miércoles 18 de mayo de 2022
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Usurpación en Santa Fe: el Estado tomó una decisión política

La usurpación de terrenos del norte de Santa Fe lleva 33 días. Por momentos, las carpas, casillas y viviendas están vacías. Pero a nadie parece importarle.

Eran las 13.30 del pasado sábado 7 de marzo y los terrenos nacionales usurpados en el norte de la ciudad de Santa Fe desde el 6 de febrero se encontraban absolutamente deshabitados. Las carpas, casillas y viviendas precarias que se fueron construyendo a lo largo de todo un mes, estaban vacías.

Puede resultar contradictorio, pero quienes decidieron ocupar estos terrenos abandonaron la zona usurpada durante la siesta del sábado para regresar al lugar en el que realmente viven. Algunos tienen casas en otros barrios de la ciudad. Otros, construcciones precarias. Y la mayoría convive con familiares.

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Durante las horas de la siesta del pasado sábado, la usurpación de terrenos en el norte de la ciudad de Santa Fe se encontraba totalmente deshabitada. Igual, las fuerzas de seguridad no actuaron.

Durante las horas de la siesta del pasado sábado, la usurpación de terrenos en el norte de la ciudad de Santa Fe se encontraba totalmente deshabitada. Igual, las fuerzas de seguridad no actuaron.

El último relevamiento efectuado por la Municipalidad de Santa Fe arrojó un resultado llamativo: ninguno de los usurpadores está realmente en la calle. O, dicho de otra manera, todos los que persisten en la ocupación de estos terrenos cercanos al CIC de Facundo Zuviría cuentan con un techo donde guarecerse.

Esto no significa que el problema de falta de viviendas no exista. Tampoco que se trate de familias que gozan de un buen pasar económico. En general -porque hay algunas excepciones- son personas de bajos recursos que necesitan de un lugar donde vivir, como tantas otras familias de la ciudad de Santa Fe que enfrentan el mismo problema habitacional, pero no ocupan terrenos de manera ilegal.

A 33 días del inicio del proceso de usurpaciones, se plantean algunas conclusiones irrebatibles: el Estado nacional tomó la decisión política de permitir que la toma de sus terrenos se consolide, mientras que el Gobierno de Santa Fe optó por no entrometerse de ninguna manera en esta situación. A estas alturas de las circunstancias, luego de los esfuerzos realizados durante las primeras semanas y ante la falta de poder de policía, la Municipalidad de Santa Fe parece haber claudicado frente a esta realidad.

Los hechos hablan por sí mismos.

El viernes 14 de febrero, el juez federal Francisco Miño ordenó a Gendarmería Nacional que a las 5 de la mañana del domingo 16 iniciara un operativo tendiente a liberar la zona. Pidió que se realizara de manera pacífica, aunque autorizó el uso de la fuerza en caso de que fuese necesario. La respuesta fue que, en Santa Fe, Gendarmería no cuenta con los recursos idóneos para realizar este operativo.

Pocas horas después, desde el Juzgado se insistió con el pedido. Pero la verdad es que las autoridades locales de Gendarmería consultaron al gobierno nacional de qué manera actuar -los terrenos son federales-, y desde Buenos Aires se dio la instrucción de que no acataran la orden del juez federal. Así de simple.

El Gobierno de Santa Fe tampoco mostró una intención clara de enfrentar el problema de las usurpaciones de estos terrenos. Se plantearon miradas diversas entre funcionarios de distintas áreas. Cuando se cumplían 20 días de la toma, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, habló del tema en Aire de Santa Fe. Dijo que los usurpadores se estaban retirando del lugar, pero la verdad es que nunca se tomaron medidas para que los que decidieron quedarse abandonaran la zona.

Incluso, se observaron diferencias marcadas en la forma en que el gobierno santafesino reaccionó frente a intentos de usurpaciones de terrenos provinciales -la policía los evitó sin mayores inconvenientes-, y la manera en que abordó la toma de estos terrenos federales.

El fiscal federal federal Walter Rodríguez dijo claramente que ante un delito flagrante la Policía de la Provincia también tiene la obligación de actuar. Sin embargo, la Gendarmería y la Policía siguen si hacer absolutamente nada en el norte de la ciudad. Tanto es así, que ni siquiera recuperan los terrenos cuando se encuentran vacíos, porque los usurpadores deciden regresar a los lugares donde realmente viven.

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Gendarmería Nacional recibió la orden de no recuperar los terrenos usurpados.

Gendarmería Nacional recibió la orden de no recuperar los terrenos usurpados.

Luego de realizar las denuncias correspondientes, de estar presente durante las primeras semanas en el lugar y de intentar convencer a los usurpadores de que desistan de su posición, la Municipalidad decidió dar un paso al costado, a la espera de que actúen quienes tienen poder de policía para hacerlo.

Los vecinos de la zona -quienes ya vivían allí- están alarmados por la situación, pero no obtienen ninguna respuesta. Quienes desde hace años aguardan cumplir el sueño de un terreno y una casa propios, se sienten en desventaja frente a los que optaron por ocupar estos lotes de manera ilegal.

A unos y otros, habrá que decirles la verdad: a estas alturas de las circunstancias, el Estado parece decidido a permitir que las ocupaciones de estos terrenos se consoliden. Al menos por ahora, nadie está dispuesto a tomar ninguna medida.

Quizá sea apresurado decir que se trata de un caso cerrado. Pero mientras el gobierno nacional -verdadero propietario de los terrenos- mantenga la decisión de no entrometerse, no parece que existan posibilidades de dar marcha atrás.

Las usurpaciones que llevan más de un mes se consolidan. Poco a poco, se suman nuevas construcciones. Y la decisión política de "dejar hacer", está tomada. El futuro dirá quiénes se hacen responsables de las consecuencias no deseadas de esta posición.

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