En una jornada que marcó la vuelta de la marcha Ni Una Menos a las calles luego de que el año pasado las restricciones obligaran a que se llevara a cabo con modalidad virtual, las mujeres y disidencias de la ciudad de Santa Fe volvieron a manifestarse este viernes 3 de junio contra los femicidios y la violencia de género. Es la séptima edición de la movilización, que se originó espontáneamente en 2015 como reacción al femicidio de Chiara Páez, la joven de 14 años asesinada por su novio en la localidad santafesina de Rufino, y hoy es una consigna que se expande en el mundo.
Sin restricciones, las mujeres volvieron a encontrarse en las calles de la ciudad para repudiar la violencia machista.
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La concentración fue a las 16 en la Plaza del Soldado, desde donde una nutrida columna de gente conformada por agrupaciones, movimientos sociales y la mesa Ni Una Menos Santa Fe a la cabeza, partió rumbo a la Plaza 25 de Mayo. Con un 80% del espacio colmado de asistentes a la marcha, comenzó el acto central en el escenario principal ubicado como cada año delante de la Casa de Gobierno.
"Entre el 1 de enero y el 30 de abril se registraron 113 femicidios y 3 trans-travesticidios. Esto refleja un promedio de casi un asesinato por día motivado por cuestiones de género. Pero violencia también es la falta de trabajo, los salarios de indigencias, la precarización laboral, no poder alimentar a nuestras familias y ser doble o triplemente explotadas. Por eso estamos acá hoy, y en las plazas de todo el país. Por los pasos y las victorias obtenidas, pero también por lo que falta. Por las compañeras que hoy no están presentes; por su memoria, y por la necesidad de seguir en la lucha" comenzó el documento de este año.
Luego se leyeron las consignas: la principal de este año fue "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos, el Estado es responsable", pero también hubo menciones contra la precarización laboral de las mujeres y se remarcó la necesidad de mayores oportunidades y recursos; se reclamó el juicio político de Oscar Biagioni por actos de violencia laboral y de género, y se exigieron cupos femeninos en los cargos de MPA, Enress y Tribunal de Cuentas.
Además, se pidió la implementación efectiva en todo el país de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral en todos los niveles, como herramienta de prevención. También se exigieron más medidas de protección para las víctimas de violencia de género y la reparación económica para sus familias, así como la detención preventiva inmediata del violento en casos de riesgo grave y la necesidad de una Reforma Judicial Feminista.
Entre las consignas también se solicitó que el Concejo Municipal apruebe la ordenanza de cupo laboral para víctimas de trata y explotación sexual, y la reparación económica a la familia de Natalia Acosta, desaparecida hace 13 años. Se repudió la propuesta de disolver el Ministerio de Igualdad y Género y se exigió la creación de una Ley Integral Trans.
La ministra de Género, Igualdad y Diversidad de la provincia, Florencia Marinaro, habló con AIRE este viernes minutos antes de participar de la movilización convocada en la ciudad de Santa Fe. "Después de siete años, este 'ni una menos' no solamente se transformó en una bandera de lucha, sino también en una fecha en la que las mujeres, las disidencias y la sociedad en su conjunto visibilizan las violencias cotidianas que atravesamos desde siempre. Es un movimiento que llegó para quedarse y atraviesa todas las instituciones y las políticas públicas", señaló.
Consultada sobre los cambios y avances observados desde 2015, Marinaro consideró que "lo más importante son las respuestas que se dieron desde las políticas públicas, sobre todo desde los poderes ejecutivos, en crear áreas específicas para trabajar en la erradicación de estas violencias, En el caso de nuestra provincia, desde 2019 esta respuesta se da desde la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo, y lo mismo sucede a nivel nacional".
La funcionaria sostuvo que el ministerio que conduce "es fruto de la decisión política del gobernador Omar Perotti, pero también es consecuencia de la lucha de millones de mujeres. Nos reconocemos en esa historia de la lucha y en las banderas para poder materializarla en políticas públicas", destacó.
Además, resaltó que "la Ley Micaela es un gran avance, porque se trabaja desde el Estado en perspectiva de género y prevención de las violencias" y consideró que "ha cambiado la sensibilidad social sobre el tema: el debate llegó al hogar, a las escuelas y las universidades y también se instaló en la vía pública y así se logró, por ejemplo, dejar atrás la naturalización del acoso callejero. En ese camino estamos", cerró.
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