domingo 15 de diciembre de 2019

Policiales | Rosario |

Investigan al fiscal que instruyó el legajo que permitió la domiciliaria de "Ema Pimpi" Sandoval, condenado por atentar contra la casa de Bonfatti

La Auditoría General abrió una "investigación disciplinaria". El único condenado por el atentado al exgobernador fue asesinado el 25 de octubre mientras gozaba del beneficio de prisión preventiva domiciliaria, que podría haber estado mal otorgado.

La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe abrió una investigación disciplinaria para determinar si el fiscal de la unidad de Homicidios Dolosos de Rosario Adrián Spelta cometió faltas graves en la tramitación del legajo que derivó en la prisión preventiva domiciliaria de "Ema Pimpi" Sandoval, el joven que terminó asesinado a balazos dentro de un coqueto chalé del barrio La Florida. Por una cuestión de “coherencia institucional”, el organismo también solicitó que se lo aparte definitivamente de la pesquisa donde "Ema Pimpi" -condenado por orquestar el ataque a balazos a la casa del exgobernador Antonio Bonfatti-, estaba acusado por la tentativa de un triple homicidio junto a su hermano Lucas, quien ahora enfrentará el juicio oral y público en soledad a partir del 10 de diciembre.

Derrotero

Las repercusiones y coletazos por la polémica generada a partir del otorgamiento de la prisión preventiva domiciliaria a Sandoval adquirió un nuevo doblez o matiz que apunta a determinar si el joven era merecedor de ese beneficio, y si el fiscal que instruyó la pesquisa actuó conforme a las normas. Lo cierto es que mientras transitaba la medida cautelar, el joven de 28 años se topó con la muerte la mañana del viernes 25 de octubre pasado, cuando fue acribillado a balazos dentro de la suntuosa casona de barrio La Florida, en Pago Largo al 600.

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Luego, y para agregar un dato más inquietante, se determinó que el dueño de ese inmueble es el juez civil y comercial de Rosario Oscar Puccinelli. En el hecho, del que aún no hay novedades sobre los autores, también murieron Mirco Dylan Saldaño, de 21 años, y Rocío Genovese, de 22 años.

"Ema Pimpi" tenía el pesado antecedente de haber sido condenado a tres años y medio de prisión como instigador de la balacera contra la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti en octubre de 2013. Por ese hecho en 2015 admitió su responsabilidad y firmó la pena en un polémico juicio abreviado, en el cual el extitular de la Casa Gris inesperadamente decidió renunciar a la querella.

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Y aunque ya había purgado parte de la pena y estaba en libertad, los investigadores de los organismos de seguridad provincial no dejaron de seguirle los pasos ante la sospecha de su vinculación con el comercio de estupefacientes en buena parte de la zona norte de Rosario.

El viernes 2 de marzo de 2018 "Ema Pimpi" cayó detenido tras un procedimiento de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en un departamento de Fray Luis Beltrán. Lo habían denunciado por un ataque a balazos a una casa donde se encontraban los primos Juan y Marcos M. y un amigo de ambos, que resultaron con heridas de consideración pero salvaron sus vidas de casualidad. Ese incidente ocurrió el 27 de junio de 2017 en Gallardo y Cavia, cerca de un kiosco de drogas del barrio Parque Casas donde Sandoval se movía a sus anchas y con impunidad, según describieron con temor los vecinos y víctimas de sus tropelías y actos de intimidación armada.

Por el mismo hecho, un mes antes, el 2 de febrero de 2018, había sido detenido su hermano, Lucas Matías Sandoval, de 30 años. Según la hipótesis del fiscal Adrián Spelta, ambos habían participado del ataque a los primos. Por eso en una audiencia celebrada el 5 de marzo de 2018, el fiscal imputó a "Ema Pimpi" por la doble tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego y portación de arma de guerra. La jueza de primera instancia Paula Alvarez le dictó la prisión preventiva efectiva por 45 días. Lucas, en tanto, ya había sido imputado el 4 de febrero por el mismo hecho.

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Adrián Spelta, el fiscal bajo la lupa por la prisión preventiva domiciliaria a Sandoval.

Adrián Spelta, el fiscal bajo la lupa por la prisión preventiva domiciliaria a Sandoval.

Ajuste normativo con instrucción clara

Justamente, en febrero de 2018 se introdujeron cambios en el Código Procesal Penal, que impuso restricciones a los requisitos del otorgamiento de las prisiones domiciliarias. Y se acotaron para personas que padezcan una enfermedad grave que no pueda ser tratadas la cárcel, cuando se constante una patología incurable, que tengan una discapacidad específica, cuando sean mayores de 70 años, o se trate de una mujer embarazada.

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El momento en que retiran el cuerpo de

El momento en que retiran el cuerpo de "Pimpi" Sandoval de la casona donde fue ejecutado.

En agosto de ese año, el fiscal general de la provincia Jorge Baclini bajó una instrucción precisa: ordenó a los fiscales que no acuerden o admitan domiciliarias por fuera de las excepciones establecidas en el Código Procesal Penal. Entonces, el marco normativo era claro, y la instrucción de Baclini no hizo más que reforzarlo.

Pesquisa con vaivenes

Con el vaivén de la pesquisa se produjeron algunos cambios en la hipótesis fiscal contra los hermanos Sandoval. En mayo de 2018 se convocó a otra audiencia con la decisión del juez Mariano Alliau de prorrogar la prisión preventiva por 30 días para los imputados. Al cumplirse ese plazo, en junio, y al revisar la situación cautelar, Spelta y el abogado de Ema, Fausto Yrure, acordaron la detención domiciliaria en una casa de Funes, pero como no había wi-fi, se propuso departamento del Barrio Rucci. Debía colocarse una pulsera electrónica para el monitoreo. En esa instancia intervino el juez Hernán Postma, que autorizó las condiciones de arresto. Para ese momento ya regían las restricciones del Código Procesal Penal.

En la última audiencia Spelta señaló que había aceptado la prisión domiciliaria que dispuso Postma porque la prueba que vinculaba a los hermanos Sandoval debía ser reforzada. A mediados de agosto de 2018 se produjo un antecedente en torno a la causa, cuando Lucas Sandoval rompió la tobillera electrónica y se fugó. Luego fue recapturado el 25 de septiembre.

A Pago Largo

En abril de 2019 el defensor Yrure solicitó una nueva audiencia para pedir el cambio de la prisión atenuada para el domicilio de Pago Largo 654. En esa oportunidad, el abogado indicó que “Ema Pimpi” no estaba cómodo, y que además le exigían desalojar el departamento de barrio Rucci. Spelta se negó porque en el domicilio no había cámaras de seguridad conectadas al 911. Sin embargo, el defensor ofreció colocar los dispositivos a costo de su cliente. Y remarcó que su cliente no había incurrido en ninguna inconducta para ponerle fin a la domiciliaria.

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Rocío Genovese, una de las víctimas asesinadas junto a Emanuel Sandoval.

Rocío Genovese, una de las víctimas asesinadas junto a Emanuel Sandoval.

El fiscal replicó con una negativa, porque para entonces ya tenía la instrucción del fiscal general que la impedía. Sin embargo aceptó mantener al detenido en un ámbito controlado y con tobillera, ya que la ley lo habilitaba. En esa audiencia Spelta presentó la acusación y el pedido de prisión de 11 años para los imputados. El juez Gustavo Pérez de Urrechu autorizó el cambio a la vivienda de Pago Largo con el requisito de verificar las condiciones técnicas del inmueble. Allí es donde finalmente Ema Pimpi fue acribillado la mañana del 25 de octubre.

Por el perfil de la víctima, sus antecedentes, y el espacio donde transitaba el proceso, la causa quedó bajo la lupa. Es que más allá de la fina interpretación de la terminología legal (“prisión preventiva domiciliaria” o “ámbito controlado”) lo cierto es que a pesar del cambio de casa, sostuvo el beneficio de la medida cautelar morigerada. En el procedimiento de esa cuestión medular puso el foco la Auditoría de Gestión del MPA.

De caso testigo al rol puntual del fiscal

Entonces, la Auditoría tomó ese caso como testigo para evaluar la ponderación de las situaciones y condiciones en las que se otorgan las prisiones domiciliarias. El objetivo era revisar el proceso administrativo para brindar mayor transparencia al rol de Fiscalía. Pero luego de un primer repaso de las actuaciones y detectar algunas inconsistencias, ese trámite iniciado hace 20 días desembocó en una concreta investigación que apunta a determinar si el fiscal Spelta no incurrió en faltas graves.

Según pudo confirmar Aire Digital, a raíz de la información recolectada en el caso testigo, el 19 de noviembre la auditora general María Cecilia Vranicich firmó la resolución Nº52 a través de la cual decidió abrirle a Spelta lo que se denomina “investigación disciplinaria”. El objetivo es determinar si incurrió en algún error grave o falta administrativa. “Cuestiones que se deben profundizar” explicó otro vocero consultado.

Este trámite de la Auditoría se circunscribe al legajo de "Ema Pimpi", y no se extiende sobre el trabajo del funcionario en otras pesquisas. Es que de acuerdo a la evaluación que hizo Vranicich de los audios y videos de todas las audiencias, en los sucesivos actos procesales habrían surgido incongruencias, hechos que podrían representar una falta grave de desempeño, principalmente en contravención a la fecha en la cual se otorgó la prisión preventiva domiciliaria, cuando ya estaba vigente la modificación del Código Procesal Penal de febrero de 2018, y a la instrucción de Baclini de agosto del mismo año.

También se trata de desmenuzar la situación de Lucas, que está preso en Piñero a la espera del juicio. Además, y por una cuestión de “coherencia institucional”, la auditora solicitó y propuso el apartamiento del fiscal de la investigación de la tentativa del triple homicidio. Es que puertas adentro del MPA no ven con buenos ojos que, en medio de esta investigación, el funcionario siga al frente de la acusación contra Lucas Sandoval en el juicio oral y público previsto para el 10 de diciembre. Esa sugerencia puede ser tomada por Spelta y apartarse por sí mismo, o queda bajo determinación del fiscal regional, Patricio Serjal.

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La decisión de la auditoría ya fue notificada oficialmente al Spelta, que tiene derecho a realizar su descargo, e incluso proponer pruebas para defender sus decisiones. Tras una evaluación de los hechos se puede decidir el archivo de la investigación o la formulación de cargos. En ese marco también se le corrió traslado tanto a Serjal como a Baclini, y se puso en conocimiento a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

El sistema disciplinario del MPA es tripartito. Las faltas leves dependen del fiscal regional, la graves del regional y se pueden imponer multas económicas o hasta 60 días de suspensión sin goce de sueldo. Las faltas consideradas gravísimas puede desembocar en la remoción o destitución del cargo, algo que se pone a consideración de la Legislatura provincial.

Un último dato que pone de relieve la preocupación que causó el trámite que desembocó en la prisión domiciliaria de Ema Pimpi, es la decisión de la Corte Suprema de abrir una investigación para determinar también el desempeño de los jueces. En ese sentido, Aire de Santa Fe confirmó que el encargado del sumario será el fiscal rosarino Guillermo Corbella. El Tribunal Supremo analiza las decisiones de los distintos jueces para que “Ema Pimpi” accediera a la prisión morigerada, cuando no cumplía con las excepciones previstas. Mucho menos para una persona acusada de un delito grave como una tentativa de triple homicidio.

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