viernes 22 de noviembre de 2019

Policiales |

Revelaron detalles de cómo operaba la banda de los abogados que simulaba accidentes

La jueza Rosana Carrara impuso la prisión preventiva a los tres abogados imputados como organizadores de una asociación ilícita dedicada a simular accidentes de tránsito para estafar a compañías de seguro.

 

Por Andrea Viñuela

Este mediodía se resolvió que los tres abogados sospechados de estafar a compañías de seguros a través de siniestros inexistentes quedaran en prisión preventiva. La audiencia se desarrolló en la sala 2 del subsuelo de tribunales y fue presidida por la jueza Rosana Carrara.

Las fiscales de Delitos Complejos Laura Urquiza y Mariela Jiménez sostuvieron la imputación que pesa sobre Pablo Miranda, Jonatan Acosta y Gabriel Martín como organizadores de la asociación ilícita y coautores de estafas, junto a Carlos Palacios que ya se encuentra en prisión domiciliaria.

En tanto los abogados defensores Néstor, Sebastián y Mariana Oroño, Carlos Chena y Alejandro Otte intentaron poner en crisis la imputación fiscal, rechazaron los hechos atribuidos y solicitaron la libertad de los acusados bajo una serie de medidas alternativas.

Finalmente, tras casi tres horas y media de audiencia, Carrara impuso la prisión preventiva sin plazos para los tres imputados y rechazó la pretensión de los defensores.

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Uno de los domicilios allanados en el marco de la investigación. San Martín al 5900, barrio Mayoraz. Foto: Maiquel Torcatt / Aire Digital

Las fiscales precisaron que los detenidos formaron parte de la banda delictiva “por lo menos desde junio de este año hasta el presente”, con el objetivo de simular accidentes de tránsito de la siguiente manera: alguna persona lesionada era presentada como “víctima” de un siniestro vial, mientras que otra persona propietaria de un vehículo asegurado era quien colisionaba.

Las personas realizaban las denuncias en comisarías, destacamentos policiales o en el Centro Territorial de Denuncias relatando cómo, dónde y cuándo habría ocurrido el supuesto accidente. Funcionarios públicos eran engañados en su buena fe y emitían los documentos que eran presentados en las agencias de seguro para el cobro de la póliza.

En total, se detectaron seis siniestros simulados, denunciados en los meses de julio, agosto y septiembre, todos en la ciudad de Santa Fe.

“Armar la porquería”

La Fiscalía sostuvo la imputación al exponer una serie de comunicaciones telefónicas entre los imputados. La primera conversación fue entre Gabriel Martín y el coimputado como miembro de la organización, Facundo C.:

Miembro: En la semana paso a tomar unos mates.

Organizador: Dale, a ver si armamos alguna porquería.

M: Accidentes de tránsito.

O: Dale.

M: Tengo un amigo que pone la moto, y un lesionado. El tema es que está nuevita la moto, no tiene nada.

O: ¿Ni un rayón?

M: No, vemos si le saca algunas cachas.

O: Esa es buena…

Las fiscales Mariela Jiménez (der.) y María Laura Urquiza (izq.)

En la audiencia imputativa desarrollada el pasado domingo, Jiménez y Urquiza atribuyeron seis hechos similares de accidentes simulados. En todos los hechos la parte lesionada y quien ‘prestaba’ su vehículo asegurado para simular el siniestro eran contactados por los abogados del estudio. En los audios expuestos esta mañana, quedó en evidencia que todas las partes estaban en conocimiento del proceder ilícito.

La conversación entre Martín, Miranda y la coimputada como miembro Rocío M. da cuenta de esto:

O: ¿Cómo viene ese seguro? ¿Al día? ¿Tenés ganas de armar algo?

M: Sí sí, yo fui el otro día y el otro chico Pablo me explicó cómo era, lo de los quemacoches también…

O: Cuando te buscamos para armar uno vos no estabas y lo hicimos con otro, pero ahora lo armamos con vos. Mandanos foto de la tarjeta verde y de tu auto.

 

El “pasadato” del hospital

Con las comunicaciones quedó expuesto también cómo el estudio jurídico se nutría de accidentados o lesionados recientes. Carlos Palacio es empleado del hospital Iturraspe y fue coimputado como organizador de la asociación, junto con los abogados.

En audiencia imputativa expresó que “les traía accidentes reales y cada tanto salía alguno que no era real y lo podíamos armar. Yo cobraba una platita, $1500, $2000 para llevarles accidentes, lesionados”. Si bien Palacio es empleado del Iturraspe, recibía la información de contactos en el hospital Cullen, a donde ingresan los accidentados.

La Fiscalía tiene identificada por lo menos a una persona de la guardia policial, y se intenta determinar si hay más trabajadores de ese nosocomio involucrados.

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Al menos un integrante de la guardia policial del Hospital Cullen identificado en la causa, e intentan determinar si otros trabajadores del nosocomio también formaban parte del mecanismo de estafa.

El traumatólogo, un nombre repetido

Esta mañana, mientras se desarrollaba la audiencia, la fiscal Urquiza precisó que se estaba realizando un allanamiento en el centro de traumatología y ortopedia en el que trabaja un traumatólogo que fue nombrado en una de las conversaciones telefónicas.

El diálogo reproducido en la audiencia se dio entre el organizador Miranda y el coimputado como miembro Rodrigo G. Según se expuso, el traumatólogo le explicaba cómo debía denunciar que se había producido el siniestro para que sea creíble el testimonio que detallaba cómo se había ocasionado la lesión.

En diálogo con el móvil de Aire de Santa Fe y tras finalizar la audiencia, la fiscal Urquiza precisó que al analizar la documentación secuestrada en los allanamientos se pudo determinar que el galeno que constataba las heridas de todos los supuestos accidentados que tramitaba el estudio jurídico era el mismo profesional.

Connivencia policial

Entre los 17 imputados que ya cuenta la investigación, hasta el momento se detectó a un personal policial de la Seccional 5ª, contactado por los abogados para la redacción de una constancia policial falsa, que daba cuenta de uno de los accidentes inexistentes.

Marco Ariel P. fue imputado por el delito de cohecho pasivo y recuperó la libertad el pasado domingo junto con el resto de los coimputados como miembros de la organización.

La Fiscalía presume además de la posible participación similar de más funcionarios de la fuerza, ya que también se han detectado situaciones similares en la Seccional 10ª y 9ª.

Sargento Cabral

Un efectivo de la Comisaría Seccional 5ª fue imputado por el delito de cohecho pasivo: sería quien labró un acta policial falsa sobre uno de los accidentes simulados.

Los argumentos de la Defensa para rechazar las imputaciones

Los abogados defensores Néstor, Sebastián y Mariana Oroño, Carlos Chena y Alejandro Otte intentaron poner en crisis la imputación de la Fiscalía. Los letrados rechazaron los hechos endilgados y solicitaron la libertad de los imputados.

Primero, Sebastián Oroño cuestionó la imputación de los acusados como “organizadores de la asociación ilícita”. Para el defensor no se encuentra acreditada esa figura, y manifestó que se atribuía el carácter de organizadores para agravar la pena y solicitar la detención.

Por último intentó persuadir a la magistrada al argumentar sobre la “degradación de la profesión a los ojos de la sociedad de mantener detenidos a tres abogados, más allá del delito atribuido”.

Oroño intentó mejorar la situación de su defendido al decir que, de darse por acreditada la asociación ilícita, en realidad sería en calidad de miembro, y los hoy imputados como miembros serían partícipes eventuales.

A continuación Néstor Oroño cuestionó la imputación por estafa. Para el letrado no se ha precisado si la maniobra se concretó, si llegaron a presentarse los reclamos de los seis hechos atribuidos y si las compañías de seguro efectivamente pagaron las pólizas.

Por último Alejandro Otte adhirió a los planteos realizados por el resto de los defensores e hizo hincapié a que en los audios proyectados no se hace referencia a ninguna suma de dinero.

 

El insólito origen de una causa inesperada

Al iniciar la audiencia, las fiscales precisaron de qué manera se originó la presente investigación. Una mujer, única testigo del homicidio de su pareja, denunció que la familia del imputado la estaba amenazando para que cambie su declaración. Al acceder por temor a ese pedido, la hermana del imputado le expresó que “los abogados la iban a acompañar a hablar con el fiscal”.

A raíz de esa causa se realizó la intervención telefónica de Gabriel Martín. En una de esas escuchas, se detectó la conversación entre Martín y Facundo C. para “armar la porquería”.

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