A pocos días de vencer el congelamiento y la prórroga de los alquileres el edil solicitó la intervención del Estado para que el municipio realice las gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional para que evalúe la posibilidad de crear políticas públicas tendientes a subsidiar o crear créditos blandos para las familias que no hayan podido afrontar el pago del alquiler durante la vigencia del Decreto 320/2020.
Según los sondeos de 2020 en Santa Fe existen más de 130.000 hogares, dentro de esa cifra los inquilinos representan al menos el 22% lo que se traduce en unos 28.600 viviendas.
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El concejal Lucas Simoniello, integrante del bloque de la UCR- Frente Progresista presentó un proyecto de comunicación para brindar beneficios a los inquilinos de la ciudad de Santa Fe. "Queríamos visibilizar una situación que se da desde el inicio de la pandemia. Hubieron decisiones a nivel nacional relacionadas con el congelamiento y la prórroga de los contratos de alquiler. Estos decretos se vencen el 31 de marzo próximo", sostuvo el concejal.
Simoniello explicó que según los sondeos de 2020 en Santa Fe existen más de 130.000 hogares, dentro de esa cifra los inquilinos representan al menos el 22% lo que se traduce en unos 28.600 viviendas. "Nuestro último sondeo nos daba que al menos el 5% no estaba pagando el alquiler, lo que hace a más de 1.400 casas de la ciudad", afirmó.
El objetivo de la iniciativa es visibilizar la situación de inquilinos que hicieron uso de ese decreto y que seguramente contrajeron deuda. "Esas familia son las que están pasando mayor grado de vulnerabilidad y situación critica y entendemos que el Estado nacional debe acompañar a través de un subsidio o facilitar el acceso efectivo a créditos que permitan reordenar esta cadena de pagos que se está cortando y tiene impacto no solo en las familias sino también en garantes que han salido a respaldar la obligación", sostuvo el concejal.
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La propuesta elevada por el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina concretamente supone la creación de una tarjeta denominada “AlquilAR”, siendo una iniciativa que podría ayudar de manera específica a cada inquilino en situación de vulnerabilidad que no pudiese enfrentar el pago del alquiler. A su vez, se propone aplicar los programas de financiamiento de Ahora 18 o Ahora 24 para quienes hayan generado deudas durante la prórroga del DNU antes mencionado.
Desde la Dirección de Derechos Ciudadanos, específicamente la Oficina del Inquilino, creada por Ordenanza N° 12640, se enumeran como objetivos “facilitar el acceso a viviendas en alquiler implementando un sistema participativo para el restablecimiento del equilibrio económico en la oferta y la demanda de inmuebles, gestionar ante instituciones bancarias o financieras, públicas o privadas, aseguradoras y otras entidades que resulten pertinentes, el otorgamiento de garantías bancarias y/o seguros de caución, que suplan a las garantías propietarios y/o laborales actualmente requeridas para formalizar contratos de locación” entre otros, por lo que creemos que darle intervención a este área es imprescindible para mejorar las condiciones del inquilinato en la ciudad.
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