Este jueves, inquilinos de Santa Fe se manifestarán con un cacerolazo en respuesta a las más de 600 modificaciones anunciadas por el presidente Javier Milei en su discurso de DNU. Más allá de discusiones políticas, el enfoque se centra en las repercusiones concretas que estas medidas traerán, particularmente en el acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos.
Los inquilinos de la ciudad de Santa Fe se manifestarán este jueves con un cacerolazo en rechazo al DNU del presidente Javier Milei. La iniciativa se replicará en Rosario.
Télam / Raúl FerrariUna de las principales preocupaciones radica en la derogación de la ley de alquileres y de tierras, afecta a quienes buscan acceder a una vivienda digna. Según declaraciones de representantes del sector, la ausencia de marcos regulatorios y protecciones legales genera una situación desigual y perjudicial para quienes alquilan.
"La realidad es que sin una ley que brinde protección, la situación empeora considerablemente para los inquilinos. No se trata de confrontar a propietarios con suerte, sino de evitar una mayor concentración en el mercado inmobiliario, dejando el control en manos de grandes inmobiliarias", explicó uno de los manifestantes.
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La manifestación busca defender el derecho de los inquilinos y el acceso a una vivienda propia, destacando que la derogación de estas leyes podría llevar a una situación aún más complicada para quienes buscan alquilar. Se teme que las grandes inmobiliarias puedan imponer precios y reglas sin considerar la situación real de quienes buscan un techo.
"Esto no solo atañe a los inquilinos, sino que afecta directamente a la constitución misma. El decreto, desde nuestro punto de vista, es anticonstitucional y es crucial tomar acción para proteger nuestros derechos fundamentales", agregaron desde la organización del cacerolazo.
La protesta tiene como objetivo no solo resguardar los intereses de los inquilinos, sino también impulsar una reflexión sobre la importancia de políticas que aseguren un acceso justo y equitativo a la vivienda, en línea con los principios constitucionales de justicia y protección de los ciudadanos.
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