Según precisaron oficialmente, las actuaciones —que se encuentran en su etapa final— abarcan casos vinculados a violencia de género, presunto abuso sexual dentro del ámbito municipal y el uso indebido de bienes y herramientas del Estado para fines privados.
Desde el Ejecutivo indicaron que todos los procedimientos se llevaron adelante conforme a la normativa vigente y que aquellos hechos que podrían constituir delito ya fueron denunciados ante el Ministerio Público de la Acusación.
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En el comunicado, las autoridades locales también salieron al cruce de versiones difundidas en redes sociales y negaron la existencia de persecuciones internas. Atribuyeron esas interpretaciones a “sectores desestabilizadores” que —según señalaron— buscan generar confusión con fines políticos o económicos.
Por otro lado, el municipio ratificó la vigencia del ámbito paritario establecido por la Ley 9.996 y se refirió al conflicto en torno a la representación sindical en la ciudad. En ese sentido, remarcaron que la discusión sobre el alcance de actuación de la Asoem deberá resolverse en la Justicia, donde la entidad gremial inició acciones en busca de reconocimiento.
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Finalmente, advirtieron que cualquier avance por fuera de ese proceso judicial sería considerado ilegal y cuestionaron lo que definieron como “prácticas de sindicalismo patoteril”, al sostener que afectan la normal prestación de los servicios públicos en la ciudad.
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