Discapacidad: advierten que los aranceles cubren entre el 50% y 60% del costo real de las prestaciones
Desde Uendisfe advirtieron que los valores fijados por Nación están lejos de los costos reales y alertaron por la situación de instituciones y prestadores.
Mientras se pide por la prórroga de la emergencia en discapacidad, continúa la preocupación por el futuro de las prestaciones.
El Gobierno nacional oficializó una actualización del 1,7% en los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad, pero desde la Unión de Entidades para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Uendisfe) advierten que los valores continúan lejos de los costos que afrontan instituciones y prestadores.
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Gabriela Ortolochipi, referente de Uendisfe, explicó en una entrevista con el programa "6 AM", por AIRE, que la actualización responde al mecanismo establecido para ajustar los valores de acuerdo con la inflación de meses anteriores.
“Lo último que salió publicado es un aumento a las prestaciones del 1,7%, que es algo que ya está previsto y que se refiere a incrementos en función del IPC de dos meses anteriores”, señaló.
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Y agregó: “Este incremento es una de las pocas cosas que se está cumpliendo”, sostuvo Ortolochipi sobre la legislación vigente.
Sin embargo, la referente sostuvo que el problema de fondo continúa siendo la diferencia entre los aranceles reconocidos y el costo efectivo de brindar las prestaciones. “En este momento el valor de las prestaciones que ha sido fijado por Nación cubre entre un 50 y un 60% del costo real”, aseguró Ortolochipi.
Discapacidad: la preocupación por instituciones, profesionales y transportistas
La situación alcanza a un amplio abanico de servicios destinados a personas con discapacidad: centros de día, centros educativos terapéuticos, profesionales, hogares y transporte, entre otras prestaciones.
Actualmente, explicó Ortolochipi, existe un nomenclador nacional que establece valores para esas prestaciones y los financiadores —como obras sociales, PAMI y programas de cobertura— abonan al prestador correspondiente.
En ese contexto, desde Uendisfe advierten que las dificultades económicas acumuladas pueden comprometer la continuidad de instituciones y servicios.
“Va empeorando cada vez más la situación”, sostuvo Ortolochipi. También puso como ejemplo a los transportistas, que “ya vienen sufriendo hace muchísimo el impacto de lo que implica los costos de combustible y demás”.
La referente planteó que una interrupción de esos servicios puede terminar repercutiendo directamente sobre las personas con discapacidad. “Si la persona no tiene manera de trasladarse, tampoco va a poder acceder”, remarcó.
El futuro de las prestaciones y la emergencia en discapacidad
La Cámara de Diputados tiene en tratamiento un proyecto para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia nacional en discapacidad, establecida por la Ley 27.793. Para Uendisfe, la extensión cobra especial importancia ante los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, que generaron preocupación entre entidades y prestadores.
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Entre los puntos cuestionados aparece una modificación del actual sistema de prestaciones básicas, que podría dejar atrás el esquema de valores universales del nomenclador y abrir una mayor negociación entre financiadores —como obras sociales— y prestadores. También se plantean cambios en las pensiones no contributivas, con un regreso al esquema vinculado a la invalidez laboral, además de modificaciones y derogaciones de artículos de la legislación vigente.
Ortolochipi advirtió que esos cambios podrían tener consecuencias concretas sobre el acceso a centros de día, terapias, hogares y transporte. “Es muy probable que sí, porque va a depender de qué financiador tenga, de su sistema de salud”, sostuvo al ser consultada sobre si las prestaciones podrían verse afectadas.
En ese escenario, Uendisfe considera que extender la emergencia durante todo 2027 permitiría preservar el actual marco de protección mientras se discute el futuro del sistema.
“Por eso es tan importante que se apruebe la prórroga”, remarcó Ortolochipi. Y agregó: “Nosotros le pedimos encarecidamente a los legisladores que aprueben la prórroga, cosa de ganar tiempo”.
Uno de los principales temores de las entidades es que las modificaciones terminen generando diferencias en las prestaciones según la cobertura de cada persona. “El dejar de ser una cobertura universal seguramente va a dejar gente afuera”, advirtió la referente de Uendisfe.
La discusión continuará en Diputados, donde las comisiones deberán avanzar sobre la prórroga de la emergencia hasta fines de 2027, en paralelo al debate del Presupuesto y de los cambios propuestos para el sistema de discapacidad.
