El gobierno provincial envió a la Legislatura y habilitó para tratar en período de sesiones extraordinarias un proyecto de ley para eximir del pago de impuestos provinciales por 10 años a los call centers que ya funcionan en la provincia o los que se radiquen en el futuro.
El sector ya contaba con beneficios fiscales. En diciembre de 2016 se le fijó una alícuota especial en Ingresos Brutos de 1,55% contra el 4,5% de la alícuota general del impuesto. La ley nunca se reglamentó, lo que no impidió que las empresas igual liquidaran el impuesto con la menor imposición. De aprobarse el proyecto que ingresó el lunes en el Senado, pasarán a estar eximidas por un década de pagar los impuestos provinciales: Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos.
El mensaje a la Legislatura defiende la desgravación total a los denominados call centers para “el mejoramiento de los niveles de inversión y empleo”, “en especial en zonas urbanas y respecto de sectores jóvenes de la sociedad”.
También dice que busca igualar los beneficios con otras provincias. “Es importante que las legislaciones tributarias y la promoción de actividades o sectores se mantenga de manera homogénea en la región, evitando así desequilibrios entre provincias de similares características que redunden en desmedro del empleo o la inversión en Santa Fe”.
Sobre esto, Roberto Sukerman, que trabajó el proyecto como ministro de Trabajo junto con Economía, y a partir de un pedido de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, indicó: “Hay una cuestión marco que llevó al gobernador a impulsar esto y es que se presenta la posibilidad de atraer inversiones en un momento donde es necesario recuperar actividad económica y empleo”. Además, Sukerman señala que “es una actividad que está en crecimiento, hay menos presencialidad y se usan más estos servicios; es importante empujarlo ahora”.
La competencia entre provincias es un aspecto largamente debatido. Córdoba es la que hace punta. Desde 2002 tiene desgravación fiscal para el sector. Vencido el plazo de 10 años lo renovó por otros 10. En 2017 directamente lo quitó del régimen de promoción y lo incluyó en el Código Tributario como exención permanente y definitiva. En noviembre pasado también Chaco aprobó un régimen de beneficios fiscales, y se suma así a regímenes parecidos en Entre Ríos y Capital.
Desde que en los 90 comenzaron a desarrollarse fuerte los call centers y sitios de alojamientos de datos o web hostings, los empresarios del sector desplegaron fuertes y transversales lobbys sobre los distintos gobiernos y fuerzas políticas para conseguir beneficios fiscales.
Por las características del negocio siempre sobrevuela la amenaza de mudarse otras jurisdicciones y suprimir fuentes de trabajo. Muchos de los empleados de estas empresas son jóvenes, familiarizados con la tecnología, bilingües y en formación universitaria que acceden a su primer empleo.
La Asociación de Empleados de Comercio de Rosario jugó un rol clave en el proyecto de ley del Ejecutivo. En enero y abril de 2020 ingresó solicitudes formales al gobierno provincial solicitando igualar los beneficios fiscales con las provinciales de Córdoba, Chaco y Tucumán. El pedido abarcaba la desgravación de los tres impuestos provinciales más subsidios para el pago de salarios y capacitación.
En un tercer punto proponía que el gobierno ofrezca a las empresas que vengan a Santa Fe radicarse en cuatro puntos de la provincia: Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista para evitar el desarraigo de miles de jóvenes que pueden desarrollar estas tareas en sus territorios.
Según Empleados de Comercio, Córdoba tiene 20 mil empleos en el sector; Tucumán 9 mil; Chaco 6 mil, y Rosario 2 mil. El detalle es que hasta 2015, Rosario tenía 5 mil puestos de trabajo. En la provincia hay 12 empresas, todas radicadas en Rosario.
Las condiciones de trabajo atraviesan históricamente el debate por los beneficios fiscales, porque las empresas tienen una alta movilidad laboral y se las acusa de valerse contratos basura, como popularmente se conocen.
Según Sukerman, “está pasando que ese primer empleo que fue el call centers estos últimos años con la crisis terminó siendo un empleo más duradero ante la falta de otras posibilidades en el mercado laboral. Es un aspecto que también consideramos”.
El mensaje que envió el Ejecutivo a la Legislatura mantiene los alcances conceptuales de la ley 13617 de 2016. Define las actividades de call centers como “las bases de operaciones regionales, nacionales o internacionales cuya organización de recursos humanos, de tecnología informática y telefónica, por medio del funcionamiento conjunto de los mismos y el acceso a bases de datos, satisface necesidades empresariales propias o de terceros, tales como venta, atención a clientes, confección de estadísticas y reclamos”.
También condiciona el beneficio a la inscripción en “el registro de empresas dedicadas a la actividad de calI centers e informar el total de la dotación de personal incorporado conforme las normativas existentes al respecto, registrados bajo las condiciones que establecen las leyes nacionales y provinciales pertinentes”.
Ni antes ni ahora aparecen otros condicionantes en cuanto a modalidades de contratación ni plazos de la relación laboral.
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