2020 fue el año de la pandemia. Y en Santa Fe también fue el año de Vicentin. Enero comenzó con la incertidumbre propia de un default récord que apenas tenía un mes y una empresa que declaraba que no se presentaría a convocatoria de acreedores. Diciembre termina no sólo con el concurso preventivo bastante avanzado, sino con un oscuro panorama para los damnificados. Lo dicen los acreedores, lo dicen los veedores, lo dicen los fiscales a cargo de las múltiples investigaciones penales abiertas: así como están las cosas no se ve de dónde la empresa pueda generar el dinero necesario para pagar su deuda.
¿Qué quedó del gigante Vicentin SAIC un año después? De ser una de las empresas líderes del mercado industrial agroexportador argentino pasó a ser una simple prestadora de servicios que alquila sus instalaciones para que las utilicen sus ex socios y ex competidores. Silos, procesadoras de soja, elevadores, puerto, todo fue a contratos a fasón, lo que genera suficientes ingresos para sostener fuentes de trabajo, pagar salarios, impuestos, servicios básicos y algo de mantenimiento. Pero ni soñar de pagarle a los acreedores.
La deuda declarada en la presentación del concurso era de 99.000 millones de pesos, aunque hay que tener en cuenta que parte importante de esa deuda era en dólares o ajustables por la cotización de esa moneda. Más allá de que después se pague en dólares o pesos ajustados, el pasivo actualizado supera holgadamente aquella suma, teniendo en cuenta que la cotización del dólar es 45% superior a la del 10 de febrero, fecha de presentación de la solicitud de apertura del concurso.
En definitiva, un año después y con los números actuales, la quiebra sobrevuela el juzgado civil y comercial número 2 de Reconquista, a pesar de que accionistas y funcionarios del concurso no quieran oír hablar de esa palabra y sobreactúen enojo cuando se la pronuncia en público. Para mantener viva la llama de una salida, el remozado directorio de Vicentin retomó contacto con los principales acreedores por un hipotético acuerdo extrajudicial.
Por ahora charlas que no pasaron de lo protocolar. Los acreedores de peso se dividen entre los que ponen como condición que los actuales accionistas entreguen el control total de la empresa, y los que están dispuestos a escuchar bajo ciertas condiciones. La fundamental es que cualquier acuerdo debe incluir el resto de las empresas del grupo. Con Vicentin sola no alcanza, como lo está mostrando el trámite concursal.
En síntesis, los grandes acreedores trabajan en tres frentes: el de la Justicia penal (juzgados federales de Reconquista y Ciudad de Buenos Aires, y los Tribunales de Rosario) con el que buscan acorralar por delitos económicos a los cabezones de Vicentin y recuperar dinero vía ubicación e incautación de bienes; el del concurso, que es el menos prometedor; y el de un posible acuerdo extrajudicial a través de un fideicomiso o alguna fórmula similar que permita capitalizar parte de la deuda y hacerse del control del grupo.
Esta última opción, como se dijo, está muy verde, pero también hay que tener en cuenta que casi todo el mercado comercial de granos que tenía Vicentin ya fue ocupado por otros jugadores. Mayormente Oleaginosa Moreno, del grupo Glencore, y en menor medida Díaz & Forti, del grupo Olio, cuyo crecimiento vertiginoso en consonancia con la caída de Vicentin deja más dudas que certezas.
Concurso e impugnaciones
En cuanto al concurso, comenzó un nuevo round cuando la sindicatura presentó su informe de acreencias individuales. Aire Digital quiso conocer el pasivo total verificado por la sindicatura pero no hubo caso. O no lo informó o no lo quieren revelar. Por otro lado, los damnificados estallaron de furia porque los síndicos admitieron un reclamo de U$S 67 millones que la subsidiaria Vicentin Paraguay le reclama a Vicentin SAIC.
El juez es el que tiene la última palabra. Es importante porque si esos 67 millones se los lleva la propia Vicentin por la ventanilla paraguaya, son 67 millones menos a repartir entre los acreedores. Irónicamente los productores tienen como aliados a los grandes bancos extranjeros porque son éstos los más activos para “tumbar” los créditos intrafirma como el de Vicentin Paraguay. Estos fondos que iban y venían entre las mismas empresas del grupo bajo la etiqueta de préstamos están sospechadas de haber sido uno de los mecanismos para despatrimonializar a Vicentin SAIC y derivar fondos a sociedades vinculadas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España.
Además de Vicentin Paraguay, la sindicatura admitió reclamos de los propios accionistas de Vicentin, en su mayoría por dividendos impagos. ¿Son reales esos dividendos cuando el balance de 2019 blanqueó pérdidas millonarias y fue denunciado por contenido falso, cuestión que a su vez pone en dudas si los números de 2018 eran reales? Al mismo tiempo aparecen cuentas por cobrar de Vicentin a sus accionistas, en este caso por préstamos de cifras que van de cientos de miles hasta millones de pesos.
Otro nudo que está en manos del juez Lorenzini resolver. El juzgado deberá resolver en el primer trimestre de 2021 qué reclamos de los que admitió la sindicatura deja en pie y cuáles no. Antes que eso, se abre el periodo en el que los acreedores pueden impugnar los números de la sindicatura.
El caso de Vicentin Paraguay se lleva el primer puesto, pero también son significativas las desavenencias en torno a los números que reclaman los organismos tributarios de los distintos niveles del Estado. A la Afip y la API los síndicos le habrían reconocido cifras muy similares a las que informó el directorio de Vicentin, que representan entre el 15 y 20% de los $9.500 y 407 millones que reclamaron en el concurso.
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