El enfoque oficial, según pudo saber AIRE, es que el afiliado a la obra social provincial paga una cifra irrisoria en blanco a través de los mecanismos habituales pero en paralelo debe abonarle en negro una suma considerable al prestador.
De esa mirada surge que los incrementos determinados por la flamante disposición Nº 45, que también publicó este medio, hagan juego con lo que funcionarios del área catalogan como “cruzada contra el plus”. Los detalles aún no trascendieron.
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Siempre según la mirada del gobierno, esa distorsión resulta además gravosa para el Iapos por la existencia de una masa importante de afiliados que tiene a la vez otra obra social.
La consecuencia es que el instituto provincial termina cargando con las prestaciones más caras y las otras entidades costean las más baratas. Una suerte de “Estado bobo”. Ese argumento será una de las líneas discursivas oficiales.
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El Iapos “ha observado durante el primer trimestre del presente ejercicio un déficit presupuestario que supera el 5% del total de sus recursos en el mismo período.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
En la misma línea, está previsto también un aumento sensible en el Sistema Abierto de Iapos, que involucra al universo de afiliados que fueron titulares de la obra social y desearon seguir manteniendo esa cobertura, incluido eventualmente su grupo familiar primario.
En estos casos se paga una cuota mensual preestablecida, cuya cifra se estima en el valor promedio del aporte que recibe el instituto. En números aproximados: pasaría a costar unos 80 mil pesos.
Un debate que no aparecerá en el corto y mediano plazo pero sí asoma en el horizonte es el del porcentaje de aporte del trabajador estatal sobre el sueldo, determinado en el 3,5% desde la creación del Iapos. Para una modificación de este punto sería necesaria una ley.
Todos estos cambios se dan en medio de una crítica situación de la obra social provincial, que derivó en el pase de la gestión administrativa a la órbita del ministerio de Economía.
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El Iapos “ha observado durante el primer trimestre del presente ejercicio un déficit presupuestario que supera el 5% del total de sus recursos en el mismo período, lo cual exige por parte de este Poder Ejecutivo tomar con premura definiciones tendientes a afrontar el déficit y evitar su consolidación de forma tal de no poner en riesgo el sistema de prestaciones médico asistenciales y de seguridad social de los afiliados”, dice el decreto mediante el cual se formalizó el traspaso.
En ese mismo decisorio se advierte que “sin desconocer el contexto económico complejo (…) y más allá de razones estructurales, la divergencia señalada (entre recursos y erogaciones) se vio intensificada por decisiones tomadas durante el segundo semestre de 2023, las cuales han tenido un fuerte impacto en el gasto durante el comienzo del presente ejercicio”.
Este último párrafo adquiere una mayor relevancia al observar un decreto más reciente, el Nº 649 del 24 de mayo, al que tuvo acceso AIRE. En ese documento se indica que “el Resultado del cierre de Ejercicio 2023 del IAPOS arroja financiamiento positivo” y en consecuencia “corresponde incorporar al presupuesto vigente para el corriente ejercicio a dicho superávit como recursos propios”, por lo cual “resulta procedente efectuar las modificaciones presupuestarias pertinentes para incorporar al Presupuesto del corriente ejercicio los Saldos no Invertidos de Recursos percibidos en los años 2022 y 2023 que no fueron aplicados a Erogaciones” por “la suma total de $4.266.385.883,71”.
Traducción: para el gobierno de Maximiliano Pullaro, el equilibrio financiero que ostentaba el Iapos hasta el año pasado se quebró porque, entre otras razones, se otorgaron aumentos sustanciales a los prestadores en la segunda mitad de 2023 que recién impactaron plenamente en 2024.