sesiones virtuales que allí se celebren. No la guía un instinto institucional, sino más bien pragmático: quiere asegurarse de que las leyes que se sancionen de manera telemática no sean luego declaradas inconstitucionales. Cristina y Sergio Massa tienen interés en tres temas ni bien se retome la actividad parlamentaria: el impuesto a los altos a los patrimonios, que prepara Máximo Kirchner; un paquete de proyectos de alivio fiscal para las Pymes y la suspensión de los ajustes por inflación en los balances de las empresas, que les permiten pagar menos impuestos a las Ganancias.
Fiel a su costumbre, de producirse este desenlace Cristina no ahorrará críticas a quienes se atreven a desautorizarla.
Tanto la oposición como la mayoría de los juristas especialistas en derecho constitucional -incluido el hiperkirchnerista Eugenio Zaffaroni- cuestionaron por improcedente el pedido de Cristina a la Corte. El martes pasado el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió un duro dictamen a la Corte en el que recomendó rechazar la solicitud: consideró que el máximo tribunal podría incurrir en la intromisión sobre otro poder del Estado si atendiera ese pedido. Todo indica que los jueces de la Corte seguirán la recomendación de Casal y que rechazarán la solicitud de la vicepresidenta.
Fiel a su costumbre, de producirse este desenlace Cristina no ahorrará críticas a quienes se atreven a desautorizarla. Pero no se quedará de brazos cruzados y, como dé lugar, insistirá en celebrar sesiones virtuales en el Senado para avanzar en las leyes que el kirchnerismo considera claves.




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