Las aplicaciones de viajes y el servicio en moto que prestan, actualmente prohibido en Santa Fe, otra vez en la agenda pública y política de la ciudad.
Las aplicaciones de viajes en Santa Fe, otra vez en el debate público.
El accidente fatal que se cobró la vida de Joaquín Ignacio Serra, joven de 22 años que viajaba en Uber Moto reabrió el debate en la ciudad de Santa Fe por el funcionamiento y la regulación de las aplicaciones de viajes.
El caso de Serra no es uno más, se trata de la primera muerte de un santafesino que viajaba en un servicio no autorizado por la Municipalidad de Santa Fe.
El triste hecho ocurrió el domingo 13 de julio, en inmediaciones de Castelli y Lamadrid, norte de la ciudad, cuando una camioneta chocó con la moto que Serra había contratado minutos antes a través de la aplicación de Uber.
Por su parte, Pablo Budiño, el conductor de la moto, sufrió múltiples lesiones y continúa internado en grave estado el Hospital Cullen. Él y el conductor de la camioneta, Cesar Ojeda, fueron imputados por la justicia como coautores de homicidio culposo. El combo se completa con otro dato llamativo: ambos dieron positivo en el narcotest por cocaína.
Desde octubre del 2024, cuando el Concejo de Santa Fe sancionó la Ordenanza 12.991, las aplicaciones de viajes están reguladas en la ciudad. El texto, enviado por el Ejecutivo, debatido y discutido entre los ediles y otros actores de la sociedad, fijó los requisitos para las empresas y choferes que prestan el servicio.
Entre varias cuestiones, el texto dejó establecidos los plazos para que las empresas puedan cumplimentar los trámites de registro ante la Municipalidad de Santa Fe. Dicho tiempo, luego de ser prorrogado en marzo por noventa días, vence a finales de julio. Mientras las empresas locales se pusieron en regla, todavía resta que lo hagan las dos más populares entre los usuarios: Uber y DiDi.
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“Cuando regrese el sábado tomaremos el tema que nos ocupa, se trata de ver qué se hizo en otros lados y no esconder la cabeza debajo de la tierra. Las aplicaciones son una realidad y queremos ver cómo compiten con taxistas y remiseros, peor es no ocuparnos”, afirmó el intendente Juan Pablo Poletti en una entrevista con AIRE, desde Portugal.
De acuerdo a la Ordenanza, el servicio de viajes en motos está prohibido. El texto lo dice claramente: "Queda excluida la actividad de traslado, comercial, habitual y oneroso de personas por medio de motovehículos, cualquiera sea el modo de concertación del viaje".
Sin embargo, una cosa es lo que dicen los textos y otra, bien distinta lo que ocurre en la realidad. El servicio de viajes en motos es uno de los más elegidos: es rápido y económico, aseguran quienes lo utilizan. Además, una salida laboral o una fuente de ingresos extras.
Entonces, qué hacer: ¿puede el Estado municipal impedir su uso?, ¿está en condiciones de sostener la prohibición mediante los controles?, ¿debe acaso volver sobre sus pasos y modernizar una ordenanza recientemente sancionada?.
A principios de mayo, en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad municipal, Sebastián Mastropaolo, alertó sobre la utilización del servicio de viajes en moto, recordó que estaba prohibido y agregó: “Cualquiera que quiera asumir el riesgo -de tomar un viaje en moto de una app aún no inscripta, y por tanto ilegal- será bajo su responsabilidad", indicó enfáticamente y prometió mayores controles. "No podemos resguardar la integridad física del vecino; pero sí vamos a secuestrar ese vehículo (ilegal)”
La muerte de Joaquín Ignacio Serra, joven de 22 años que viajaba en Uber Moto, aplicación todavía no registrada y servicio prohibido, reabrió el debate en la ciudad de Santa Fe, pero principalmente evidenció, otra vez, los límites e (in) capacidades del propio Estado.
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