domingo 20 de septiembre de 2020
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Las caras de los culpables de la inundación que dejó a más de media Santa Fe bajo agua

Por el caso solo fueron condenados los exfuncionarios del entonces gobernador Carlos Reutemann a penas excarcelables: Ricardo Fratti y Edgardo Berli.

La causa que investigó la inundación del año 2003 no solo será recordada a lo largo de la historia por el estrago que causó la muerte de 18 personas y que dejó a media capital provincial bajo agua, sino por la lentitud y demora que tardó la Justicia para llegar a una sentencia en el fuero penal.

A lo largo de 17 años, el expediente recorrió Juzgados, Fiscalías, estudios Jurídicos y hasta llegó a la Corte Suprema de Justicia luego de que las defensas de los tres imputados que tuvo la causa, Marcelo Álvarez (exintendente de la ciudad de Santa Fe y fallecido en 2018); Edgardo Berli (exministro de Obras y Servicios Públicos) y Ricardo Fratti (exdirector provincial de Obras Hidráulicas) pidieron que la causa prescribiera por el paso del tiempo. El máximo tribunal resolvió en su momento que debía ser el juez de Sentencia N°6, Octavio Silva, quien debía resolver tal planteo. Tras esa resolución, Silva dejó saldado el debate y resolvió que la causa siguiera con su trámite.

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El desborde del río Salado comenzó el 29 de abril del 2003 y dejó a media ciudad inundada.

El desborde del río Salado comenzó el 29 de abril del 2003 y dejó a media ciudad inundada.

Fue así que el 1 de febrero del 2018, apenas se iniciaba la actividad judicial en los tribunales de Santa Fe, Silva determinó condenar a Fratti y Berli como autores responsables del delito de “estrago culposo” que causó la muerte de 18 personas a la pena de 3 años de prisión en suspenso.

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Sin embargo, el fallo de Silva no generó las expectativas que había requerido la fiscal del caso, Mariela Jiménez, que tras conocer los fundamentos del magistrado recurrió a la Cámara de Apelaciones para reiterar su pedido de cinco años de condena y que la misma se cumpla en un establecimiento carcelario.

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Mariela Jiménez, la fiscal del caso.

Mariela Jiménez, la fiscal del caso.

Además, la funcionaria hizo hincapié en que Silva no contempló que durante la inundación se perdieron 18 vidas humanas tras el ingreso directo del río Salado por el norte de la ciudad. En tanto, insistió que las pérdidas que ocasionó la tragedia hídrica involucraron a 130.000 personas que perdieron sus casas, entre otros bienes materiales.

Inclusive, la fiscal también hizo hincapié en el perjuicio que causó el desborde del Salado en el hospital de Niños, Orlando Alassia, que tampoco fue ajeno al estrago y que por la llegada del agua sus autoridades debieron realizar un traslado inmediato de niños que se encontraban internados allí.

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Un año después de esa apelación, el pasado 9 de marzo, un tribunal de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, conformado por los jueces Bruno Netri, Alejandro Tizón y Fernando Gentile Bersano, confirmaron la condena para los exfuncionarios provinciales y rechazaron los planteos que habían realizado los abogados defensores: Néstor Oroño (Berli) y el defensor oficial, Matías Spadaro (Fratti).

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El tribunal que confirmó la condena.

El tribunal que confirmó la condena.

El fallo del tribunal de alzada consideró sostener la calificación legal y el monto de la pena dictado por Silva pero a la vez rechazó la posibilidad de que los exfuncionarios cumplan la condena en un penal por lo que, tanto Fratti como Berli, quedaron sujetos a una serie de reglas de conducta: constituir domicilio real, debiendo comunicar cualquier variación del mismo; someterse al cuidado de la Dirección Provincial de Asistencia y Control Pos Penitenciario.

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Los magistrados además destacaron la resolución judicial "justa y adecuada". "De cuya simple lectura surge, sin hesitación alguna, que no es cierto el agravio de la fiscalía en cuanto a que se mensuró la pena", sostuvieron en un tramo del fallo.

"Los funcionarios que integran el referido Comité tenían el deber expreso de elaborar y concretar el programa de acciones y obras de emergencia por inundaciones. A tal fin debían, prioritariamente: resguardar centros urbanos, incumbiéndoles además, todo lo relativo al manejo de aguas", remarcó la resolución que confirmó la sentencia dicta por el juez Silva.

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