El asentamiento irregular establecido entre barrio El Pozo y la playa recibió este martes a integrantes de la Secretaría de Hábitat de la provincia y la Agencia de Hábitat de la ciudad de Santa Fe, quienes realizaron un relevamiento conjunto para conocer la cantidad de personas que viven en el lugar. Se registró un total de 68 familias asentadas: 57 en Los Alisos y 11 en los cañaverales cercanos. La idea es iniciar un proceso de reubicación de los grupos familiares debido a que la zona que ocupan es inundable y, por lo tanto, no apta para ser habitada.
Barrio El Pozo: buscan reubicar a las familias que habitan Los Alisos y el cañaveral
Este martes se realizó un relevamiento conjunto entre la Secretaría de Hábitat de la provincia y la Agencia de Hábitat del municipio santafesino. La intervención es el punto de partida para reubicar a las familias instaladas en zonas inapropiadas para habitar.
23 de febrero de 2021 - 10:29
El Secretario de Hábitat, Vivienda y Urbanismo de la provincia de Santa Fe, Amado Zorzón accedió a una entrevista con Aire Digital y explicó que es una decisión política del gobernador Omar Perotti con la intervención de la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana llevar adelante la reubicación de las familias. Aquellos que estén en condiciones de instalarse en casa de familiares lo harán y a quienes no tengan un lugar donde establecerse se los asistirá para que puedan acceder una vivienda.
"Hace un tiempo se colocó una casilla para la policía y se organizó el trabajo de intervención con el objeto de que cese la instalación de personas en la zona. Con el relevamiento realizado este martes se pudo corroborar que el número de habitantes informales se mantuvo, es decir que no hubo más personas que decidieron instalarse en el barrio Los Alisos", explicó Zorzón.
Con respecto al futuro de las 68 familias que viven en la zona de playa, el funcionario explicó que se procederá del mismo modo en que se intervino con las familias que tomaron los terrenos en febrero del 2020 en la zona de 9 de Julio, 4 de Enero, Azcuénaga y Matheu, donde los agentes de Gendarmería y de la Policía de Santa Fe intervinieron para efectuar el desalojo en coordinación con personal de los ministerios de Seguridad, Infraestructura, Desarrollo Social, la Secretaría de Derechos Humanos e integrantes de la Municipalidad de Santa Fe.
"La idea es intervenir al igual que se lo hizo en el barrio Transporte donde a través de los diferentes organismos se tuvo presente el derecho a la vivienda. A partir de esa premisa se verá la posibilidad de reubicar las familias en algún predio familiar y luego se procederá a evaluar la situación del remanente. Nosotros venimos manejando alternativas ya, pero lleva su tiempo. Luego hay que darle utilidad da ese terreno de El Pozo que es parte de la playa", concluyó Zorzón y agregó que esta semana habrá diferentes reuniones de planificación.
Febrero del 2020: usurpaciones de terrenos públicos y posterior desalojo en el barrio Transporte
Las usurpaciones en terrenos públicos comenzaron los primeros días de febrero del 2020 cuando un grupo de 40 vecinos de barrio La Esmeralda tomó un territorio de Vialidad Nacional ubicado en 1° de Mayo al 8200. A los días el número de ocupantes había crecido a 80 personas. Los terrenos ocupados por carpas y refugios estaban delimitados por calles Matheu, 9 de Julio, Azcuénaga y 1ro de Mayo. En el cuarto día de toma irregular, el móvil de Aire de Santa Fe corroboró que las tres manzanas fueron tomadas en su totalidad. El censo arrojó un total de 162 familias instaladas de modo irregular. Luego se inició el proceso de desalojo de modo progresivo y pacífico, según anunciaron los funcionarios municipales.
Cuatro camionetas de Gendarmería, personal de la Guardia de Infantería , móviles de la Guardia de Seguridad Institucional y del GOE están apostados en la zona.
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Llegaron funcionarios locales encabezados por la directora de la Agencia de Hábitat de la Municipalidad de Santa Fe, Paola Pallero y estuvieron representantes del gobierno provincial. Estuvieron reunidos en el CIC de Facundo Zuviría. Al término del encuentro Pallero hizo una cronología desde el momento en que se comenzó con la toma en que de modo pacífico -según aclaró- se procede a dialogar con los representantes de las familias que quedan en el lugar ( recordemos que son 162 las censadas) ya que algunos tomaron la determinación de retirarse de modo voluntario.
Mariano Granato, a cargo de la secretaría de Integración y Economía Social en diálogo con la prensa habló de sospechas respecto de una organización detrás de la toma: "Todo hace pensar que hay un nivel de organización detrás pero no estamos en condiciones de asegurarlo".
Al momento de ser consultado por las demoras en la toma de decisiones para proceder al despeje de los terrenos, el funcionario responsabilizó al Estado Nacional, "las dilaciones no fueron otra cosa que la burocracia del Estado".
El funcionario explicó la modalidad del operativo que consiste en una intervención perimetral de las fuerzas de seguridad.
"La primera medida es tratar de darle un mensaje claro a las familias para que entiendan que no la toma no es el camino correcto. Las fuerzas de seguridad pública tienen que detener la acción de un delito".
Ocho meses después, en octubre del 2020, se reubicaron 15 familias que aún ocupaban el predio y ya no quedaron asentamientos en el lugar. Así lo confirmó Aire de Santa Fe en una recorrida por la zona de barrio Transporte, detrás del CIC de Facundo Zuviría, que permanecía ocupada desde febrero de este año.
