lunes 10 de agosto de 2020
Santa Fe | pruebas | Vicentin | Balance

La Provincia le llevó más pruebas al juez de Vicentin y una lista de tareas

Fueron ofrecidas por la titular de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (IPJSF), María Victoria Stratta, donde aportó una serie de datos sobre la participación accionaria del grupo en una serie de empresas.

El gobierno provincial fue con los tapones de punta contra el grupo Vicentin en una presentación ante el juzgado a cargo del concurso preventivo. La presentación de la titular de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (IPJSF) María Victoria Stratta, ingresada este miércoles, ratifica que no es cierto, como afirma Vicentin en el marco del concurso, que tenga participación minoritaria en una serie de empresas vinculadas al grupo.

Eso lo respalda con pruebas propias y un extenso listado de documentación a requerirle a Vicentin que probarían que desde 2014 en adelante transfirió el capital accionario de empresas que controlaba directamente a sociedades uruguayas propias.

Cabe recordar que IPJSF pidió el desplazamiento del directorio y su reemplazo por una intervención mixta entre provincia y Nación. El juez civil y comercial N°2, Fabián Lorenzini, decidió tramitar el pedido como un incidente aparte del concurso.

Leer másPerotti intervino el puerto de Reconquista que controla Vicentin

Junto con el pedido de intervención, IPJSF advirtió al juez sobre maniobras societarias, enajenación de capital que contradicen los activos que Vicentin declaró al presentarse en concurso de acreedores.

De ahí que le dice al juez que las pruebas están en los estados contables de Vicentin y el resto de empresas subsidiarias, controladas o vinculadas. Que es ahí donde hay que indagar.

planta vicentin telam 002
Vista del puerto de la empresa Vicentín en Ricardone.

Vista del puerto de la empresa Vicentín en Ricardone.

El listado ofrecido como prueba es una verdadera búsqueda del tesoro. Directores de las sociedades controladas y controlantes, domicilios, avales entregados para la toma de créditos, entre otros documentos centrales de un entramado societario que a medida que se rasca es cada vez más oscuro. Y por supuesto, el balance 2019 –nunca presentado en el marco del concurso (el ejercicio cerró el 31 de octubre y debió terminarlo antes del inicio de la pendemia)–,

El juez recién esta semana le exigió a la empresa el balance 2019. Lo mismo pidió la sindicatura del concurso. Pero IPJSF pone el acento en lo irregular de que nadie sepa dónde están y se confeccionaron o no los estados contables –incluyendo balance general, memoria, informes de sindicatura societaria y de auditoría externa–, en función de que son una rendición de cuentas “no sólo en interés de los accionistas, sino de los terceros acreedores, especialmente de aquellos que procuran créditos a favor de la concursada para dar continuidad a la actividad empresarial”.

Leer más Inspectora de Personas Jurídicas ofrece pruebas al juez del concurso de Vicentin

Recuerda que si no se confeccionaron es “un incumplimiento grave de los integrantes del órgano de administración (de Vicentin)” y que la falta de realización y convocatoria a Asamblea General Ordinaria es “una falta grave en cabeza del directorio y del órgano de fiscalización propio de la sociedad”.

IPJSF pide además los balances desde 2014 en adelante. ¿Por qué se remonta tan atrás? Porque en la Nota 4 a los estados contables de ese ejercicio, consta el inicio de un proceso de enajenaciones societarias, lo cual permitiría comparar con la composición actual.

Es el caso de Algodonera Avellaneda de la que traspasó el 53%; Buyanor el 97%, y Friar el 99,61%. Pasaron a ser controladas por Vicentin Family Group; VFG Inversiones y Actividades Especiales S.A; Industria Agroalimentaria Latam S.A y Nacadie SA. Esta última es una sociedad uruguaya-panameña a la que se transfirió la mitad de Friar.

El pedido ratifica que no es cierto, como afirma Vicentin en el marco del concurso, que tenga participación minoritaria en una serie de empresas vinculadas al grupo.

Hay otro modus operandi que para IPJSF delata el vínculo con las empresas que Vicentin ahora dice no controlar. Por ejemplo aparece avalando préstamos para capital de trabajo de Friar (de la que supuestamente sólo controla menos del 0,5% del capital y además está fuera de su objeto social) o Algodonera Avellaneda (de la que dice tener el 47%).

Se le pide al juez que también requiera el informe de la Sindicatura General de la Nación del 25 de junio pasado, donde “surgen serias falencias en el desempeño de la administración societaria, que sobradamente configuran el peligro en la demora para justificar una intervención de la sociedad”.

vicentín complejo avellaneda _ph Germán de los Santos _9x16_marca.jpg
Vicentín y su complejo de Avellaneda.

Vicentín y su complejo de Avellaneda.

Según el informe de los contadores de la Sigen, “no apareció el libro diario, un registro elemental; la caja es compartida, manifestando el tesorero bajo su firma que parte de los billetes son de la concursada y otros de diversas sociedades; no hay seguridad informática; no se pudo conciliar el inventario de bienes de uso, donde hay precariedad en nóminas y falta de homogeneidad en valuaciones; inclusión de gastos por mejora en avión cuando no se declaró tener ningún avión; mezcla de chequeras de todas las sociedades, incluidas algunas en las que Vicentín declara tener participaciones ínfimas (caso Algodonera Avellaneda S.A.); cheques firmados en blanco y cheques faltantes en los talonarios; ausencia de organigrama y plan de gestión; falta de seguridad informática y precariedad de registros, etc”.

También pide copias de la investigación penal sobre el otorgamiento de créditos del Banco Nación que se tramita en los tribunales de Comodoro Py; copia de las denuncias que se tramitan ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y Lavado de Activos de Asunción (República de Paraguay); información sobre la causa de discovery en los tribunales de Nueva York contra bienes de Vicentin promovida por una grupo de acreedores financieros internacionales.

Leer másUn fallo de la Cámara confirmó al juez Lorenzini al frente del concurso de Vicentin

Cabe recordar que la empresa informó más de 2.800 acreedores que quieren cobrar y más de 99 mil millones de pesos de deuda.

Por último, la presentación de la titular de IPJSF, María Victoria Stratta, desliza una molestia para con la decisión del juez de exigirle a ese organismo del Poder Ejecutivo provincial, y no directamente a la empresa concursada, las pruebas sobre el entramado societario: “Cada hecho que se mencionó en el escrito del 19 de junio estuvo acompañado de su fuente probatoria, por lo que entiendo que no debería aportarse nada más, teniendo en cuenta que se trata de manifestaciones de la propia concursada y de los legajos obrantes en esta Inspección. Pero es claro que V.S. (vuestra señoría) así no lo ha entendido, por lo que se procede a reiterar las fuentes y agregar otras nuevas”, dice de arranque. Sobre el final, después de un despliegue de 19 páginas, suelta otro dardo dirigido al juez Fabián Lorenzini: “¿Verdaderamente considera el Tribunal que hace falta más prueba que la descripción hecha por ellos mismos?”, en referencia a las sociedades que Vicentin dice controlar en su página web y en sus estados contables anteriores.