El derecho, la política y las sociedades debaten hace siglos sobre cómo proceder en casos como el que el jueves pasado protagonizó Diego Claudiano, acusado de matar con su camioneta a los dos ladrones a los que persiguió a lo largo de siete cuadras después de que le robaran la mochila con la que portaba 2 mil dólares.
El aspecto que dispara la polémica es la decisión de dejarlo en prisión preventiva por 60 días. Si bien técnicamente el robo y el doble homicidio son considerados dos hechos a investigar por separado, se reclama a fiscal y juez que al momento de analizar la reacción del muchacho de 25 años y su fatal desenlace, no lo escindan del acontecimiento inicial, es decir del robo ocurrido entre 7 y 10 minutos antes. En esa línea argumental, el hecho de haber sido víctima antes que victimario debería contemplarse como un atenuante.
En la audiencia imputativa no quedaron dudas de que el joven los persiguió al mando de su camioneta. El video es esclarecedor: la moto de los ladrones sube a la vereda para evadir a la camioneta que estaba a punto de alcanzarlo y, en un “actuar decidido” según las palabras del fiscal, Claudiano los sigue sin desacelerar y los embiste desde atrás, los pasa por encima y se estrella contra un árbol, con la suerte de que en ese ajustado sendero, flanqueado por el frente de las viviendas de un lado y los árboles del otro, no había nadie ni nadie salía de su casa, lo cual hubiera agrandado la tragedia.
Resulta importante esa grabación porque fue determinante para el encuadre penal del caso. El fiscal Patricio Saldutti expresó con toda claridad: la gravedad del hecho y la contundencia de la evidencia preliminar reunida hasta ese momento no le permitían considerar otra figura que no sea la de homicidio simple.
El abogado defensor Pablo Rajmil esgrimió un abanico de opciones, entre figuras jurídicas y atenuantes: exceso de legítima defensa, emoción violenta, homicidio culposo, conducción imprudente o negligente. En el debate público posterior, voces del ámbito jurídico pusieron a rodar la figura de homicidio preterintencional (aquel en que la intención no era matar a la persona).
El juez Román Lanzón se inclinó por el encuadre que propuso el fiscal después de valorar la evidencia aportada por una y otra parte.
El paso siguiente fue determinar en qué condiciones debía transitar el proceso penal el acusado. Si habría prisión preventiva o no. Y ahí es donde se abre un escenario de interpretaciones en el que se entrelazan las cuestiones objetivas establecidas en las leyes y las subjetivas del caso bajo análisis.
Para quienes estaban afuera del Centro de Justicia Penal mientras se desarrollaba la audiencia –familiares, amigos, vecinos– pesa más lo subjetivo. Una madre desgarrada en llanto porque no cabe en su cabeza la posibilidad de que su hijo esté preso. Manifestantes indignados que claman por la liberación del joven y le exigen a la Justicia razonar como ellos: el que está detenido es una víctima y no un delincuente. Argumentan desde el “sentido común”, los moviliza lo emocional y lo afectivo antes que lo objetivo, así como la empatía con el dolor de la familia por la tragedia que “arruinó su vida” en un abrir y cerrar de ojos, a partir de un hecho que él no buscó ni provocó, sino del que fue víctima.
Paredes adentro del tribunal, la obligación de todas las partes es sopesar las complejidades del caso. Antes de que el juez Román Lanzón aceptara la prisión preventiva que propuso el fiscal, se dirigió a Diego. Le manifestó que comprendía la situación por la que estaba pasando, que también él se sentía “afligido por la ausencia de políticas públicas eficaces para resolver los problemas de seguridad”, pero refiriéndose a lo objetivo del caso, consideró que la filmación del hecho lo muestra como un conductor decidido, en el que “no hay dudas” sobre el fin que perseguía al atropellarlos, que la evidencia es “sumamente contundente para esta primera etapa”, que se trata de un hecho muy grave y que no puede justificar “determinados comportamientos, también ilegales, que afectan el orden jurídico y la convivencia pacífica” en la sociedad. Sin embargo dejó abierta una puerta, al igual que el fiscal, en cuanto a que falta completar pericias y que la defensa aporte sus pruebas que respalden lo que hasta aquí consideró “un relato argumentativo”.
El juez rechazó las medidas alternativas o atenuadas que solicitó la defensa y en cambio aceptó la prisión preventiva que pidió la fiscalía. Tuvo en cuenta dos aspectos centrales para esa decisión: la expectativa de una pena alta en relación a la figura penal imputada (homicidio simple, prevé un mínimo de 8 años de encierro y 25 de máxima) y el riesgo de fuga.
Es decir, si se considera que existe evidencia “sumamente contundente” de un homicidio simple, en cualquier caso salvo las mínimas excepcionalidades establecidas en el artículo 10 del Código Penal, corresponde la prisión preventiva. Esto es lo que diariamente deciden los jueces penales ante imputaciones por homicidio simple. Acá se les pedía que hicieran al revés de lo que la opinión pública y los “ciudadanos comunes” solemos reclamar cuando llevan adelante del juez a alguien con semejante imputación. Y para eso –se sostiene– no puede escindirse el robo que originó los hechos del resultado final.
Con respecto al riesgo de fuga, quienes reclaman por la liberación dan por sentado que Claudiano no intentará fugarse a pesar de enfrentar la posibilidad de un mínimo de 8 años en prisión.
Este fue el punto más dramático para los afectos y cercanos al acusado, pero a la hora de repasar las circunstancias objetivas la interpretación de su situación tiene pliegos de mayor complejidad. ¿Quién le garantiza al juez, el fiscal, a los familiares de los muertos que también reclaman sanción y a la sociedad en general que no se fugará? El hecho de que sea un joven que sus familiares describen como trabajador, con arraigo y sin antecedentes penales no es razón por sí misma para depositar esa confianza. Hay una historia que ilustra sobre este punto.
La noche del 2 de marzo de 1997 un joven de clase media llamado Sebastián Pira, residente en el centro y por entonces de 21 años, condujo un Ford Galaxy a alta velocidad por calle Salta y en la intersección con bulevar Oroño atropelló a dos chicas que cruzaban a pie: Daniela Caruso, de 16 años, y María Celeste Haiek, de 22. Es un caso emblemático para la ciudad de Rosario y quien quiera profundizar en la historia puede hacerlo aquí (https://www.elciudadanoweb.com/caso-pira-la-historia-del-hombre-que-aun-llora-la-muerte-de-su-hija/). Fue emblemático por la tragedia, pero sobre todo porque cuando la Justicia le concedió la posibilidad de transitar el proceso penal en libertad, Pira se profugó del país. Y permaneció en esa condición por más de dos décadas, hasta que la persecución penal prescribió. Nunca lo encontraron. O mejor dicho Interpol lo encontró en Holanda pero inexplicablemente también se fugó.
Argentina es un país, como todos saben, donde son innumerables los profugados, y no necesariamente se trata de personas con capacidad económica para salir del país. Si el hecho de que Claudiano tenga que pasar 60 días detenido en condiciones especiales como las que solicitó su abogado provoca el entendible dolor de sus afectos, cómo imaginar la expectativa concreta de tener que pasar entre 8 y 25 años en una cárcel común.
A favor de Diego Claudiano cuenta una serie de datos que el abogado defensor explicitó en la audiencia imputativa. Después estrellarse contra el árbol, el muchacho bajó y no fue en busca de los ladrones ni del dinero que le habían robado. Simplemente le pidió a la primera vecina que se acercó que llamara una ambulancia, cruzó de vereda y aceptó ingresar a la vivienda donde le limpiaron el hilo de sangre en la frente. “Qué hice, qué hice”, contó una testigo que se lamentaba el muchacho.
Sumemos complejidades. Un aspecto es lo que pasa con los afectos y una ciudadanía hastiada de inseguridad, y otra cuando se suma un aprovechamiento político de estas tragedias.
Juntos por el Cambio se lo apropió como tema de agenda y salió en bloque a posicionarse como representante de la mano blanda con la justicia por mano propia. Involucró desde concejales hasta la presidenta del partido a nivel nacional Patricia Bullrich.
El PRO tiene un problema: cada vez le es más difícil igualar el discurso de mano dura de Gómez Centurión, que directamente posa con armas y se filma disparando, al tiempo que promete “armar al ciudadano para desarmar a los delincuentes”, en un intento por importar la receta de la derecha nacionalista estadounidense y convertir la sociedad en una especie de far west donde la justicia descansa en el individuo.
El diputado nacional Federico Angelini usó Twitter para posicionarse en torno al caso, pero a pesar de que es muy escasa la cantidad de caracteres disponibles incurrió en al menos dos yerros. Calificó la decisión del juez Lanzón y el fiscal Saldutti como “justicia zaffaroniana” (por el contrario, a Zaffaroni se lo suele caricaturizar por poner en cuestionamiento el encierro) y afirmó que como los ladrones “tenían antecedentes, debían estar presos”. Es de suponer que opinó en su condición de Licenciado en Sistemas.
Con otra solidez argumentativa, el senador radical por General López Lisandro Enrico interpretó que “Diego está en un lugar en el que lo puso otro (por los ladrones)” y que “las leyes deben ser aplicadas en el marco de la dimensión social y el contexto de una nación que padece una epidemia de violencia y robos”. “La prisión preventiva debe ser aplicada a los delincuentes habituales o a quien intenta evadirse”. Dicho de esa forma es una cosa, pero por estas horas no faltaron quienes recordaron que el senador defendió a capa y espada para que no sea destituido al fiscal Mauro Blanco de Venado Tuerto (finalmente fue sancionado). Escuchas judiciales federales lo expusieron en escandalosa connivencia por medio de conversaciones, visitas al domicilio e intercambio de información con el distribuidor narco David Roldán.
El vicepresidente del Colegio de Magistrados de Rosario, Gustavo Salvador, se mostró molesto por este tipo de intervenciones. “Una cosa es que los magistrados estemos expuestos como todos a la crítica de la sociedad, pero un flaco favor a la institucionalidad y a una convivencia pacífica hace que desde la política se arengue a escrachar y publicar direcciones de fiscales y jueces”.
Salvador explicó lo elemental: la prisión preventiva no es una condena. Y reiteró que el caso Claudiano está en la etapa preliminar y que seguramente un tribunal de cámara deberá revisar el caso porque la defensa apelará la prisión preventiva.
Como juez, se excusó de opinar ya que podría ser uno de los magistrados a los que en el futuro le toque intervenir en el caso, pero en su condición de dirigente gremial admitió que entre los magistrados “molesta cierto aprovechamiento político de estos casos” y sobre todo “ver a los mismos legisladores que acotaron de tal manera la prisión domiciliaria, restringiéndola sólo para las situaciones excepcionalísimas que fija el artículo 10 del Código Penal, que ahora piden medidas alternativas o prisión domiciliaria”.
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