Cinco fueron acusados ante una jueza, mientras que el sexto escuchó los cargos en su contra en una audiencia realizada en Fiscalía. Qué dice cada parte.
Seis sindicalistas fueron formalmente imputados este jueves en el marco de la causa que investiga los disturbios ocurridos en la Legislatura de Santa Fe, durante la sesión de la reforma jubilatoria ocurrida el pasado 12 de septiembre.
Los acusados fueron identificados como Román González, Franco Casassola, Diego del Castillo Curbelo (Amsafé Rosario), Maximiliano Molina (ATE Rosario) y Mauro Corna (Sindicato de Municipales de Venado Tuerto). Todos imputados por perturbación de una sesión legislativa y daños agravados.
En el caso de Corna, las fiscales del caso, Laura Urquiza y Yanina Tolosa, le achacaron también la tenencia de un arma de fuego, ya que cuando fue allanado en su domicilio, los investigadores de la causa le secuestraron un revolver calibre 32.
Tras ser imputados, los acusados obtuvieron la libertad tras acuerdo entre las partes y transitarán la investigación bajo una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva: presentarse cada un mes en sede judicial, fijar domicilio y mantener una distancia de 300 metros de la Legislatura.
La causa continuará abierta, y la Fiscalía no descartará nuevas imputaciones. Según las fiscales, se están identificando a otros manifestantes involucrados en los hechos del 12 de septiembre. "Hay más personas a las que ya pudimos identificar mediante las pruebas, y procederemos conforme lo requiera la investigación", afirmó Urquiza.
Mientras las Fiscales sostienen que el accionar policial fue correcto y respetuoso de los derechos de los manifestantes, desde los gremios ven la situación se ve de otra manera. Según Juan Pablo Casiello, uno de los referentes gremiales presentes en las inmediaciones del tribunal, calificó la liberación de los imputados como un "triunfo" y denunció una "persecución de la protesta social". "Es insólito que se impute a nuestros compañeros por protestar en defensa de sus derechos", declaró Casiello.
Por su parte, las fiscales rechazaron las acusaciones de abusos por parte de las fuerzas de seguridad y afirmaron que no hubo violencia excesiva en los procedimientos.
Los incidentes que derivaron en la imputación de los seis sindicalistas ocurrieron el pasado 12 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó la reforma jubilatoria. Durante la sesión, se produjo una concentración masiva en las afueras de la Legislatura, con la presencia de gremios y manifestantes que se oponían a la medida.
Ahora, con las imputaciones en marcha, el proceso judicial busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
A medida que avanzaba la sesión, la tensión en las calles aumentó, y un grupo de manifestantes rompió la puerta principal del edificio y arrojó piedras y palos. La policía, que ya había reforzado la seguridad en la zona, respondió con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La situación se descontroló, y las imágenes de los disturbios recorrieron los medios locales.
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