El caso Garrafa dejó una herida abierta en Santa Fe. No solo por la muerte de un perro querido, sino porque expuso una forma de convivir que, cuando falla, termina en tragedia. Este jueves 5 de febrero, en el programa Ahora Vengo, Pablo Ortiz, director del Imusa, plasmó en palabras ese dolor y fue contundente: “Esto no fue un accidente, fue negligencia”.
La imagen de Garrafa, el perro callejero que acompañaba la vida cotidiana de estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, volvió una y otra vez durante la entrevista. Ortiz lo dijo sin rodeos: “Veo la foto y se me hace un nudo en la garganta”. Y explicó por qué duele tanto: porque se podía evitar.
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Para el funcionario, el punto central no es la raza ni el tamaño del animal. Lo repitió varias veces: no importa si es grande o chico, todos los perros deben circular con correa, y los de talla grande también con bozal. La ordenanza no distingue y la responsabilidad es siempre humana. “El perro no razona, nosotros sí”, afirmó, y pidió dejar de estigmatizar. No es el animal, es la conducta del tutor.
Ortiz detalló que el municipio actuó a partir de una denuncia ingresada por el 0800. El hecho se viralizó rápidamente y, con ese respaldo, personal del IMUSA y agentes de control se presentaron en el domicilio del tutor. Allí se labró un acta de infracción. Reconoció que el encuentro no fue sencillo, pero remarcó que el Estado debía estar presente.
Durante la charla, explicó que el animal involucrado circulaba sin las medidas de seguridad obligatorias, no estaba registrado y no tenía la vacuna antirrábica anual al día. En ese contexto, volvió a insistir en que no se trató de una fatalidad imprevisible. “Si hubiese tenido correa y bozal, no estaríamos hablando de esto”, sostuvo.
En paralelo, Ortiz confirmó que existe una denuncia penal y que la causa quedó en manos de la fiscal María Laura Martí. Mientras tanto, el proceso administrativo seguirá su curso en el Tribunal de Faltas, que será el encargado de definir la sanción.
El director del IMUSA fue claro sobre lo que el municipio busca: una sanción ejemplificadora. No solo una multa económica, sino también una medida que genere conciencia. En ese sentido, propuso que el tutor realice tareas comunitarias vinculadas a la tenencia responsable y participe en charlas educativas contando lo ocurrido. “Tenemos que aprender de estos errores como sociedad”, dijo.
A lo largo de la entrevista, el caso Garrafa se transformó en algo más que un expediente. Ortiz habló de situaciones cotidianas, de perros sueltos en plazas y costaneras, de personas que piden que se cumpla la norma y terminan siendo agredidas. Respaldó a quienes denuncian y sostuvo que ese es el único camino para evitar tragedias mayores. “Hoy fue Garrafa. Mañana puede ser un nene”, advirtió.
También adelantó que el municipio trabaja en un programa que se lanzará en marzo, enfocado en mejorar la convivencia. Incluirá charlas de educación, talleres sobre conducta animal y un sistema de identificación mediante microchips para perros que tengan denuncias o que, por su contextura, requieran mayor control. Pero volvió a marcar un límite: ninguna herramienta sirve sin compromiso ciudadano.
En el cierre, Ortiz regresó a la frase que atravesó toda la conversación y que resume el impacto del caso. “No tiene que haber más Garrafa”. No como consigna vacía, sino como advertencia. Porque, en definitiva, la seguridad en los espacios públicos no depende de los animales, sino de las decisiones de quienes los llevan de la correa… o eligen no hacerlo.
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