El titular del Sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe, Pedro Fernández, evalúa la posibilidad de querellar a los denunciantes por los posibles daños y perjuicios generados, y no descarta denunciarlos penalmente por los delitos de injurias y calumnias.
Pedro Fernández conduce el Sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe.
Por decisión de la fiscal de Delitos Complejos, Barbara Illera, la Justicia decidió archivar la causa por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, evasión y lavado de activos, iniciada en 2022 al secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe, Pedro Fernández.
Luego de casi dos años de investigación, Illera llegó a la conclusión de que no existen pruebas como para avalar las sospechas planteadas por los denunciantes Luis Alberto Valinotti, empleado de la Empresa Provincial de la Energía en la ciudad de Santa Fe y exafiliado del sindicato; Luciano Marcos Rossi, empleado de la EPE en la ciudad de Santa Fe y exafiliado; y María Liliana Di Bernardo, jubilada, exempleada de la EPE en la ciudad de Santa Fe y exafiliada del gremio.
La denuncia no solo apuntaba a Pedro Fernández, sino también a su esposa Silvina Mabel A.; sus hijas D.N.F. y N.S.F.; y la pareja de una de ellas, G.G.H.
El abogado Ignacio Alfonso Garrone, defensor de Fernández y de su familia, aseguró: "La verdad es que no había ningún tipo de asidero para este tipo de denuncia. Era una denuncia inflada que mezclaba los bienes que había tenido a lo largo de toda su vida, inventaba propiedades en el extranjero que jamás se pudieron acreditar, ni siquiera por los denunciantes cuando fueron citados a exponer".
En el programa Creo, que se emite cada mañana en AIRE, Alfonso Garrone insistió en que los denunciantes hablaban de inmuebles en el exterior, "pero fueron a Fiscalía y no tenían la mínima noción de dónde podían existir".
"De las pericias de los movimientos de fondos de Fernández -añadió- no surgió ningún indicio de propiedades en el exterior".
A partir de ahora, Fernández y Alfonso Garrone evaluarán la posibilidad de querellar a los denunciantes por los posibles daños y perjuicios generados, y no descartan denunciarlos penalmente por los posibles delitos de injurias y calumnias.
Pocas semanas después de presentada la denuncia, Fernández y su abogado se presentaron ante la Justicia con 18 carpetas con su información patrimonial: "Podríamos haber esperado que la Fiscalía investigara y lo citara, pero la decisión de Fernández fue presentarse directamente con estos informes de ingresos y egresos, avalados por un contador".
Durante estos casi dos años, desde la Justicia de Santa Fe se solicitaron información a la Afip, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central de la República Argentina, la EPE, el Registro General, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, inmobiliarias y hasta barrios privados, para determinar si efectivamente el denunciado contaba con un patrimonio que no se correspondiera con sus ingresos.
"Un perito contable del Poder Judicial pidió informes a todos y a cada uno de los organismos del Estado, a privados... analizaron consumos, gastos... fue una investigación que llevó mucho tiempo", dijo Alfonso Garrone.
E insistió: "Todo arrojó resultados negativos porque habían mezclado el patrimonio de esta persona a lo largo de su vida y lo habían presentado como su fuera actual, además de inventar campos en el extranjero y propiedades que nunca existieron".
El abogado explicó que, en la denuncia, se dijo que Fernández había entregado campos a su yerno del momento. Sin embargo, "cuando se realizan las inspecciones en Catastro, resultó que los campos eran de la madre de esta persona, que habían sido donados y que se trataba de pequeñas parcelas en una localidad de Santa Fe".
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