Santa Fe busca avanzar con reformas en Seguridad: "Son medidas necesarias, la violencia de las bandas no terminó"

El diputado provincial radical Martín Rosúa defendió el nuevo paquete de leyes que envió el Gobierno de Santa Fe a la Legislatura denominado "Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad". En ese contexto, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá este miércoles para continuar el debate y recibirá a los represenantes de los colegios de abogados, centros de estudios, asociaciones civiles y otras instituciones.

“El delito no terminó, las organizaciones se están transformando, el delito está mutando, se está haciendo cada vez más sofisticado”, indicó Rosua en AIRE, en diálogo con Luis Mino en el programa Ahora Vengo.

En ese sentido, el legislador valoró el camino recorrido por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro que permitió bajar un 70% los homicidios en Rosario y llevar tranquilidad a los vecinos que "venían sembrando el terror".

"Ante esa realidad avanzamos con la primera tanda de Reformas: Ley de Emergencia para equipar la policía; Inteligencia; Ley para intervenir las cárceles y evitar que sigan operando desde adentro; Microtráfico y dos reformas muy profundas del Código Procesal Penal. Todas tuvieron una discusión enorme y un éxito: 70% de descensos de homicidios en Rosario y poder recuperar la paz social", valoró el dirigente de Unidos.

Los cambios que plantea el Gobierno en Seguridad

El proyecto de ley de seguridad enviado por el Gobierno de Santa Fe propone una serie de modificaciones al sistema penal, las facultades policiales, las herramientas de investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el régimen penitenciario. La iniciativa busca ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente al delito, con cambios que abarcan desde las primeras etapas de una investigación hasta la ejecución de medidas judiciales y penitenciarias.

"Las bandas se reconfiguran y el Gobierno habla de la necesidad de avanzar con estas medidas para estar a la altura de un delito más complejo y sofisticado", insistió el presidente de la comisión de Seguridad.

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Entre las modificaciones que propone el Ejecutivo, aparece la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial. Al respecto, el legislador indicó que se incorpora para situaciones determinadas. "Es para aquellas personas que sean encontradas en la vía pública con armas ilegales o explosivos".

"En vez de discutir la teoría penal, la doctrina garantista o no, vamos al sentido común: si te agarran con armas en la calle es muy probable que tengas una copia en tu casa, entonces, permítame que se allane de inmediato y el control judicial sea posterior, no se borra, se posterga", aclaró.

A su vez, sobre la posibilidad de declarar zonas de intervención policial especiales, la idea es habilitar áreas con facultades excepcionales vinculadas con el espacio público y la circulación de personas. "Se trata de que el Ministerio de Seguridad pueda decretarlo como una zona de actuación de facultades ampliadas, parar autos, requisarlos, hacer allanamientos y contar con toda la potencialidad del Estado".

Por otra parte, también se refirió al interrogatorio policial, que habilita a la Policía a interrogar en las instancias iniciales investigativas. "Significa que cuando hay una escena de un crimen y hay situaciones que puedan poner en peligro a terceros la policía pueda interrogar, siempre con la posibilidad que se niegue y pida abogados".

Seguridad en Santa Fe: otras modificaciones propuestas

• Juicios en rebeldía: permite continuar el proceso penal ante la incomparecencia del imputado debidamente notificado.
• Validación de pruebas: incorpora excepciones a las reglas de exclusión probatoria.
• Derribo por orden fiscal: habilita la inactivación física de inmuebles vinculados al microtráfico y otros delitos, en situaciones excepcionales.
• Medidas coercitivas por decreto fiscal: permite disponer restricciones no privativas de la libertad, sujetas a control judicial.
• Procedimiento por decreto penal: crea un mecanismo para resolver casos contravencionales y delitos de bajo impacto, sin prisión efectiva.
• Régimen penitenciario especial: establece condiciones más restrictivas para internos que ordenen delitos graves desde las cárceles.
• Inteligencia digital y electrónica: incorpora expresamente herramientas de espionaje digital y electrónico, sujetas a las autorizaciones judiciales correspondientes.
• Programa de recompensas: amplía las facultades del Ejecutivo para ofrecer recompensas con fines preventivos y de seguridad pública, incluso fuera de investigaciones penales.