Diversos senadores de Santa Fe recurrieron a la Justicia para obligar a Javier Milei a reparar las rutas de la región. Los tres casos y los resultados.
Senadores recurren a la Justicia para obligar a Javier Milei a reparar las rutas de la región.
La paralización de la obra pública a nivel nacional, impulsada por el gobierno de Javier Milei como parte de su política de ajuste, encontró en Santa Fe una respuesta judicial. Ya son dos las presentaciones que se realizaron y que obligan a Vialidad Nacional al mantenimiento de las rutas. Ahora, se sumó una tercera.
En distintas localidades de la provincia, legisladores de diversos signos políticos recurrieron a la Justicia para exigir que el Estado Nacional cumpla con su responsabilidad: mantener el estado de las rutas y avanzar con las obras públicas viales que quedaron inconclusas, en algunos casos, o ralentizaron, en otros. El drama pone en juego la vida de cientos de automovilistas que transitan por caminos absolutamente deteriorados.
Los amparos fueron presentados por un diputado y dos senadores provinciales, preocupados por el deterioro de la Ruta 11, al norte de Santa Fe, la 8, 33 y 7 en el sur, y el último por la fatídica Ruta 34, en el oeste, donde los accidentes están a la orden del día.
En los primeros dos casos, la Justicia dio la razón al planteo y obligó al mantenimiento de parte de Vialidad.
El primer caso es el del diputado provincial Dionisio Scarpin, quien interpuso un recurso de amparo ante la Justicia federal para exigir la reparación de la Ruta Nacional 11, en el tramo que atraviesa los departamentos Vera, San Javier y General Obligado, entre los kilómetros 655 y 931.
A comienzos de marzo, el juez federal Aldo Alurralde dio lugar a la medida y ordenó al Gobierno Nacional que avance en la reparación de la ruta, estableciendo plazos concretos. Según la resolución judicial, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) deberá presentar informes bimestrales sobre el avance de la obra y finalizar las reparaciones antes del 28 de abril de este año. Esta decisión marca un precedente, al obligar al Ejecutivo nacional a retomar obras suspendidas en el marco del ajuste fiscal.
Otra decisión judicial clave llegó desde Venado Tuerto. La senadora provincial Leticia Di Gregorio presentó una medida cautelar ante la Justicia federal para exigir intervenciones urgentes en los tramos más deteriorados de las rutas nacionales 8, 33 y 7.
El juez Aurelio Cuello Murúa ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad que inicie de inmediato tareas de señalización, desvíos y bacheo en los trayectos más afectados, estableciendo un plazo máximo de 10 días para el inicio de las obras. La medida cautelar, presentada el 11 de marzo, tiene una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga hasta que se garantice el cumplimiento de las reparaciones.
Los trayectos más comprometidos incluyen la Ruta 8 entre Venado Tuerto y Santa Isabel, la Ruta 33 entre Sancti Spíritu y Firmat, y la Ruta 7 en toda su extensión dentro del departamento. La resolución responde a la preocupación de los vecinos y transportistas, quienes denuncian el peligro que implica transitar por estas vías en su estado actual.
El tercer caso relevante es el del senador provincial del departamento Castellanos, Alcides Calvo, quien impulsó una presentación judicial ante el Juzgado Federal de Rafaela para exigir la reactivación inmediata de las obras de conversión en autopista y el mantenimiento del tramo de la Ruta Nacional 34 comprendido entre Ataliva y Sunchales.
Calvo, respaldado por vecinos, comerciantes e intendentes de la región, denunció la inacción del Gobierno Nacional en la ejecución de esta obra fundamental para la conectividad y el desarrollo del oeste santafesino. La Justicia evalúa el amparo y se espera que, en línea con los otros fallos, se ordene a la DNV retomar los trabajos detenidos.
El panorama que enfrenta Santa Fe es el reflejo de una política nacional que ha priorizado el recorte del gasto público en detrimento de la infraestructura. Ante la inacción del Ejecutivo, la Justicia se convirtió en la única vía para garantizar que las rutas nacionales no se conviertan en un peligro latente para los conductores.
Los fallos favorables obtenidos hasta el momento demuestran que la estrategia judicial es efectiva.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo provincial vienen sosteniendo reuniones prácticamente mensuales con funcionarios nacionales y de Vialidad, pero hasta el momento todas resultaron infructuosas y la respuesta siempre es similar: "No hay plata". Hasta febrero habían sido 13 las audiencias entre las partes.
"Vinimos por decimotercera vez hasta acá por la situación de las rutas nacionales, por la demora y la falta de inversión que tiene el Gobierno nacional en la reparación de rutas, con lo peligroso que es para el interior del país. Solicitamos, como el año pasado, que se cumplan los compromisos de reparación de rutas, caso contrario, el Gobierno de Santa Fe está dispuesto a tomar rutas nacionales para hacer un esquema y pasarlas a la provincia", marcó Lisandro Enrico, luego de ese encuentro.
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