Las dificultades de entendimiento entre el Ejecutivo y las cámaras legislativas no son ninguna novedad de este primer año y medio de la gestión de Omar Perotti. Ahora se terminaron por clausurar todas las posibilidades con el enfrentamiento interno en el peronismo y el proceso electoral en marcha.
El gobierno no manda pliegos para completar vacantes porque, con razón, entiende que sin un preacuerdo previo es someter los nombres al desgaste y a la fricción política, siendo que en muchos casos son profesionales que se prepararon y concursaron cargos, por ejemplo para los cargos en el Poder Judicial. En otros casos, como empresas o entes, donde la promoción de nombres es estrictamente sectorial, los avances están más complicados todavía.
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La Provincia no envía pliegos a la Legislatura ante la posibilidad de que sean rechazados por la falta de acuerdos.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
En la Secretaría de Justicia de la provincia hay 13 pliegos de jueces a la espera de ser enviados a la Legislatura. Entre ellos los tres seleccionados para inaugurar la flamante Cámara Civil y Comercial de Rafaela. Son candidatos que atravesaron el proceso de selección técnica, pero que aún deben sortear la instancia política que prevén la Constitución y las leyes: es decir, obtener el acuerdo de la Asamblea Legislativa a partir de la elección y propuesta del candidato que hace el gobernador.
Algunos de esos pliegos están a la espera de viajar a la Legislatura desde principios de año. En varias oportunidades estuvieron a punto de dar ese paso, pero las turbulentas alternativas de la relación Gobierno-Legislatura, sobre todo al ritmo de los acontecimientos que rodearon a los casos del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y el senador Armando Traferri, hicieron que la Casa Gris desistiera ante la posibilidad concreta de que se los rechazara.
La última vez que sucedió fue a principios de julio. Las conversaciones estaban muy avanzadas –al igual que la ley de conectividad en Diputados– cuando el fiscal de Estado, por orden del gobernador, se allanó en una demanda que Sain inició ante la Legislatura sin consultarla ni representarla. Todo volvió a fojas a cero y los pliegos volvieron a quedar apilados en los anaqueles de la Secretaría de Justicia.
En la actual etapa, el encargado de llevar adelante los contactos con la Legislatura es el secretario de Gobierno Oscar Urruty, un funcionario que fue legislador provincial y conoce la dinámica y las lógicas que rigen el trabajo legislativo. Sin embargo, los avances que consiguió en la mesa de negociación con senadores y diputados terminaron congelados por las alternativas de la conflictiva relación institucional en la provincia.
Desde que asumió el actual gobierno en diciembre de 2019, solo se aprobaron dos pliegos de defensores públicos en 2020 y tres pliegos de subrogantes semanas atrás. Es un número muy bajo, pero debe aclararse que no hay pliegos “pisados” en la Legislatura. Solo están pendientes los 13 de jueces que el Ejecutivo no envía para evitar que sean rechazados o tener que retirarlos antes de que venzan los plazos legales. Esos 13 pliegos de jueces, que están listos para entrar a la Legislatura, representan exactamente la cuarta parte de la cantidad de vacantes en juzgados del Poder Judicial santafesino.
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El senador Armando Traferri, ahora jaqueado por la causa del juego clandestino, lideró en el Senado la oposición a proyectos importantes del Gobierno.
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Otro tanto ocurre en el Ministerio Público de la Acusación. En una nota interna del pasado 13 de julio se informaron las vacantes actuales en toda la provincia. Son 56 en total las que requieren acuerdo legislativo: 21 fiscales titulares y 35 fiscales adjuntos. De esos 56, una veintena son cargos que ya estaban operativos, por lo tanto tienen presupuesto pero no se cubrieron; los restantes fueron creados por ley pero no se implementaron. En la actualidad hay menos de 170 fiscales en funciones, por lo tanto las 56 vacantes representan un cuarto del total de los cargos creados.
En resumen, esas 56 vacantes no están concursadas o están en proceso de concurso, por lo tanto aquí el problema no es la falta de feeling entre la Casa Gris y la Legislatura.
El Gobierno estaría lanzando en agosto un concurso múltiple de fiscales y fiscales adjuntos antes de que termine el año de manera de llenar vacantes y tener un banco de suplentes para evitar tener que hacer un concurso específico ante cada faltante. Pero esa es la parte del proceso técnico, habrá que ver si el año que viene hay mejores condiciones para acelerar los acuerdos políticos en la Legislatura.
Mientras tanto, con semejante número de vacantes el Poder Ejecutivo se ahorra 173 millones anuales en salarios de fiscales. Una situación similar es la que ocurre con las 52 vacantes de jueces, aunque hay que tener en cuenta que sus salarios son sustancialmente más altos, por lo cual la partida involucrada es mayor.
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Hasta ahí lo referido a la Justicia. Pero también directores de empresas del Estado y entes de control requieren acuerdos legislativos, aunque en estos casos no deben pasar por los extensos concursos previos que caracterizan al Poder Judicial,
En el ente regulador de Servicios Sanitarios, por ejemplo, hay al menos una vacante; acaba de sumarse la del defensor del pueblo esta semana; tres en radio y televisión santafesina: falta el representante de los senadores por la mayoría y en noviembre vence el mandato del representante de la minoría; faltan los dos representantes de la Cámara de Diputados; y el director obrero que nunca fue designado.
Cabe destacar que ninguno de estos casos supone acefalía o impide el funcionamiento, con lo cual es probable que sigan en la actual situación durante un tiempo largo, hasta que amaine la confrontación político-institucional y pueda volver a hablarse de estas situaciones.
