La Federación de Colegios de Abogacía de la Provincia de Santa Fe, integrada por los Colegios de Abogacía de la provincia (Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto) y sus respectivas delegaciones, celebró su primer aniversario de trabajo.
Los integrantes de FECASFE se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. En el acto tomaron la palabra los presidentes de las entidades, Andrés Abramovich, Carlos Ensinck, Patricia Virili, Enrique Soffietti y Alberto Turcato, quienes destacaron el trabajo gremial mancomunado, para fortalecer la calidad institucional de la provincia de Santa Fe.
Señalaron los organizadores que “recientemente, fruto de un proceso participativo, de la madurez y del trabajo colectivo de todos los colegios de la provincia, se ha creado FECASFE, que materializa y canaliza la unidad de la abogacía santafesina y que, a partir de su creación, es un actor central del derecho y del servicio de justicia. La federación significa la unión en la representación de los intereses gremiales, la defensa irrestricta de las incumbencias profesionales, con el primordial objetivo de dignificar el ejercicio profesional de los casi 20.000 abogados y abogadas de toda la provincia”.
Contención de conflictos
En el marco de la pandemia, el accionar de la Federación se basó en posicionar a la abogacía una actividad esencial y primera red de contención de todos los conflictos sociales antes de que se judicialicen. La misión de la abogacía es lograr la pacificación social, además de ser el nexo insustituible entre los ciudadanos y el poder judicial, y única garante del acceso a la justicia.
La federación ha realizado innumerables gestiones y presentaciones ante el poder judicial con miras al cumplimiento de objetivos comunes de los colegios, pero no solo concentraron su accionar con ese poder del Estado, sino que también se ha consensuado y establecido una agenda legislativa propia, presentando dos proyectos de ley -hoy en trámite en el senado provincial-, que plasman aspiraciones históricas de los colegios de abogacía: el primero, establecer como de orden público el mínimo de los honorarios profesionales; y el segundo, la sanción legislativa de un sistema de licencias, que reconozca derechos laborales para la abogacía.
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