La medida tiene como objetivo profundizar las tareas de auditoría, reorganización y saneamiento institucional de la fuerza en esa jurisdicción.
La intervención de la Unidad Regional II había sido dispuesta inicialmente el pasado 5 de mayo, a través de la Resolución N.º 1292, tras detectarse "diversas situaciones que comprometían la eficiencia, transparencia y legalidad" en la gestión operativa y administrativa de la dependencia. En ese marco, se inició una auditoría integral y se desplazó a parte de la cúpula policial.
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Entre los cambios implementados, se nombró como interventor y jefe de la Unidad al director general de Policía Claudio Alberto Romano, quien fue reincorporado a la función activa por Resolución N.º 1480, emitida el 26 de mayo y continuará al frente de la jefatura durante esta nueva etapa.
Según consta en la resolución publicada, el objetivo de la prórroga es "completar la regularización de la situación administrativa y operativa" de la dependencia, dando continuidad al proceso iniciado hace tres meses. Al finalizar este nuevo período, el interventor deberá presentar un informe pormenorizado sobre el estado de situación y las acciones llevadas a cabo.
La intervención se enmarca en las facultades que otorgan al Ministerio de Seguridad tanto la Constitución provincial como la Ley Orgánica de Ministerios y la Ley de Emergencia en Seguridad Pública, las cuales permiten revisar y reformular el funcionamiento del sistema policial.
La causa de la intervención de la policía en Rosario
Cabe recordar que la decisión del Gobierno provincial de intervenir la Unidad Regional II respondió también a la investigación en curso sobre un esquema de sobrefacturación de combustibles para patrulleros que operaban en el sur provincial.
El escándalo derivó en una fuerte reestructuración interna, con remociones en la cúpula policial de Rosario.
