Vecinos del barrio Las Mercedes de Recreo realizaron este martes una nueva protesta frente a tribunales para exigir nuevamente poder escriturar en los terrenos que supieron comprar años atrás al fideicomiso que en la actualidad se encuentra investigado en el marco de una causa que investiga "estafas" y "asociación ilícita" y que tiene a los encargados de explotar el loteo bajo la lupa de la Justicia.
Los vecinos aseguran que son aproximadamente 800 las familias damnificadas.
Con carteles y pancartas, los vecinos exigieron las escrituras de los terrenos que compraron y afirmaron que van a seguir con los reclamos hasta que se declaren nulas las actuaciones de la sociedad trucha. En este sentido, aseguraron que son aproximadamente 800 las familias damnificadas que aún no pudieron destrabar el conflicto.
En conversación con AIRE, Víctor, uno de los damnificados, sostuvo que "no hay avances en la causa" y que el barrio "sigue en la misma", por lo que no pueden escriturar los terrenos que compraron de buena fe. Como consecuencia de esto, tampoco pueden ser beneficiarios del plan Procrear. Dicho vecino explicó además que tienen miedo, ya que "hace un tiempo atrás había personas que usurpaban terrenos con casas precarias y hoy ya no es así, directamente cercan un terreno, levantan casas de material y se meten".
Además aclaró que están al día con los impuestos y manifestó su preocupación porque no pueden acceder a los servicios de luz: "En el terreno donde edifiqué la EPE no entra, está el 99% del barrio enganchado de la luz, ya que no nos pueden brindar el servicio porque no tenemos escritura", detalló. "Lo que queremos es escriturar, después el tema penal o civil que lo arregle la inmobiliaria y el dueño del terreno. Nosotros quedamos en el medio siendo compradores de buena fe", agregó.
Por su parte Andrea, otra de las damnificadas, aseguró que no puede escriturar porque "el juez no se decide", en alusión a un trámite que se tramita, aparte de la causa penal, en el Juzgado Civil y Comercial de la Quinta Nominación. En la misma línea de lo que afirmó Víctor, dijo que quieren las escrituras para poder seguir siendo parte de un plan Procrear.
"Queremos que el juez declare la nulidad de todos los actos de la sociedad trucha y que nos firme él la escritura. Si no estamos en esta situación bochornosa que no sabemos si mañana entra una persona a nuestra casa, edifica y no sabemos qué hacer", aseveró.
Cronología de la causa
El caso llegó a la Unidad de Delitos Complejos en 2019 tras una denuncia que fue formalizada por los abogados Alejandro Otte y Matías Lassaga. En esa denuncia, los letrados santafesinos indicaron a las fiscales del área que un cliente suyo, José Ruiz Moreno, había sido desapoderado de la totalidad del paquete accionario de Las Mercedes S.A., la entidad que administró el loteo del barrio.
En aquella demanda, los letrados también les explicaron a las fiscales que el paquete accionario fue cedido por medio de un acta falsa de asamblea extraordinaria, fechada el 29 de mayo del 2002, en donde los dueños originales de la sociedad, Mercedes Clucellas de Ruiz Moreno y Juan Luis Clucellas -los únicos accionistas en ese entonces-, transfirieron la totalidad de sus acciones a los dueños actuales de Las Mercedes S.A.
Con el paso de los años, Ruiz Moreno quiso tomar posesión del loteo, pero no contaba con ningún tipo de documentación. De hecho, fue denunciado penalmente en 2010 por el grupo empresario que aseguró tener la totalidad de las acciones de Las Mercedes S.A. En medio de esa situación, se inició una causa en el viejo Juzgado de Instrucción N°7 a cargo de Diego De la Torre que terminó con Ruiz Moreno sobreseído. Sin embargo, en 2017, aquella causa volvió a tener un episodio en la Cámara de Apelaciones cuando el juez Alejandro Tizzón, ordenó que la causa siga abierta para destrabar el conflicto judicial.
Un año después, el 13 de noviembre del 2020, tras diez allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigaciones, las fiscales ordenaron la detención de los López, Pirera, Giraldéz y Albiñaga. Este último no pudo ser encontrado en los procedimientos y terminó entregándose dos días después en la sede del Ministerio Público de la Acusación.
Todos fueron imputados por las fiscales Urquiza, Jiménez e Ilera, por "asociación ilícita", “estafas reiteradas” y "falsedad ideológica" y su libertad estuvo sujeta a tratamiento en una audiencia de medida cautelar donde las representantes del Ministerio Público de la Acusación pidieron la prisión preventiva.
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