“Hay una decisión política de nuestro intendente de haber sacado una ordenanza, la primera en la provincia que realmente prohíbe la actividad. La tenemos hace un año y medio y hemos trabajado fuertemente con esa ordenanza”, explicó el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo. Sin embargo, remarcó que se trata de una herramienta contravencional, con sanciones limitadas, que no logra inhibir conductas que, según señaló, afectan la convivencia urbana.
El pedido al Legislativo y los proyectos en discusión
Ante ese escenario, el Municipio reclama el acompañamiento del Poder Legislativo provincial para avanzar en una ley que brinde un respaldo normativo más amplio. Mastropaolo señaló que existen proyectos en ambas cámaras y que el Ejecutivo local busca articularlos.
“Hay un proyecto presentado por un senador -Ciro Ceisas- y otro en Diputados -Walter Ghione- . Nosotros convocamos a una diputada de nuestro espacio -Ximena García-, que además preside la Comisión de Seguridad, para que sea nuestra voz en el Legislativo provincial”, afirmó.
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Según detalló, uno de los proyectos apunta específicamente a eventos públicos y espectáculos deportivos, mientras que el otro tiene un alcance más general. “Uno va más a situaciones de cancha y eventos, que también es un gran tema. El otro es más integral, más general, y se adecuaría mejor a la realidad de Santa Fe”, explicó. En ese marco, destacó que una eventual ley marco permitiría que cada municipio defina cómo aplicar la normativa según su autonomía: prohibir, restringir o regular la actividad.
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Uno de los puntos centrales del reclamo municipal tiene que ver con las facultades de intervención. “Lo que nos da una ley provincial es el marco normativo para que la policía pueda intervenir y para que el fiscal tenga un elemento legal”, sostuvo Mastropaolo. En ese sentido, advirtió que hoy la respuesta estatal queda rápidamente neutralizada: “Vamos en búsqueda de la situación, el vecino denuncia y a los cinco minutos salen por la misma puerta de la comisaría. Eso es frustrante y no resuelve el conflicto del vecino”.
El funcionario remarcó que la Municipalidad trabaja en conjunto con fuerzas de seguridad y realiza operativos específicos, pero insistió en que “el recurso legislativo es muy escaso” y que las multas previstas por la ordenanza no resultan suficientes para disuadir conductas reiteradas o violentas.
Entre lo punitivo y lo social: programas para cuidacoches
Mastropaolo subrayó que la postura del Municipio no se limita a una respuesta punitiva. “Esto no es únicamente restrictivo. Tenemos un programa que incorporó al trabajo a más de 104 cuidacoches”, afirmó, y planteó que el objetivo es avanzar hacia una convivencia urbana sin coacciones. “Queremos que el vecino pueda salir a disfrutar, ir a un bar o a un restaurante sin ningún tipo de presión”, señaló.
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Desde esa mirada, el funcionario sostuvo que el abordaje debe ser integral: social, normativo y operativo. “No queremos llegar a situaciones extremas ni a conflictos interpersonales. Queremos empezar a resolver el tema”, dijo, y cerró con una definición que resume el planteo del Ejecutivo local: “La gran pregunta es si hoy tenemos las herramientas para hacerlo. Y esa es una discusión que tenemos que resolver entre todos”.
