El gobierno de Pullaro impulsa una segunda ola de reformas de leyes para consolidar el Plan de Seguridad en Santa Fe
En la Legislatura santafesina se debate el paquete de leyes “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, presentado por el Poder Ejecutivo, que busca modificar legislación vigente, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y persecución del delito.
Indican que las modificaciones en Seguridad impulsan “un cambio de paradigma".
El Gobierno de Santa Fe impulsa en la Legislatura provincial el paquete de leyes denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que apunta a modificar varias de las leyes vigentes, entre otras, dar más competencia a la policía al momento de las detenciones y la conformación de un sistema provincial de intervención en los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos, entre otros puntos.
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En ese contexto, el debate avanza por estas semanas en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados con la participación de actores de la sociedad santafesina, entre ellos la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa, colegios de abogados, centros de estudios, asociaciones civiles y otras instituciones.
Al respecto, el diputado provincial y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Martín Rosúa, recordó que al asumir la gestión del gobernador Pullaro, en Rosario “había bandas narcocriminales sembrando terror en las calles”, con una “situación gravísima donde habíamos alcanzado 290 homicidios en 2022 y 261 en 2023 en el departamento Rosario, sumando 400 muertos violentos en la provincia”.
Ante esto, el legislador reconoció que “vino una gran ola de reformas” impulsadas por el gobierno de Pullaro y enumeró la sanción de la ley de Emergencia en Seguridad, la ley de Inteligencia, una ley para intervenir las cárceles, la ley de Microtráfico y dos reformas al Código Procesal Penal. “Todas esas reformas tuvieron la misma discusión que se está dando ahora”, aseguró y al mismo tiempo afirmó que fueron exitosas porque “tenemos 70 % menos de homicidios en Rosario, la mitad de los delitos en la provincia y se recuperó la paz social”.
Rosúa reconoció que ahora desde el Gobierno Provincial “ven que el delito no se terminó, sino que las organizaciones criminales se están reconfigurando, y por eso se necesitan estas medidas para estar a la altura del delito que viene cada vez más complejo y sofisticado”.
Cambio de paradigma
El diputado manifestó que las modificaciones en Seguridad impulsan “un cambio de paradigma” para comenzar a discutir “cómo el Estado empieza a cumplir sus obligaciones con las víctimas y con la sociedad”, por lo cual, agregó que esas herramientas “no tienen que ver con discusiones de fondo, de teoría penal, sino con cuestiones de sentido común”.
El legislador santafesino utilizó un ejemplo para referirse a uno de los cambios que se impulsan en el paquete de leyes, como son los allanamientos automáticos por tenencia de armas en vía pública. “Si una persona va por la calle con un arma o con explosivos, es lógico que la allanemos de inmediato, ya que es muy probable que podamos interrumpir la comisión de un delito o encontremos un lugar de acopio de droga o de armas”, postergando de esta manera el control judicial a posterioridad de la medida. Rosúa dijo que en estos casos, no se resienten las garantías, sino que lo que se hace es “un reordenamiento temporal, donde primero se toma la medida urgente y después se aplica el control”.
Además, Rosúa puntualizó en otras de las modificaciones propuestas, relacionada a que la policía pueda interrogar sospechosos: “Es la posibilidad de que cuando la policía llega a la escena de un delito, tome la información que tienen las personas presentes en el lugar, para poder evitar un mal para la seguridad pública o para detener un peligro inminente”, detalló y aseguró que “si esa persona decide no prestar declaración, automáticamente se convoca a su abogado defensor y las garantías quedan cubiertas”.
Ante todo esto, el legislador provincial planteó que el objetivo es “analizar cada problema, la proporcionalidad que presenta, las herramientas para solucionarlo y cuáles son los controles que ponemos en la ley para que se respeten las garantías y los derechos constitucionales”, afirmando que “si las bandas criminales se van haciendo cada vez más sofisticadas y más complejas, desde el Estado debemos tener herramientas con regulación, autorización judicial, totalmente reguladas y blanqueadas en la ley”.
