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Radiografía de la desigualdad de género en los puestos de poder en Santa Fe

La Secretaría de Políticas Sociales (Ministerio de Desarrollo Social), a través de las Subsecretaría de Políticas de Género, de la provincia de Santa Fe relevó los niveles de paridad de género que existen en los tres poderes del Estado provincial y creó un Índice de Participación de Mujeres (IPM).

El informe que realizó y publicó en agosto la secretaría relevó que en los puestos de mayor jerarquía de los tres poderes del Estado de la provincia el IPM era, a diciembre de 2016, de un 34,4 %. Esto equivale a 365 cargos de decisión sobre un universo de 1.069.

El más inequitativo de los tres es el Ejecutivo con un IPM del 27,4%, seguido por el Legislativo 27,5%. El más paritario—siempre referido a cantidad de personal no así en espacios de decisión—es el Poder Judicial con una participación de mujeres del 41,6%. Pese a eso, dicho porcentaje no subsana la histórica falta de perspectiva de género  que muestra la justicia al abordar las problemáticas que tienen como víctimas a las mujeres.

Las dos máximas autoridades del Ejecutivo provincial, el gobernador Miguel Lifschitz y su vice Carlos Fascendini, son varones. Lo que se traduce en un IPM del 0% en los dos cargos de mayor jerarquía de la administración pública santafesina.

De los 14 Ministerios que sostienen al Ejecutivo, doce están liderados por varones y sólo dos por mujeres: Educación (Claudia Balagué) e Innovación y Cultura (Chiqui González). En términos porcentuales esto equivale a un IPM del 14% que asciende a 17.6% si se agregan las Secretarías de Estado.

Si se desagregan los datos las mujeres ocupan tareas y funciones culturalmente estereotipadas como femeninas. Ejemplo: cuidado, educación y cultura. A tal punto es así que los índices de mayor paridad se encuentran repartidos entre los ministerios de Educación (55,3%), Salud (45%), Innovación y Cultura (43%) y Desarrollo Social (34%).

Los ministerios con menor poder de decisión para las mujeres son: Infraestructura (7.89%), Seguridad (12,2%), Medio Ambiente (12.5%), Trabajo y Seguridad Social (13.6%) y Economía (16.6%).


Si se lleva los porcentajes a números concretos da como resultado que de 491 puestos de decisión en el Poder Ejecutivo sólo 135 son liderados por mujeres.


Si bien el judicial se presenta como el más equitativo de los tres poderes, su órgano rector, la Corte Suprema provincial, es la institución en la que la mujer se encuentra más visiblemente subrepresentada.

De un total de seis Magistrados y un Procurador General, sólo uno es mujer. Esto equivale a un IPM del 14,28%.

Ahora bien ¿cómo se reparten los cargos de mayor influencia al interior del Poder Judicial? Lo que relevó el informe de la Secretaría de Políticas Sociales es que de un total de 507 magistrados y funcionarios públicos judiciales, 211 son mujeres (IPM del 41,6%).

Según datos estadísticos oficiales de 2016, el Poder Judicial en su conjunto reparte cargos laborales en un 54.81% para mujeres frente a un 45.19% de varones (4.295 agentes en toda la provincia).

El IPM promedio entre las Cámaras de Diputados y Senadores es de 27,5%.

De las dos Cámaras la que presenta el nivel más bajo es Senadores con un 5,2%. Lo que traducido a números indica que de 19 representantes, sólo una es mujer: Cristina Berra (PJ), representante por el Departamento San Martín.

La Cámara de Diputados aunque ofrece una composición más equitativa que Senadores, mantiene un IPM del 36%; 14 puntos por debajo si se lo mide con la vara del 50% ideal. El porcentaje actual infiere que de 50 diputados, 18 sean mujeres.

Si al IPM del 36% en Diputados se lo desagrega y se analiza cómo se conforma cada bloque legislativo los porcentajes de equidad al interior de los partidos quedan de la siguiente manera: Frente Progresista Cívico y Social: 35,7% (10 mujeres de 28 legisladores); Cambiemos: 30% (3 de 10); Frente Justicialista: 36,7% (4 de 11) y Frente Social y Popular: 50% (1 de 2).

El hecho de que en Diputados todos los bloques respeten el 30% que establece la Ley 10.802 de Cupo Femenino—Santa Fe, 1992—permite comprender hasta qué punto la norma fue beneficiosa para las mujeres en política.

Pese a ello la problemática de inequidad no desaparece ya que en el actual estadio de lucha de las mujeres por igualdad e inclusión, el cupo del 30% que se pensó como un piso se transformó en un techo. Y así seguirá hasta que no se alcance una ley de paridad integral.

 

Fuente: Rosario3

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