A 50 años del último golpe militar en Argentina, la abogada y activista de derechos humanos Lucila Puyol trazó un balance histórico y jurídico sobre los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe y advirtió sobre una deuda que, según remarcó, sigue vigente: el juzgamiento de la complicidad civil y económica.
Puyol puso el foco en lo que definió como una deuda estructural: avanzar sobre los responsables civiles y económicos de la dictadura
Durante una entrevista en el programa Creo, Puyol repasó el recorrido de los procesos judiciales desde el regreso de la democracia en 1983, con avances, retrocesos y una reactivación que recién se consolidó décadas más tarde.
De los primeros juicios a la paralización
Puyol recordó que el proceso judicial se inició con fuerza en 1985, a partir de la investigación de la CONADEP y el posterior Juicio a las Juntas. “Fue el primero, el inicial, muy importante, si bien no fueron condenados todos, sí fueron condenados los más importantes”, explicó.
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Sin embargo, ese impulso se vio interrumpido poco después. “En 1986 y 87 se detuvieron todos esos juicios con las leyes de obediencia debida y punto final. Ahí se cortaron los juicios, luego vinieron los indultos”, señaló.
Durante ese período, describió una etapa de “latencia”, sostenida por el reclamo de los organismos de derechos humanos y un consenso social que mantuvo vigente la exigencia de “juicio y castigo”.
El reinicio y las condenas en Santa Fe
El proceso se reactivó años después, tras la nulidad de las leyes de impunidad. En Santa Fe, la primera condena llegó recién en 2009. “Muchísimo tiempo”, resumió Puyol.
Desde entonces, se desarrollaron más de 15 juicios en la ciudad y alrededor de 30 en la provincia, aunque aún quedan causas en etapa de instrucción.
En cuanto a las condiciones de detención, advirtió que la mayoría de los condenados no cumple prisión efectiva. “Hay un informe que indica que el 80% de los condenados está en prisión domiciliaria”, detalló.
Lentitud judicial y causas abiertas
Pese a los avances, la abogada marcó la lentitud del sistema judicial como uno de los principales problemas. Como ejemplo, mencionó la causa vinculada a los ex presos de Coronda, iniciada en 2018 y que aún no fue elevada a juicio.
“Posiblemente 10 años van a transcurrir hasta que haya un segundo juicio. Están muy lentos”, cuestionó.
La deuda: la responsabilidad civil y económica
En ese contexto, Puyol puso el foco en lo que definió como una deuda estructural: avanzar sobre los responsables civiles y económicos de la dictadura. “Hay una deuda que es los responsables económicos, los cómplices, instigadores, beneficiarios. Esa es una todavía estamos en esa investigación”, afirmó.
Según explicó, se trata de sectores que “pidieron el golpe, lo sostuvieron” e incluso aportaron recursos materiales. “Le dio incluso los elementos, hasta lugares, centros clandestinos que estaban financiados por esas empresas. Bueno, eso aún falta”, remarcó.
Así, a medio siglo del golpe, el balance de los juicios en Santa Fe deja en evidencia avances en materia de condenas, pero también pendientes que siguen marcando la agenda de los derechos humanos en Argentina.
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